La detención de Pável Dúrov en París ha desatado un debate global sobre las características de Telegram, su papel en el ejercicio de la libertad de expresión en la red y la capacidad de control de los gobiernos de los delitos que se cometen en el ámbito virtual. También sobre cuáles son las verdaderas intenciones de Francia. Tras tres días bajo arresto, la Fiscalía gala hizo públicos los doce delitos de los que lo acusa la noche del lunes, entre los que se encuentran complicidad con el tráfico de drogas, la distribución de pornografía infantil o la pertenencia a banda criminal.
El motivo es del arresto es la falta de colaboración de Telegram y, por extensión, de Dúrov, con los tribunales franceses en la investigación de esos crímenes. La app suele ignorar los requerimientos de información de las autoridades, una política contra la que han chocado otros sistemas de justicia europeos, como el español. Muchos han visto en la detención de su fundador una acción similar a la persecución de Julian Assange y un ataque a las libertades en Internet.
“Es 2030 en Europa y te ejecutan por dar like a un meme”, tuiteó Elon Musk al conocer la noticia de la detención. “Me sorprende y entristece profundamente que Macron haya descendido al nivel de tomar rehenes como medio para acceder a comunicaciones privadas. No solo rebaja a Francia, sino al mundo”, publicó Edward Snowden, exiliado en Rusia tras destapar una operación de vigilancia masiva del Gobierno de EEUU utilizando a sus multinacionales digitales.
La retórica del “rehén” también ha sido empleada por mandatarios del Kremlin. El ex presidente y ex primer ministro ruso y actual viceconsejero de Seguridad, Dmitri Medvédev, afirmó que el motivo de la detención es la ciudadanía rusa de Dúrov: “Para todos nuestros enemigos comunes ahora, él es ruso y por lo tanto impredecible y peligroso”. “Ahora básicamente tienen un rehén y tratarán de chantajear a Rusia, tratarán de chantajear a todos los usuarios de Telegram”, coincidía María Bútina, actual miembro de la Duma estatal.
Otros expertos, como el español Enrique Dans, han destacado el sinsentido que, a su juicio, representa la detención del responsable de una plataforma de comunicación por lo que sus usuarios hacen en ella. “El responsable es el que lo hace, no el que crea un canal que lo permite. La situación es tan profundamente ridícula como lo que supondría detener y encarcelar al CEO de Correos, o mejor, al de La Poste, Philippe Whal, porque algunos usuarios han usado su servicio para enviarse drogas, para intercambiar fotos de menores desnudos, para amenazar a alguien o para coordinar una actividad terrorista”, ha escrito el profesor de Innovación y Tecnología en IE Business School.
Macron ha negado cualquier motivación política. “La detención del presidente de Telegram en territorio francés se produjo en el marco de una investigación judicial en curso. Esto no es en modo alguno una decisión política. Corresponde a los jueces decidir”, dijo el lunes, poco antes de que la Fiscalía comunicara su acusación oficial. “En un Estado de derecho, tanto en las redes sociales como en la vida real, las libertades se ejercen dentro de un marco establecido por la ley”, recalcaba.
La prudencia de muchos
Hay una tercera corriente en el debate. Está marcada por el silencio respecto a la detención de Dúrov que de momento mantienen todas las principales organizaciones de defensa de los derechos digitales del mundo. Las mismas entidades que han exigido durante años la liberación de Assange y han denunciado la persecución de muchos otros activistas han preferido no criticar acción francesa ni sus supuestas implicaciones para el resto de Internet. Ni siquiera la propia Wikileaks lo ha denunciado.
Tampoco se ha posicionado La Quadrature du Net, la organización francesa contra la vigilancia y la censura online confundada por Jérémie Zimmermann, uno de los más cercanos amigos de Assange. La Electronic Frontier Foundation (EFF) tampoco ha salido en defensa de Dúrov, aunque se ha mostrado “preocupada” por todo lo que está ocurriendo alrededor de Telegram, al igual que Access Now.
