España se enfrenta en septiembre a otra etapa de la pandemia y de la inmunización. Hasta ahora los esfuerzos se han centrado en reducir el número de contagiados y aumentar el de vacunados. Pero después del verano, cuando presumiblemente se haya alcanzado el 70% de la población con pauta completa, toca responder a nuevas preguntas. ¿Hay algún supuesto que justifique la vacunación obligatoria? ¿Qué pasa con quienes vuelvan a las oficinas sin el certificado? ¿Y a los colegios? ¿Pueden las empresas forzar o perjudicar a los que no hayan querido vacunarse?
España había sorteado con éxito el debate de la vacunación obligatoria que muchos países han tenido que enfrentar. Mientras que Italia, Francia, Grecia o Estados Unidos preparaban estrategias para presionar a ciertos grupos a inyectarse las dosis, en nuestro país el ritmo de vacunación seguía creciendo hasta alcanzar récords mundiales. No obstante, el último mes ha cambiado un poco el tablero. Los brotes en residencias de mayores y el pico de contagios entre los grupos de mayor edad han llevado a ciertas comunidades a exigir que se vacune a los sanitarios y a los trabajadores de los geriátricos.
Galicia, Cantabria, Andalucía, País Vasco o Murcia pidieron usar la Ley de Salud Pública de 1986 para establecer un escenario excepcional que forzase la vacunación de estos profesionales. “Dicha ley podría ampararlo en ámbitos muy concretos”, dice Fernando García, coordinador del grupo de Ética y Protección de Datos de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE). “En salud pública nos movemos por el principio de daños a terceros formulado por el filósofo escocés Stuart Mill: hay que respetar la libertad de los individuos siempre y cuando no perjudique a terceros”, refiere el experto.
Pero en el caso de las residencias y los sanitarios españoles, García asume que es precipitado planteárselo ahora mismo. Sanidad se ha negado y ha propuesto en su lugar dos PCR obligatorias cada semana para quienes no estén vacunados y trabajen en centros de mayores. “Desde un punto de vista ético, si se toman medidas restrictivas de las libertades, hay que tomarlas como último recurso. Y no son necesarias si la persuasión consigue coberturas amplias de vacunación”, defiende el epidemiólogo. Además, “nos faltan datos: no sabemos cuántos sanitarios no se han vacunado ni cuántos trabajadores de residencias, ni cuál es su repercusión en los contagios actuales”.
Desde un punto de vista ético, si se toman medidas restrictivas de las libertades, hay que tomarlas como último recurso. Y no son necesarias si la persuasión consigue coberturas amplias de vacunación
Según cálculos de la Sociedad Española de Geriatría (SEGG), un 85% trabajadores de las residencias está inmunizado. “No podemos obligar a ese 15% a vacunarse, pero hay que hacer mucha pedagogía para que entiendan que son un vehículo de transmisión entre personas muy vulnerables y frágiles”, proponía su portavoz.
“El hecho de que el movimiento negacionista haya penetrado mucho menos en nuestro país hace menos necesario este debate. Pero desde el punto de vista de Salud Pública no tendría ninguna duda en plantear la obligatoriedad de la vacunación en trabajadores de centros de mayores”, expresa Daniel López Acuña, exdirectivo de la OMS. “Estamos yendo a la deriva individualista del tema de la vacunación y no al análisis: están al cuidado de personas muy vulnerables y con alto riesgo de enfermedad y muerte”, expresa. Sin embargo, reconoce que “no hay suficiente porcentaje de rechazo en el sector de los cuidados, el sanitario o entre la población general” para hacerlo obligatorio. “Hay que plantearse mejores estrategias”, dice el epidemiólogo. Los expertos lo tienen claro: ha llegado el momento de repescar.
Repescar, una alternativa a la vacunación obligatoria
A pesar de la cercanía cultural y geográfica con sus vecinos europeos, España ha sido un territorio resistente al movimiento antivacunas. Los expertos cuentan con orgullo que se trata de una mezcla de memoria colectiva y de una enorme estructura sanitaria que tiene en su base el contacto con el médico de familia y con la Atención Primaria. “Desde que nacemos, empezamos a recibir este producto de manera gratuita. Es verdad que las pagamos con los impuestos, pero en otros países normalmente hay un desembolso. Las políticas vacunales públicas y nuestro sistema sanitario son elementos potentes y envidiables”, explicaba Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología.
