Cantabria ha impuesto un toque de queda de 1 a 6 de la madrugada en más de la mitad de sus municipios, en concreto en 53, y ha establecido una limitación de reunión a un máximo de seis personas no convivientes en el ámbito público y privado en las mismas localidades durante los próximos 14 días a la espera de la evolución epidemiológica.
Así lo han anunciado este miércoles el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez (PSOE), y el director general de Salud Pública, Reinhard Wallmann, tras varias semanas de crecida de contagios en la comunidad, principalmente entre los jóvenes, lo que ha traído consigo que la incidencia acumulada a 14 días supere los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Y es que en la última actualización del semáforo COVID, casi la mitad de los municipios de la región se encuentran en nivel 2 de alerta sanitaria, con restricciones de aforos en hostelería, comercio, cultura o deporte más duras.
Escriben Laro García y Rubén Alonso.
El PSOE se revuelve contra el fallo del Tribunal Constitucional que tumba parte del decreto de alarma con el que se impuso el confinamiento para frenar la expansión del coronavirus en marzo de 2020 y critica que el tribunal pretenda ser más “invasivo” en los derechos fundamentales con la aplicación del estado de excepción, que es más restrictivo. Fuentes socialistas atribuyen ese posicionamiento a una “mente conservadora” frente al posicionamiento “más proporcionado” que mantuvo, a su juicio, el Gobierno.
En todo caso, los socialistas sostienen que el tribunal “no ha cuestionado que la gente se confine sino si lo tenía que hacer con un estado de alarma o de excepción y señalan que el segundo habría tenido al Ejecutivo ”atado de pies y manos“ en esos momentos de propagación descontrolada del virus ya que requiere que se vote en el Congreso antes de aplicarlo -además de que solo se puede mantener un máximo de 60 días frente a los más de 90 que se España tuvo restricciones-. ”El Gobierno actuó como el resto de gobiernos occidentales. No existe ningún ejemplo de país que haya usado el estado de excepción para luchar contra la COVID“, señalan en el PSOE.
Los socialistas también recuerdan que el Constitucional avaló el 30 de abril de 2020 en un fallo el estado de alarma y que el Supremo “declaró que el estado de excepción no está previsto para supuestos como el que nos afecta sino en los que se ve alterado el orden público”. “Es insólito que una sentencia de esta importancia para el país y para luchar contra la pandemia se haya adoptado con posiciones tan alejadas de los magistrados y contra el criterio previo del Constitucional y las dos sentencias del Supremo”, rematan.
“Habría que preguntarse, en este momento que el Constitucional tiene 11 magistrados de los que 8 son conservadores, si es el motivo por el que el PP no quiere renovar los órganos constitucionales”, apuntan los socialistas, que ven “lamentable” que PP y Vox hayan usado el estado de alarma contra el Gobierno tras apoyarlo en el Congreso.
Informa Irene Castro
Los alarmantes datos de la pandemia en Catalunya han llevado al Govern a solicitar este miércoles a la Justicia su permiso para reintroducir un toque de queda nocturno. Este miércoles hay 1.185 personas ingresadas en los hospitales catalanes, 127 más que este lunes. También se han registrado 10 ingresos más en las UCI, que ya alcanzan los 219 pacientes. Los nuevos positivos son 8.378. Tras mostrarse reticente a la medida, el Govern ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que autorice durante siete días la prohibición de la movilidad entre la 1:00 y las 6:00 horas en Barcelona y 157 municipios catalanes, donde viven más de seis millones de personas. Son las poblaciones de más de 5.000 habitantes que registran una incidencia de 400 casos por 100.000 habitantes en los últimos siete días.
