Garantizar un aborto seguro gratuito y accesible en toda la Unión Europea. Es el objetivo que se han marcado feministas de ocho países distintos con la campaña Mi voz, mi decisión. Con acciones coordinadas en Polonia, Francia, Austria, Eslovenia, Croacia, Irlanda y Finlandia y España, la iniciativa arranca este miércoles con una recogida de firmas para lograr, al menos, un millón de apoyos de cara a las elecciones europeas del próximo 9 de junio.
“Las políticas de la muerte son aquellas que atentan contra la salud física y psíquica de las millones de mujeres en Europa que no tienen acceso al aborto seguro y gratuito. Por el contrario, la cultura de la vida implica velar por nuestra salud sexual y reproductiva, así como blindar nuestros derechos fundamentales como es el de decidir sobre nuestros cuerpos”, asegura Kika Fumero, exdirectora del Instituto Canario de Igualdad e impulsora junto a la periodista Cristina Fallarás de la iniciativa en España.
Conscientes de que la realidad no es homogénea y en cada Estado la situación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo varía, la campaña le pide a la Unión Europea que asegure el acceso en función de cada uno. Se calcula que, en total, 20 millones de mujeres no pueden abortar en la región, en algunos países como Polonia o Malta, el aborto libre está prohibido. Es en estos casos en los que proponen que la UE financie proyectos para que incluso las mujeres residentes allí puedan viajar de forma gratuita a estados vecinos en los que sí es legal.
También plantean que las mujeres puedan trasladarse a otros países que concedan plazos más amplios para abortar por motivos médicos –los márgenes varían desde las 10 semanas de Portugal a las 24 de Países Bajos–. Además, buscan garantizar el derecho dentro de las propias fronteras. En Austria y Croacia, por ejemplo, el aborto no es gratuito y el acceso depende de las condiciones económicas de las mujeres mientras que en otros lugares como Italia o España, ejemplifican, las mujeres “se enfrentan a barreras” como la objeción de conciencia del personal médico. Apuntan también a la situación de “de desigualdad” que atraviesan las mujeres de “en situación de vulnerabilidad” como las que están en situación irregular y que tienen dificultades para acceder “incluso en países en los que sí es legal”.
Adelantarse a la ofensiva ultra
En la práctica, pretenden reclamar las medidas a través de una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), similar a la Iniciativa Legislativa Popular de España, que, si recaba el objetivo del millón de firmas, será presentada ante la Comisión Europea. A partir de ahí, la comisión deberá decidir si da curso o no a la solicitud y en ambos casos tendrá que motivarlo.
La campaña, que en cada país está pilotada por organizaciones, asociaciones feministas o mujeres organizadas con este fin, cree que la Unión Europea puede poner en marcha sus demandas a través de las llamadas competencias de apoyo de la institución. “Las cuestiones relativas al aborto y en general a la salud se enmarcan dentro de estas competencias. Las instituciones no pueden legislar, pero sí apoyar, coordinar o complementar la acción de sus Estados miembros”, explican.
La idea es hacer mucho ruido en el contexto de las próximas elecciones, un momento en el que todos los ojos estarán mirando a Europa y en el que, además, planea la amenaza de un posible retroceso en los derechos sexuales y reproductivos si la extrema derecha crece en las urnas. Por eso, Mi voz, mi decisión es también una manera de “adelantarse” para blindar el derecho al aborto, en la diana de las formaciones y grupos ultra, sostiene Cristina Fallarás. “Va a venir un movimiento de derechas y ultraderechas que atentará contra los derechos de las mujeres”, pronostica la periodista, que haciendo referencia a casos como el de Italia o Polonia añade: “Ya lo estamos viendo en Argentina pero llegará también a Estados Unidos y a Europa. Y los primeros derechos contra los que atentan son los que tienen que ver con nuestros cuerpos y particularmente el aborto”.