El Supremo pone fin este martes a quince meses de pelea legal por la exhumación de Francisco Franco
El Tribunal Supremo se sienta este martes a deliberar sobre uno de los asuntos estrella de hace dos legislaturas: la exhumación o no de Francisco Franco. La propuesta la arrancó Pedro Sánchez en cuanto ganó la moción de censura, hace quince meses, y después de dos legislaturas de Rajoy en las que se desmanteló el dinero para la memoria histórica. La medida no reparaba el abandono de las víctimas pero era simbólica, porque el Valle es un conjunto monumental público, financiado íntegramente con fondos públicos, y porque mientras la momia del dictador está en un lugar preeminente frente al altar mayor, debajo de él se arrumban 12.000 cuerpos sin nombre en fosas comunes, muchos de ellos de represaliados por el propio general.
El éxtasis para los memorialistas duró poco, porque los nietos de Franco plantaron cara y anunciaron lo que luego ha sido un peloteo legal de casi un año y medio: “No vamos a facilitar que jueguen con la momia de mi abuelo”, declaraba el nieto mayor, Francis Franco, en la COPE. Aunque se beneficiaron de una amnistía patrimonial, ya que nunca se ha investigado el dinero ilegítimo del dictador, los Franco no lo dejaron pasar y decidieron impedir por todas las vías posibles la exhumación de su abuelo. De poco sirvió que el Congreso respaldara la iniciativa del Gobierno con la abstención de PP y Ciudadanos.
Este martes llega a su fin la demanda que los nietos interpusieron por la vía judicial ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Los seis jueces que deciden el futuro del cuerpo son Pablo María Lucas (el ponente de la sentencia), Segundo Menéndez Pérez, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, Jorge Rodríguez-Zapata, Celsa Pico y José Luis Requero que, según la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, es amigo de Santiago Milans del Bosch, “estrecho colaborador de la fundación Franco y cuyo bufete defiende intereses de la familia del dictador”. La asociación elevó una queja al Consejo General del Poder Judicial por este motivo, que ha sido rechazada.
Aunque se reúnan este martes, el fallo puede llegar el mismo día o no, depende de lo reñidas que estén las posturas y lo que tarden en argumentar y lograr una posición.
Antes de llegar al martes ha habido quince meses de pelea legal, en los que los Franco han marcado algunos goles. Por ejemplo, cuando solicitaron que si se exhumaba a Franco se le enterrara en la Almudena, donde la familia tiene una cripta y donde yace la hija y el yerno del dictador. La Iglesia se puso de perfil y apeló a la humanidad cristiana para concluir que no podía impedir el sepelio. El Gobierno tomó cartas en el asunto y, tras un pequeño desencuentro diplomático con el Vaticano, encargó a la Delegación de Gobierno un informe de seguridad que salió a su favor: enterrarle en el centro de Madrid era peligroso desde el punto de vista de la seguridad ciudadana y el orden público. En definitiva, apoyaba que se le enterrara en Mingorrubio, un camposanto apartado en El Pardo, a 16 kilómetros de Madrid, y donde está su mujer, Carmen Polo. Los Franco, para constrarrestar, encargaron un informe a tres militares retirados que defendieron que el centro de Madrid era más seguro, con algunos argumentos creativos como que había más riesgo de atropello en El Pardo, ya que la carretera es de un carril por sentido y se preveían numerosas visitas en coche de nostálgicos del régimen.
Sobre esta cuestión también tiene que tomar una posición el Supremo. En caso de que se permita la exhumación, ¿dónde hay que inhumar los restos? Si el Supremo decide que se le puede enterrar en la Almudena, los Franco encontrarán un problema extra porque, en un giro inesperado en su postura, la Iglesia española comunicó hace un mes a los nietos que no les va a dejar enterrarlo en la catedral de Madrid como quieren, aduciendo el informe de seguridad del Gobierno. La jerarquía eclesiástica se desmarca así de su propia postura y de la del prior del Valle de los Caídos, que continúa siendo el valedor de los Franco y el ariete contra los planes de exhumación. Si el Supremo decide que se puede inhumar en Mingorrubio, el Gobierno respirará tranquilo, porque se consideraría un fracaso que el dictador saliera de El Escorial para acabar elogiado por grupos franquistas en el centro turístico de la capital.
El escollo de la licencia urbanística
Aun cuando se falle a favor del Gobierno y el Supremo avale la salida del dictador, el via crucis legal proseguirá. En el mes de febrero, un abogado cercano a la Fundación Franco presentó una veintena de recursos para que se frenara la exhumación justificando que era peligroso levantar la losa de Franco y que la licencia urbanística necesaria era de obra mayor. Todos los recursos fueron desestimados por los diferentes juzgados (el sistema de reparto es aleatorio) menos el que cayó en el juzgado de José Yusty Basterreche, magistrado contrario a la ley de Memoria Histórica, que paralizó la licencia de obra para que se levante la lápida, se saque al cuerpo y se cubra con otra lápida. Pese a que la Abogacía del Estado intentó recusar al juez por sus escritos contra la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, la justicia concluyó que podía seguir con el caso, cosa que hace en estos momentos. La paralización de la licencia que decretó Yusty se basa en un informe encargado por la propia Fundación Francisco Franco, que aduce que es peligroso para los operarios que tengan que levantar la losa, pese a que es una operación similar a la del enterramiento en 1975, en la que no se reportaron víctimas ni heridos.
La exhumación estaba prevista para el pasado 10 de junio, pero la misma sala del Supremo paralizó la operación cautelarmente por petición de la familia hasta que se produjera el fallo definitivo, una sentencia que se conocerá a partir de este martes y que pone fin al enfrentamiento de la familia con el Gobierno.