Se entiende mejor mirando los datos. 30 millones de personas han recibido la vacunación completa de un país de 47 y en menos de ocho meses. Los porcentajes más bajos se dan entre los grupos desde los 12 hasta los 39 años y el ritmo ha descendido estos meses de verano por la disminución de los lotes que llegan del extranjero o la movilidad interna. En ningún caso por el rechazo vacunal, como ha ocurrido en Italia, Francia y Reino Unido. “No podemos hacer una traslación de lo que ocurre en EEUU o en Francia, donde la sociedad está muy dividida políticamente con respecto a la vacunación. A pesar de que el ambiente político en España está muy cargado, no se ha desplazado a las vacunas”, cree Fernando García.
De todas formas, hay un pequeño porcentaje de población de más edad que no ha recibido la segunda dosis o ninguna de las dos. Es ahí donde los expertos piden poner el foco ahora. En los “repescados”. El 89,6% de las personas entre 50 y 59 años han recibido la pauta completa. Se desconoce si los que faltan son por cuestión de tiempos, de que se contagiaran con la primera dosis o que rechazaron vacunarse desde un principio. Igual con el 6% de 60 a 69 años o el 2% de 70 a 79 años. “La mayoría de las personas que no se han vacunado no son antivacunas o contrarios de forma incondicional. Muchos de ellos tienen dudas o quizá dificultad de acceso. Habría que poner el foco ahí”, opina el experto en bioética.
“Más que conseguir porcentajes numéricos, la estrategia del Consejo Interterritorial debería ser focalizar en los agujeros negros de la vacunación”, comparte Daniel López Acuña. “Quizá no recibieron información o les pilló en un mal momento y ahora pueden ir a la repesca. Hay que identificar a los rezagados para avanzar hacia el 85% o 90% de la población vacunada”, comprende el experto.
En contra de la obligación de las empresas
Otro asunto incómodo que plantea el debate de la obligatoriedad de la vacunación, según los expertos, es la pertinencia. Todavía quedan millones de personas por recibir su cita y su vacuna en España, y plantear la obligatoriedad actualmente es “discriminatorio”. Pero no solo es una cuestión de edad. “No podemos olvidar que hay bolsas de población alejadas del sistema sanitario y a las que les resulta más difícil acceder a la vacunación, como personas sin hogar y migrantes”, expresa García.
Hay que diferenciar la obligatoriedad en aquellos lugares con alto riesgo de infectarse e infectar de oficinas, locales de ocio o viajes. No puede establecerse un rasero que excluya a personas no vacunadas de un trabajo o de la posibilidad de desplazarse
En Estados Unidos, grandes empresas como Google y Netflix han anunciado que exigirán la vacunación para sus plantillas. Y, sin irse tan lejos, algunas ofertas de empleo en España ya lo plantean como un requisito a valorar. “Ese debate cambia los criterios éticos. Entramos en una discriminación hacia quienes no tienen la vacuna. Hay que diferenciar la obligatoriedad en aquellos lugares con alto riesgo de infectarse e infectar, como residencias y ámbitos sanitarios, de oficinas, locales de ocio o viajes. No puede establecerse un rasero que excluya a personas no vacunadas de un trabajo o de la posibilidad de desplazarse”, opina Daniel López Acuña.
“No debería dejarse en manos de las empresas la posibilidad de exigirlo. En cambio, está la opción de pedir las pruebas periódicas (dos PCR semanales). Suponen una presión porque por un lado está el coste que tendría que asumir el empleado y por otra, el señalamiento. Este tipo de medidas, que no imponen la obligatoriedad pero ejercen una presión o un incentivo, son intermedias”, apuesta el portavoz de la Sociedad Española de Epidemiología. Sobre la obligatoriedad en el ámbito privado, “no veo que vaya a ser una situación factible en España a corto plazo”.