La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha ratificado este miércoles en Gran Canaria el primer tratado intergubernamental para permitir a la policía y las agencias de seguridad el acceso a los datos personales en poder de las empresas privadas. La organización supranacional recalca que su objetivo es “salvaguardar la privacidad y otros derechos humanos” pero su publicación ha estado rodeada de polémica por las acusaciones de que ha sido negociado a puerta cerrada y sin supervisión pública.
Así lo ha denunciado el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil y de la Información de la OCDE (CSISAC, por sus siglas en inglés), que ha publicado un comunicado alertando de lo sucedido. “Vimos una versión inacabada del texto con la que teníamos preocupaciones significativas, pero nunca recibimos el documento final por adelantado, ni se nos invitó a proporcionar comentarios sobre el mismo bajo embargo”, revelan.
“No hemos tenido tiempo de revisar por completo el documento final, pero muchos de los problemas siguen ahí”, advierten en conversación con este medio Pam Dixon y Carolina Botero, miembros de CSISAC y responsables de la ONG World Privacy Forum y de la Fundación Karisma, respectivamente. “No hay una correcta separación de poderes y no se protege correctamente la libertad de expresión”, denuncian.
No hay una correcta separación de poderes y no se protege correctamente la libertad de expresión
Ambas especialistas destacan que es la primera vez que la OCDE les baja la persiana en sus negociaciones. “La supresión de la voz de la sociedad civil en uno de los proyectos más delicados e importantes de la OCDE sienta un peligroso precedente”, se queja el comunicado oficial de CSISAC, formado por múltiples organizaciones de defensa de los derechos humanos y expertos individuales.
El secretario general de la OCDE ha evitado referirse a esa expulsión de la sociedad civil de las negociaciones del tratado. “En última instancia el trabajo para finalizar esta declaración se lleva a cabo a través de nuestro Comité de Política de Economía Digital, con representantes de todos los gobiernos y de la Unión Europea. Todos esos gobiernos, por supuesto, también colaboran con la sociedad civil y otras partes interesadas, según proceda”, ha manifestado Mathias Cormann tras ser preguntado por elDiario.es sobre esta cuestión en rueda de prensa.
Interceptar datos internacionales
El acuerdo se centra en cómo pueden interceptar los flujos de datos personales transfronterizos las fuerzas de seguridad de los 38 países de la OCDE. La organización enfatiza que la falta de un marco común para la actuación de la policía en este campo estaba provocando problemas en las transferencias internacionales de datos, que considera “fundamentales para la transformación digital de la economía mundial”. Un ejemplo de esta situación se da entre la UE y EEUU, donde el Tribunal de Justicia de la UE ha tumbado el pacto de transferencia de datos hasta en dos ocasiones por la capacidad que otorga a las agencias de seguridad estadounidenses para acceder a los datos de los europeos sin control judicial.
EEUU ha sido uno de los países que han presentado las conclusiones del pacto, junto a Japón, Dinamarca y España. “Es el resultado de un extraordinario esfuerzo de profesionales de la seguridad junto con expertos en privacidad”, ha resaltado Nathaniel Fick, embajador para la ciberseguridad y política digital de EEUU. “Esta Declaración detalla cómo las democracias protegen los derechos individuales en el contexto del acceso gubernamental a datos privados”, ha resumido: “Fomentará la confianza entre los gobiernos, las empresas y la sociedad civil. Así que manos a la obra para ponerla en práctica”.
Fomentará la confianza entre los gobiernos, las empresas y la sociedad civil. Así que manos a la obra para ponerla en práctica
Ana Sánchez Hernández, subsecretaria de Justicia, también ha defendido la necesidad de aprobar un tratado como el presentado este miércoles. “Vivimos en un mundo globalizado en el que las amenazas que sufrimos las democracias consolidadas son comunes, todas las compartimos y todos necesitamos de todos para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos”, ha expresado.
Dixon y Botero, del CSISAC, recalcan que otro de los peligros del acuerdo y de que este no incluya las suficientes salvaguardas para los ciudadanos trasciendan las fronteras de la OCDE. “La OCDE es un club de países ricos que cuentan con sociedades civiles fuertes que pueden protestar. Pero muchos países del Sur Global tomarán este documento y con la excusa de que viene de una organización como la OCDE, lo usarán para hacer un copia-pega y rebajar la protección de los derechos humanos”, lamentan.
elDiario.es ha preguntado también por su posición respecto al tratado a las dos principales patronales tecnológicas españolas, Adigital y DigitalES, pero ninguna se ha posicionado de manera oficial.
La cumbre sobre economía digital de la OCDE en Gran Canaria finalizará este jueves tras reunir a más de medio centenar de delegaciones de otros tantos países. Es la primera vez que se celebra en Europa y uno de sus principales focos es potenciar ese flujo de datos transfronterizos, que la organización calcula que aportará 11.000 millones de dólares al PIB mundial en 2025.