“Muchos detalles sobre este caso siguen sin estar claros y responderemos con más detalle una vez que se disponga de un acta de acusación. La falta de información sobre la detención y los cargos es preocupante porque este caso afecta a una plataforma de comunicación global utilizada por cientos de millones de personas”, han explicado fuentes de EFF a elDiario.es.
La prudencia a la hora de defender a Dúrov se extiende al grupo hacktivista español Xnet, al consorcio European Digital Rights (EDRi) así como a las organizaciones latinoamericanas Derechos Digitales o Fundación Karisma.
Las entidades que trabajan en defensa de la privacidad digital en Europa tampoco se han sumado al barco de Telegram. Ni la británica Privacy International ni la austriaca Noyb, dirigida por el abogado Max Schrems. El mismo que ha tumbado dos acuerdos internacionales en el Tribunal de Justicia de la UE para la transferencia de datos entre Bruselas y Washington por suponer un riesgo de que la inteligencia estadounidense acceda a información de los europeos. El propio Schrems tampoco se ha posicionado de manera personal.
Algunos expertos en criptografía y cifrado de los mensajes han alertado de que tres de los cargos de los que Francia acusa a Dúrov tienen que ver con el uso de esta tecnología. Pese a ello, la Fundación Signal, que sostiene la app de comunicación considerada más segura por los expertos y que muchos apuntan como el “siguiente objetivo” tras Telegram, no ha criticado la detención. Su presidenta es Meredith Whitaker, una de las voces más reconocidas del mundo en la defensa del cifrado de extremo a extremo en las plataformas. Y ha pasado los dos últimos años haciendo campaña contra una ley de la UE que podría romper esta medida de seguridad de las comunicaciones digitales. También ha guardado silencio sobre Telegram.
Hay demasiados interrogantes que impiden saber si estamos ante un ejercicio normal de la regulación de plataformas o se trata de una peligrosa intromisión estatal en la libertad de expresión
La lista sigue. “La mejor opción en estos momentos sería la cautela, porque todavía no tenemos todos los datos. Me temo que esa es la opinión más sensata”, dice Joan Barata, experto en libertad de expresión en el ámbito digital y asesor de organizaciones como el Consejo de Europa o la Organización de Estados Americanos. “Hay demasiados interrogantes que impiden saber si estamos ante un ejercicio normal o esperable de lo que podríamos llamar regulación de plataformas o se trata de una peligrosa intromisión estatal en la libertad de expresión”, avisa en conversación con este medio.
Barata explica que en este momento hay varios escenarios posibles que han podido motivar la detención de Dúrov. El primero de ellos sería que el Estado francés quiere presionarlo para que abra un agujero en su cifrado que puedan utilizar sus servicios de inteligencia. Una opción que resultaría “muy problemática”, ya que “estaríamos en una dinámica más propia de países autoritarios”, destaca.
“Distinto sería si lo que sucede es que hay una serie de contenidos que no están cifrados con relación a los cuales la justicia francesa le pide que colabore, retirándolos, y lo que ocurre es que Telegram se ha negado porque considera que no es ilegal”, continúa el especialista. “En ese caso existen una serie de protecciones para las plataformas, que actúan como intermediarios y no son directamente responsables del contenido. Hay margen de defensa y habría que estudiar con detalle los casos concretos”.
Por último, hay una tercera posibilidad. “Si el contenido es manifiesta y absolutamente ilegal, como pornografía infantil o terrorismo, y a Telegram se le ha notificado en tiempo y forma correctas por la Policía o la justicia, pero aun así se ha negado a retirarlo o colaborar”, expone: “Ahí entraríamos en un supuesto en el que se le podría exigir una responsabilidad”.
Entre los cargos que cita Barata están algunos de los que la Fiscalía ha acusado a Telegram, quien niega cualquier implicación. “Es absurdo afirmar que una plataforma o su propietario son responsables del abuso de esa plataforma”, ha afirmado en un comunicado: “Telegram cumple con las leyes de la UE, incluida la Ley de Servicios Digitales: su moderación se encuentra dentro de los estándares de la industria y mejora constantemente”.
