“No falla la capacidad de denuncia de la víctima de violencia machista, sino la respuesta del Estado”
Ángela González llevó a España ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por no sentirse protegida –ni ella ni su hija– tras denunciar reiteradamente a su pareja y ver cómo el agresor asesinó a la pequeña de siete años. La respuesta después de que las víctimas tomen la decisión de señalar su situación y traten de cambiarla (con los riesgos que conlleva) es lo que ha sido cuestionado y reprochado por la ONU. “Si no tenemos sistemas eficaces de apoyo a la víctimas después de la denuncia, no podemos seguir pidiéndoles que denuncien. Lo que está fallando no es la capacidad de denuncia de la mujer si no del Estado para darlas respuesta”, explica Paloma Soria, abogada de Women's Link que ha llevado al caso de Ángela.
Esta organización considera, más allá de la denuncia de esta mujer, que los deberes pendientes en España sobre la violencia machista exceden el terreno legislativo y se centran, sobre todo, en la protección de las mujeres tras la denuncia contra su agresor y en conocer mejor este tipo de maltrato. La importancia de acudir a la policía o al juzgado –que la propia Ángela González recomienda a las víctimas a pesar de que en su caso no prosperasen en el pasado– no se discute por parte de las especialistas en la materia. Bajo la lupa está, en cambio, la respuesta de la Administración a estas llamadas de auxilio de las víctimas.
La causa de Ángeles González es calificada como un “litigio estratégico” por la presidenta de Women's Link, Viviana Waisman. “Utilizamos el derecho como herramienta para buscar un cambio social más amplio. Se lleva un caso emblemático para buscar un cambio en la ley o una mejor implantación de una ley. También pretendemos crear un debate público”, explica.
Las cifras muestran un descenso en las denuncias presentadas (el año pasado 124.893, frente a las 134.002 de 2011), “que no es equiparable a un descenso de la violencia contra las mujeres”, afirma Virginia Álvarez, responsable de política internacional y Derechos Humanos de Amnistía Internacional.
Varios informes de Amnistía Internacional monitorizan el funcionamiento de la Ley Integral Contra la Violencia de Género desde 2005, con varios indicadores que preocupan a Álvarez. “En el último estudio de 2012, el número de sobreseimientos se había incrementado un 158%”, apunta. Las medidas de protección a las víctimas también descienden: en 2013, la cifra ascendió a las 32.831 mientras que en 2009 fueron 41.083. De las 7.865 solicitadas en el primer trimestre de este año, el 41,3% fueron denegadas.
Dificultad de identificar todas las conductas violentas
En su análisis, Álvarez destaca las deficiencias de los juzgados españoles para detectar la violencia menos evidente, especialmente el maltrato psicológico y sexual. “Sin marcas físicas los obstáculos se multiplican”, resume. Por su parte, la letrada Soria explica que “hay un prejuicio de que las víctimas tienen que estar magulladas, golpeadas, que tienen que querer salir de ese entorno de violencia rápidamente. No se está mirando el problema más de fondo, ni se está entendiendo por qué hay mujeres que no consiguen salir”.
Virginia Álvarez señala una de las peores manifestaciones de los errores de la justicia: “El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su informe del 2012 reconoce que en el 36% de los casos con resultado de muerte había habido una denuncia por violencia de género archivada o sobreseída”.
Para mejorar en la identificación de la violencia de género y en la protección de la víctima, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) exige a España la “formación obligatoria sobre qué es la violencia de género y los estereotipos de género”, explica la abogada Paloma Soria. Su objetivo: acabar con los estereotipos y prejuicios observados por las Naciones Unidas en las prácticas de jueces, fiscales, trabajadores sociales y otros agentes estatales.
Hasta el momento, España se ha amparado en la avanzada legislación aprobada en 2004, según Soria, pero ahora la ONU le ha recordado que el marco jurídico no es suficiente para acabar con la violencia de género. “Hace falta que exista voluntad política y el apoyo de los agentes estatales que respeten las obligaciones”, afirma Soria. “La condena es una oportunidad del Estado para analizar qué está ocurriendo en el contexto actual”, concluye.
