Google cancela su versión de buscador censurado para China tras las críticas de sus propios empleados
Google ha decidido desmarcarse del proyecto que pretendía instalar un buscador acotado en China después de que su propio equipo de privacidad denunciara que no se les había informado del plan que estaba llevando a cabo, según ha informado el diario estadounidense The Intercept. La compañía se ha visto forzada a cerrar un sistema de análisis que recopilaba patrones de datos de su población y así extraer sus intereses y preferencias.
Con estos datos se estaba construyendo un modelo para el denominado plan Dragonfly, un motor de búsqueda censurado y pensado para trabajar con métodos de verificación impuestos por el propio gobierno chino. Esos términos de búsqueda procedían de la página 265.com, un directorio web propiedad de Google con sede en Pekín. Esta página, a diferencia de muchas redes sociales, no ha sido bloqueada por el Gran Firewall del país asiático, que se encarga de restringir el acceso a páginas no aprobadas por el régimen comunista.
Las disputas internas que han llevado a la paralización del proyecto se deben al trabajo independiente que llevaron a cabo los ingenieros del gigante tecnológico. Comenzaron extrayendo y flitrando información de las búsquedas de la ciudadanía en el portal 265.com -que ofrece noticias varias, material multimedia y publicidad- para poder señalar las búsquedas que arrojan contenido considerado inapropiado por el Gobierno.
Según revela The Intercept, el equipo de privacidad de la compañía de Alphabet se enteró de esta metodología a través de las publicaciones al respecto de la prensa. A raíz de una serie de discusiones, los ingenieros han sido oficialmente retirados del proyecto y Dragonfly suspendido.
La cúpula de Google se desentiende
El director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, aseguró el pasado martes en una comparecencia ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes en Washington (EEUU) que su compañía “no tiene planes” de lanzar un motor de búsqueda de estas características en ese país, donde la empresa se encuentra trabajando “solo de manera interna” tras su retirada del mercado hace ocho años.
El proyecto comenzó con la participación de 100 profesionales de la tecnológica, según reconoció el propio Pichai. Es el único dato que el dirigente proporcionó en su testimonio, teniendo en cuenta que la iniciativa no ha ofrecido demasiados detalles desde que salió a la luz en agosto.
Con todo, el directivo no quiso cerrar las puertas a su intervención en el país que preside Xi Jinping: “Es nuestra responsabilidad el explorar las posibilidades”, añadió, aunque hizo referencia a dirigir los esfuerzos de su compañía a las áreas de sanidad y educación.
Victoria de sus empleados
Para los opositores de Dragonfly -tanto dentro como fuera de Google- y los grupos de derechos humanos esta incidencia es un éxito rotundo. La compañía sufría la confrontación directa de varios de sus empleados: en torno a 700 personas asociadas a la empresa firmaron un manifiesto en el que mostraban su rechazo a la iniciativa por considerarla un “peligroso precedente en un momento políticamente volátil”.
Asimismo, organizaron una colecta para apoyar financieramente a los colegas que abandonasen el programa y corriesen el riesgo de perder su puesto de trabajo. Consiguieron reunir 100.000 dólares en las primeras horas.
A ellos se unieron organizaciones como Amnistía Internacional (AI), que lanzó una recogida de firmas para frenar a la tecnológica en su intento de obtener “beneficios económicos” a cambio de la “libertad en Internet”.