Telegram no es una app cifrada de extremo a extremo por defecto
Parte de las críticas contra la detención de Dúrov se basan en el supuesto cifrado de extremo a extremo que aplica Telegram a las comunicaciones de sus usuarios. Esta medida de seguridad impediría que la plataforma accediera al contenido de los mensajes y, por tanto, que pudiera colaborar con la justicia para dar datos de los criminales que utilizan su servicio. Pero esto no es cierto.
Telegram no utiliza el cifrado de extremo a extremo por defecto en su sistema. Este solo está activado en los “chats secretos”, como los denomina la empresa. Se trata de mensajes directos con otro usuario que solo se habilitan cuando ambos lo seleccionan. La opción para hacerlo está relativamente oculta dentro de la aplicación, ya que es necesario abrir el chat personal normal (sin protección) con otro miembro de Telegram, ir a su perfil y seleccionar la opción “más” en el menú, donde aparece la opción “iniciar chat secreto”.
El resto de los chats y los canales públicos están cifrados con un método que no es el conocido como “de extremo a extremo” (en el que solo los intervinientes en la conversación pueden descifrar los mensajes porque solo ellos tienen las llaves) sino con un cifrado propietario que proporciona Telegram. Es decir: a un tercero le resultaría muy complicado interceptar una conversación desde fuera de la app, pero la plataforma tiene acceso a todos los datos de las comunicaciones.
“Amigos, Telegram no es una aplicación de mensajería cifrada de extremo a extremo como Signal o WhatsApp”, ha recordado Eva Galperin, directora de ciberseguridad de la EFF. “Es una aplicación de redes sociales cuyo contenido es todo público, en la que se puede activar la mensajería cifrada con criptografía cuestionable que la mayoría de la gente ni siquiera se molestan en usar”, añadía: “¿Sabéis qué más nunca está cifrado de extremo a extremo en Telegram (a diferencia de Signal y WhatsApp)? Los chats grupales. La cantidad de usuarios de Telegram con los que hablo que piensan que sus chats grupales son cifrados es… mucha”.
Algunos de los mayores expertos en criptografía del mundo, como Matthew Green, profesor en la Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EEUU), han recordado este hecho al hilo de la detención. “Espero que el arresto de Pável Dúrov no lleve a que él o Telegram sean presentados como héroes de la privacidad. Telegram ha actuado sistemáticamente para recopilar enormes cantidades de datos privados innecesarios en sus servidores, y su única medida para protegerlos era ”confía en nosotros'“, ha publicado.
“Durante años, la gente les rogó que implementaran un cifrado predeterminado, aunque fuera rudimentario, y se negaron rotundamente a hacerlo. Su respuesta fue trasladar sus centros de datos a varios países de Oriente Medio y argumentar que eso hacía que sus datos estuvieran a salvo”, ha continuado.
Green afirma que esta práctica ha convertido a Telegram “en una aspiradora de datos gigante” mientras se publicitaba como una opción segura para insurgentes por su política de no colaboración con las autoridades, lo que también la ha hecho atractiva para criminales. “Objetivos obvios para el espionaje”, destaca el profesor: “Prácticamente estás rogando que alguien venga a buscar la pila de datos resultante, con o sin tu cooperación”.
“Puedes creer que Telegram tenía un objetivo malicioso al hacer esto. Puedes asumir que fueron simplemente negligentes. No me importa: los resultados son todos muy, muy malos”, concluía: “Así que, por supuesto, enfádate porque Francia esté utilizando poderes legales extraños para detener a Dúrov. Se siente legítimamente mal. Pero no hay que idolatrar a esta gente. Sabían exactamente lo que estaba en juego y podrían haber hecho cosas reales para proteger a sus usuarios vulnerables. Pero no lo hicieron”.