El Comité de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño va a recomendar a los países miembros que revisen si sus legislaciones sobre tauromaquia cumplen o no con la Convención de los Derechos del Niño. Portugal, el primer país evaluado, ha recibido dos severas advertencias: que aumente la edad mínima de 12 años para ingresar en las escuelas de tauromaquia y para participar en las corridas y que incremente la edad mínima de 6 años para asistir como espectadores.
El Comité, “preocupado” por la salud física y mental de los niños expuestos “a la violencia del toreo”, urge al Gobierno portugués a “emprender investigaciones que determinen el impacto en la infancia del alcance de la violencia física y mental de la tauromaquia”.
Este informe de la ONU para Portugal [PDF en inglés] es sólo el principio. España también será examinada y se prevé una advertencia en la misma línea. La Fundación Franz Weber impulsa la campaña Infancia sin violencia y ha asesorado al Comité de los Derechos del Niño con respecto a la tauromaquia, asegurando que “las condiciones de inseguridad en las que se realiza el trabajo de los niños toreros bastarían para declarar la tauromaquia culpable de contravención de la Declaración de los Derechos del Niño”.
Aunque la observación de la ONU va dirigida a Portugal, para Vera Weber, vicepresidenta de esta fundación en defensa de los animales, “el mismo principio rige desde hoy para todos los otros Estados, pues la convención tiene como objetivo ofrecer los mismos derechos a todos, y esto se aplica a todos los niños”.
Para Sergio Caetano, de la Fundación Franz Weber en Portugal, “en las escuelas, lecciones o eventos taurinos en que participan niños, estos tienen que herir violentamente a los toros con elementos cortopunzantes y agarrarse al animal sin protección hasta dominarlo, siendo muchas veces víctimas de accidentes”.
Niños toreros
En España existen 43 escuelas taurinas. La mayoría de ellas (21) están en Andalucía. Siete hay en Castilla-La Mancha, cuatro en Valencia y otras cuatro en Madrid. El resto están salpicadas por la geografía de la península: dos en Murcia, dos en Castilla y León, una en Cataluña, una en Cantabria y una en Extremadura.
Una de las cuatro de Madrid, la Escuela Marcial Lalanda, es de titularidad pública. El Ayuntamiento le va a destinar este año 61.200 euros. La escuela informa que, aunque en otros tiempos llegaron a tener hasta 100, este año son 49 los alumnos matriculados –entre ellos, sólo dos son mujeres– y que su normativa reduce la edad para inscribirse a los mayores de 12 años cumplidos y los menores de 18 (sin cumplir).
“Es necesario un consentimiento notarial de los padres para que el alumno pueda ponerse delante de una vaca o cualquier otro animal”, explican. El Real Decreto de 1996 no permite que los menores de 14 años puedan hacer prácticas con reses. En la Comunidad de Madrid, con 16 años ya se puede participar en espectáculos taurinos.
“Un niño torero es un trabajador, ya que recibe un dinero pactado con anterioridad para participar del espectáculo, sólo que estos contratos son pactados entre empresarios y apoderados sin que el niño participe de este tipo de negociaciones. Para el mundo taurino, el niño está preparado para enfrentarse a la muerte o para matar, pero no para decidir por cuánto dinero quiere hacerlo”, explica la Fundación Franz Weber en su campaña.
“Esto nos da la referencia –precisan– de que estamos hablando de una forma de explotación infantil, muchas veces por parte de sus propias familias, ya que en la gran mayoría de los casos son los padres quienes cumplen las funciones de representante o apoderado del niño torero”.
El otro objetivo de la ONU es que los menores no sufran violencia como espectadores, lo que incluye la asistencia a las plazas y la televisión. No hay un reglamento estatal que marque la edad mínima para los asistentes a los espectáculos taurinos: lo deciden las autonomías, y tampoco está reglado.
Durante el debate el pasado octubre en la Comisión de Cultura del Congreso de la proposición de ley para regular la tauromaquia como patrimonio cultural, Chesús Yuste, de Izquierda Plural, propuso impedir el acceso a los menores de edad a las plazas y la prohibición de emitir corridas en los medios audiovisuales públicos y privados durante el horario protegido para la infancia: “No es una película de ficción, es un acto cruel que está ocurriendo realmente”.
El Partido Animalista puso una denuncia en el Ministerio de Industria por las retransmisiones en RTVE en horario infantil, que con el Gobierno del Partido Popular la cadena pública ha reincorporado a su programación. El presidente de la corporación contestó al respecto que se trata de “un espectáculo cultural que debe ser tratado con normalidad” y que, según su propio comité de autorregulación, es apto para los niños mayores de siete años.
Desaprender la violencia
En cambio, un estudio muy aludido, realizado en 2004 por psicólogos de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Swansea en Gales [PDF en inglés], concluye que los mensajes verbales que acompañan la retransmisión de una corrida de toros tienen consecuencias significativas en la agresividad, la ansiedad y los niveles de impacto emocional de los niños y niñas de entre 8 y 12 años. Más entre los niños varones que entre las niñas. También, que los niños están más mediatizados por la interpretación cognitiva de lo que está sucediendo que por la espectacularización de la violencia y la crueldad.
El propio estudio recuerda que la carencia de un discurso público sobre el maltrato animal y de información en la escuela, la familia u otras fuentes, hace que los jóvenes espectadores se identifiquen fácilmente con el perpetrador de la violencia.
En ese sentido, Yuste, que forma parte de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales, pide que “se establezca la promoción, en todos los niveles de la enseñanza, del fomento del respeto a los animales, excluyendo expresamente las corridas de toros como tales de los contenidos educativos”.