Los colectivos críticos con la directiva de copyright acordada por la UE preparan “la batalla final” para tumbarla
Es muy infrecuente que el Parlamento Europeo tome una decisión así. A esta cámara le corresponde la última palabra sobre las directivas europeas, que tras meses (o años) de negociaciones se someten al voto de 751 eurodiputados en un todo o nada: si se aprueban, los Estados miembros deben trasladarlas a su legislación. Pero si caen, el texto se quema y hay que empezar de nuevo. En ese punto se encuentra la directiva de copyright. A última hora del miércoles, las instituciones europeas pactaron la versión que someterán a ratificación en la Eurocámara, que no ha eliminado los polémicos filtros de contenido que deben revisar todos los contenidos que se suban a la red para censurar violaciones de copyright. No es habitual que los eurodiputados desmonten dos años de negociaciones, pero la votación final abre una ventana para tumbar la directiva. Sus críticos piensan aprovecharla: “Es la batalla final”.
Son palabras de Diego Naranjo, de European Digital Rights (EDRi), asociación de la que forman parte 39 organizaciones europeas e internacionales de defensa de los derechos digitales. Más de 80 se sumaron a su campaña contra la directiva que ya consiguió frenarla en julio, cuando se sometió a una votación parcial de la Eurocámara. La voz de alarma elevada entonces por estos colectivos tuvo múltiples ecos: desde prestigiosos tecnólogos al relator especial de la ONU para la libertad de expresión, pasando por una parte de la industria a la que el texto pretende proteger. Incluso la Wikipedia en varios idiomas fue a negro para mostrar su rechazo a los filtros de contenido, presentes en el artículo 13 de la directiva.
El objetivo era concienciar a los ciudadanos del peligro que, en su opinión, presentaba la directiva, para que fueran ellos los que socavaran el apoyo que tenía entre los eurodiputados. Esta vez, la estrategia será la misma: “Llamadas, emails y mensajes por redes sociales a través de Save Your Internet [la web de la campaña], y probablemente activistas desembarcando en Estrasburgo en las fechas clave”, explica Naranjo.
En julio, los eurodiputados sintieron la presión. Muchos se mostraron alarmados ante la avalancha de contactos. Lo comentaban en los pasillos del Parlamento, preguntaban a sus compañeros de escaño si ellos también estaban recibiendo cientos de emails de ciudadanos preocupados por la directiva. Funcionó: muchos retiraron su apoyo al texto. No obstante, este logró seguir avanzando tras una nueva votación en septiembre tras incluir algunas garantías más (como una excepción para las plataformas más pequeñas) pero conservó la idea del filtrado de contenidos.
La campaña contra la directiva denuncia que estos filtros son “máquinas de censura” por su carácter automático y su actuación previa a que las fotos, vídeos o comentarios lleguen a publicarse. Además, acusa a la UE de querer convertir a las plataformas en “la policía de Internet”. La UE los ideó como una forma de forzarlas a pagar por las licencias de derechos de autor de los contenidos que suben sus usuarios. Sin la licencia, debían impedir que llegaran a estar online en ningún momento, algo que, técnicamente, solo es posible mediante estos filtros. Hasta ahora un contenido solo podía ser retirado ante una reclamación del propietario de los derechos de autor posterior a su publicación.
Aún no se ha hecho oficial la versión definitiva de la directiva, pero la eurodiputada pirata alemana Julia Reda ha filtrado el documento resultante de las negociaciones finalizadas este miércoles. “No ha habido un cambio de escenario, por lo que la movilización se va a mantener. Los filtros siguen haciéndose obligatorios de manera implícita. No hay ninguna otra forma de imponer a las plataformas que lo que dice la directiva se lleve a cabo”, asevera Yolanda Quintana, coordinadora de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), una de las organizaciones españolas que participa en la campaña en contra de la directiva, junto a la Asociación de Internautas o el grupo hacktivista Xnet.
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La PDLI también lanzó una campaña contra la directiva de copyright, así como contra la reforma de la Ley de propiedad intelectual en España. En ella participan abogados, académicos, periodistas, activistas y asociaciones de consumidores que también se han posicionado contra las dos normas. En el marco de la campaña, la PDLI publicó una encuestra elaborada por GAD 3 que mostró que el 69% opina que los políticos usan la regulación del copyright como una forma de recortar las libertades.
Todavía no hay fecha para la votación a todo o nada de la votación de la directiva de copyright, pero las últimas sesiones plenarias de la Eurocámara están agendadas para mediados de abril. Las semanas previas concentrarán la mayor presión para derribar el texto. En las cuentas de los activistas están también las elecciones y el posible miedo de los eurodiputados a tomar una decisión impopular poco antes de someterse a las urnas. También aparece la caída de ACTA, otra norma internacional de copyright que la diplomacia americana impulsó con todas sus fuerzas pero declinó ante la falta de apoyo, entre otros, de la UE. Aquello ocurrió antes las elecciones europeas de 2012.