Consulta en este buscador los municipios que, si los jueces lo permiten, se verán afectados por la medida de manera inmediata:
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha sido preguntada en rueda de prensa sobre la resolución del Tribunal Constitucional hecha pública hoy, que tumba legalmente el estado de alarma de marzo de 2020 tomado por el Gobierno para frenar la expansión de la primera ola de COVID-19. Darias se ha remitido a la declaración institucional que ha hecho Pilar Llop, ministra de Justicia, que ha defendido aquella medida alegando que aquel aislamietno domiciliario general salvó cientos de miles de vidas. Pero ha añadido “solo un comentario”: “Cuando entramos en esta maldita pandemia, a principios de 2020, no teníamos cartas de navegación, solo teníamos un arma, una sola vacuna, que era el confinamiento. El confinamiento fue entonces nuestra mejor vacuna”.
“Hoy”, ha seguido, “un año y medio después, estamos en una situación completamente diferente. La vacunación nos ha dado otro estadio, un arma más potente para combartir el virus, acorralarlo y cercarlo, lo estamos viendo en que la curva de contagios de las personas vacunadas está estabilizada”. En el momento que se decidió establecer ese primer estado de alarma no era Carolina Darias la ministra de Sanidad sino su predecesor, Salvador Illa, que dejó el cargo en enero de 2021.
Informa Belén Remacha
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha explicado en rueda de prensa tras el Consejo Interterritorial, que ha acordado con los consejeros autonómicos hacer “un corte” a principios de agosto en la distribución de vacunas contra la COVID-19, “porque hemos cruzado los datos de tarjetas sanitarias con las del registro de la red de vacunación y hay comunidades que presentan saldos positivos y otros negativos”.
Es decir, hay algunas en las que se ha vacunado más gente de la prevista, porque viven en esa comunidad como desplazados pero están empadronados en otra; y comunidades donde se han vacunado menos de los previstos, porque tienen a más ciudadanos fuera. Han quedado en “valorarlo, es una propuesta”, y se tomaría una decisión “la próxima semana” sobre si se produce algún tipo de redistribución. Hasta ahora, desde finales de diciembre, cuando comenzaron a llegar dosis, el reparto ha sido equitativo por número de población según el Instituto Nacional de Estadística.
Informa Belén Remancha
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha comparecido en la tarde de este miércoles para defender el estado de alarma decretado por el Gobierno al inicio de la pandemia, después de que el Tribunal Constitucional lo haya tumbado a petición de Vox.
“El Gobierno quiere señalar que va a analizar profundamente dicha resolución del Tribunal Constitucional. El Gobierno respeta, pero no comparte la resolución ante el recurso de Vox, por cuanto que el confinamiento del estado de alarma permitió salvar cientos de miles de vidas”, ha dicho nada más comenzar su intervención.
“Quiero subrayar que la democracia española utilizó la figura del estado de alarma recogida en su Artículo 116 al igual que lo hicieron el resto de gobiernos europeos con medidas equivalentes”, ha dicho Llop.
La ministra también ha recordado durante su comparecencia que “varios estudios internacionales” demostraron que las medidas de confinamiento a gran escala “evitaron la muerte de más de tres millones de personas por el COVID”.
El Gobierno acata la sentencia del Constitucional, que tumba el decreto del estado de alarma, pero no oculta su malestar por el fallo que considera “inédito” y “sin precedentes”, según indicaban fuentes gubernamentales al mediodía. De hecho, el Ejecutivo de Sánchez se reafirma en que esa herramienta constitucional fue el mecanismo con el que se logró frenar la propagación del virus y recuerda que en los países del entorno se usaron mecanismos similares mientras que el Constitucional estima que se debería haber optado por el estado de excepción.
El Gobierno decretó el estado de alarma el 14 de marzo ante la irrupción de la pandemia en España -tres días después de que la OMS le diera esa calificación a nivel mundial-.
Inglaterra ha sacado a Baleares de la ‘lista verde’ de destinos seguros y vuelve a estar en la ‘lista ámbar’, lo que se traduce en que algunos de los viajeros ingleses tendrán que cumplir cuarentena a su regreso. El cambio entrará en vigor a partir del próximo lunes.
