Quedan 30 días para que dé tiempo a aprobar el decreto que regule la publicidad infantil de alimentos. Una norma que prohíba los anuncios para menores de comida insana como herramienta contra los altos índices de obesidad infantil en España. Si el proceso no arranca antes del 31 de marzo, los plazos de tramitación harían imposible completarlos antes de la elecciones generales, según ha calculado el Ministerio de Consumo, que impulsa la normativa.
Por eso Unidas Podemos intenta que se desbloquee el proyecto de decreto cuyos trabajos técnicos culminaron hace más de medio año y que se ha paralizado por la oposición del Ministerio de Agricultura.
La regulación de esta publicidad es un asunto central para el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que lo anunció en su primera comparecencia parlamentaria tras tomar posesión. El proyecto está dentro de la Estrategia Nacional contra la Obesidad Infantil presentada en junio pasado por el presidente Sánchez. Y su texto ha obtenido el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Pero en Agricultura rechazan la norma. El ministro Luis Planas explicó públicamente hace unas semanas que él es más partidario de la “autorregulación” de las empresas que de las obligaciones legales. De hecho, esta publicidad se ha regido hasta ahora por un código de autorregulación (PAOS) que los análisis científicos han certificado como un fracaso: la exposición a anuncios de estos alimentos no ha disminuido en sus 17 años de vigencia.
En Consumo no dan la partida por perdida y aún piensan que puede aprobarse el decreto a tiempo. Entienden que hay margen para levantar el veto impuesto por Agricultura y no quieren dejar morir la iniciativa.
La cuestión es que, tras unos seis meses desde que el Ministerio de Agricultura remitió su rechazo a la norma, se aproxima la fecha límite. En Consumo insisten en que han pedido reunirse con el departamento de Planas para desbloquear la negativa, pero sin resultados.
Un decreto como este necesita pasar por la Comisión Europea para ver si tienen alegaciones sobre el proyecto debido a que afecta a las telecomunicaciones. Consumo afirma que eso consumirá tres meses de plazo legal. Luego deberá ser revisado por el Consejo de Estado: otros dos meses. El horizonte electoral se echará encima y el decreto se quedará para siempre en un cajón, se temen.
El proyecto de real decreto veta “cualquier forma de publicidad” de productos con “alto contenido en sodio, azúcares, edulcorantes, grasas y ácidos grasos” según los criterios diseñados por la Organización Mundial de la Salud para restringir esos anuncios.
El 40% de los menores, con sobrepeso u obesidad
La OMS respondió con esos marcadores a la petición que le hicieron los países de la ONU (España entre ellos) para rebajar la presión publicitaria sobre los menores. La obesidad infantil está en el fondo de este asunto: en España, un 23% de los niños y niñas presenta sobrepeso y otro 17%, obesidad, según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Los expertos en salud consideran que una vez adquirido este problema, “la mayoría lo van a tener toda la vida”.
El consenso científico sobre la influencia de la publicidad en la ingesta de comida insana –y esta sobre la obesidad– es muy sólida. “Está demostrado que hay una relación causal: cuanta más publicidad, peor alimentación y más obesidad”, contaba hace unos días a elDiario.es el jefe de estudios de la Escuela Nacional de Sanidad en el Instituto de Salud Carlos III, Miguel Ángel Royo-Bordonada.
El sector que intenta regular este proyecto de norma conoce la relación entre publicidad y aumento de consumo. Entre 2014 y 2018, pasó de invertir 32 millones de euros a gastar más de 53 millones, según los datos recopilados por un estudio de la Universidad Oberta de Catalunya. Un 66% más. El 62% del dinero fue para bebidas “de muy bajo valor nutricional” y el 18% a productos de bajo valor.