TVE sigue pagando por el programa de Buruaga pese a que lo ha cancelado
El programa de debates Así de Claro presentado por Ernesto Sáenz de Buruaga y por el que Televisión Española apostó para el prime time de los lunes ha durado tres programas. En realidad los contribuyentes van a seguir pagando “gastos de producción” pese a que no van a ver ningún programa más.
La cadena pública ha decidido cancelar Así de claro tras estrenarlo el 25 de mayo, un día después de las elecciones. El motivo, según ha explicado TVE, es que “no ha alcanzado los objetivos esperados de audiencia”. Tal y como decía la cláusula del contrato entre la productora (Pulso, filial del grupo Secuoya) y el ente público, tenía que tener un mínimo del 10% de audiencia. En sus tres lunes en antena solo alcanzó el 6,5%, el 5,7% y el 5,1%.
Secuoya es una de las productoras más potentes. Acaba de hacerse con la gestión de la televisión autonómica de Murcia y hasta el año pasado tenía como consejero a Miguel Ángel Rodríguez, portavoz de Gobierno con Aznar. Santiago González, director general de TVE en la época de Zapatero, recaló también en la productora de 2012 a 2013 como director de Contenidos y Televisión.
Según reconocen fuentes de RTVE, “de común acuerdo con la productora y por la cláusula que firmamos hemos decidido ponerle fin. Sin embargo, había contratado un mínimo de 13 programas y un máximo de 27”. El cuarto programa no se ha pagado ni tampoco ha habido ninguna indemnización a la productora, puntualizan. Sin embargo, RTVE sí va a pagar “gastos de producción derivados de esos 10 programas que faltan para alcanzar los 13 acordados”.
Así que aunque no hay programa, ni empleados, ni emisión, sí hay gastos. “Nos daba igual cancelarlo al número 4 que al 12, porque esos gastos de 13 programas se van a pagar igualmente, por eso no hemos esperado y lo hemos cancelado”, confirman en la televisión pública.
¿Qué tipo de gastos son? RTVE no especifica ni la cantidad que está pagando ni en concepto de qué. ¿Decorados, el salario de todos los empleados que no van a trabajar, de algunos, alquiler de material? No contestan.
Unos pagos inauditos
Desde varias productoras consultadas muestran su sorpresa absoluta por este pago por programas que no existen y por tanto que no van a generar ningún gasto de producción. Sí que es habitual que se abone la preproducción: cuando se produce para una cadena hay un periodo de trabajo de un mes y medio aproximadamente para lanzar el primer programa. Esos gastos los paga la cadena dure lo que dure en parrilla la emisión, ya que son necesarios para lanzar el proyecto y así se acuerda en los contratos.
“Pero eso es lo único que se podría abonar. Pagar por algo más que eso no lo he visto nunca”, cuenta un directivo. Otro productor lo constata: “No sé qué pueden estar pagando, porque si no hay invitados ni programa ni nada, no hay gastos de producción”.
En la televisión pública no aclaran la duda y fuentes del grupo Secuoya se remiten a la información que dé TVE. “Había una cláusula, no se ha cumplido, y tiene que ser el cliente y no el proveedor quien lo explique”.
Los contenidos de Así de claro han estado en cuestión desde su primera emisión, por ser demasiado caro (66.000 euros por entrega, según elmundo.es) y de falta de pluralidad entre sus invitados. Ya en su primer día, los minutos dedicados al acoso escolar provocaron polémica por la ausencia de expertos y las opiniones de los tertulianos.
El último caso polémico que ha afrontado este programa es el de la periodista Esther Palomera, que denunció que había sido vetada por el director de Informativos de TVE.
UGT denunció el 1 de junio al Consejo de Administración de RTVE ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la comisión de control parlamentario de la Corporación por la contratación con una productora privada en régimen de coproducción del programa de Ernesto Sáenz de Buruaga. El motivo, que suponía la vulneración de la Ley General Audiovisual, la Ley de la Radio y Televisión de Titularidad Estatal y el Mandato Marco de RTVE porque todas estas normas “prohíben expresamente que se pueda externalizar la programación informativa” en la Corporación.