Sin embargo, esta decisión no afectará a aquellos que tengan la pauta completa de la vacuna, ya que a partir del 19 de julio, los viajeros que vuelvan al país desde un destino incluido en la ‘lista ámbar’ no tendrán que aislarse. El 66,7% de la población mayor de edad ya ha recibido las dos dosis.
Por su parte, aquellos que no hayan recibido las dos dosis tendrán que hacer cuarentena obligatoria durante 10 días, aunque pueden acortarlo sometiéndose a test a partir del quinto día.
Por otro lado, Cuba, Indonesia, Myanmar y Sierra Leona han sido incluidos en la lista roja, lo que significa un veto total a estos destinos. Hong Kong y Bulgaria han sido los dos únicos territorios incluidos en la lista verde.
Escribe Javier Biosca.
Vuelve el toque de queda nocturno (si los jueces lo avalan). Tras mostrarse reticente a la medida, el Govern ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que autorice durante siete días la prohibición de la movilidad entre la 1:00 y las 6:00 horas en los municipios catalanes que registran mayor número de contagios.
El toque de queda nocturno, que este lunes no estaba sobre la mesa del Govern, se ha impuesto ante el aumento desbocado de positivos y el aval de la Justicia a la medida solicitada por la Generalitat valenciana. La incidencia acumulada en Catalunya casi triplica la de la Comunitat Valenciana. Según los datos de Sanidad, en los últimos 14 días Catalunya registra 1.014 casos por cada 100.000 habitantes por 368 la Comunitat Valenciana. 20 de los 25 municipios de España con más incidencia del virus son catalanes.
Escribe Oriol Solé.
La incidencia acumulada continúa subiendo en España y este miércoles llega ya a los 469,5 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 32,75 más que el martes. Este indicador es especialmente alarmante entre las franjas de edad más jóvenes: en el caso de la población de entre 30 y 39 años llega a los 613,22 casos; para los que tienen entre 20 y 29, a los 1.508,64 ; y la casilla correspondiente a los de 12 a 19 años marca 1.252,09.
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha señalado este miércoles al nuevo ministro de Presidencia, Félix Bolaños, como el “responsable” del decreto del primer estado de alarma aprobado por el Gobierno para atajar el avance del coronavirus, algunos de cuyos artículos han sido declarados inconstitucionales.
En concreto, el Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso que Vox presentó contra ese primer estado de alarma. Con una ajustada mayoría de seis magistrados frente a cinco ha declarado inconstitucional el confinamiento, es decir la limitación del circulación de personas y vehículos en espacios y vías públicas que fijaba la norma, así como la capacidad del Ministerio de Sanidad para modificar y ampliar las medidas de contención en la actividad comercial.
“Y el responsable del decreto que ha sufrido este tremendo varapalo del Tribunal Constitucional es el recién nombrado Ministro de Presidencia”, ha subrayado Gamarra en un tuit, recogido por Europa Press, haciendo referencia al entonces secretario general de la Presidencia del Gobierno.
La Comunitat Valenciana registra 2.098 nuevos positivos con coronavirus y un ligero aumento de las hospitalizaciones. Los ingresos hospitalarios suben en 23 personas hasta situarse en 390, con 54 en la UCI, seis más que en la jornada anterior.
Por provincias, 239 en Castellón (43.634 en total); 574 en Alicante (153.568 en total); y 1.285 en Valencia (226.339 en total). El total de casos no asignados se mantiene en 2. Los hospitales valencianos tienen, actualmente, 390 personas ingresadas: 21 en la provincia de Castellón, 3 en UCI; 48 en la provincia de Alicante, 5 de ellos en la UCI; y 321 en la provincia de Valencia, 46 de ellos en UCI.
Desde la última actualización se han registrado 1.244 altas a pacientes con coronavirus. De esta forma, el número de personas que han superado la enfermedad desde que comenzó la pandemia en la Comunitat Valenciana asciende a 408.114 personas. Por provincias, las altas se distribuyen así: 42.453 en Castellón, 150.925 en Alicante y 214.678 en Valencia. El total de altas no asignadas se mantiene en 58.