El Ministerio de Trabajo prometió ser “flexible” las primeras semanas, pero el tiempo corre. El Gobierno hizo obligatorio el registro de las horas extra a partir del 12 de mayo, pero las negociaciones entre trabajadores y empresarios siguen atascadas en muchas empresas. Las dificultades iniciales, como la flexibilidad de horarios o las tareas fuera del centro de trabajo, siguen presentes. En esta tesitura, optar por una app como solución neutral y fácil de implementar gana peso. Los expertos avisan: en la mayoría de ocasiones estas apps no son neutrales, sino que fueron desarrolladas para dar una capacidad de control al empresario mucho mayor que la que tenía previamente y que no tiene nada que ver con el registro horario.
Desde Trabajo explican que el Ministerio no cuenta aún con estadísticas sobre qué métodos están eligiendo las empresas para adaptarse al Real Decreto sobre el control horario. No obstante, la demanda de estas aplicaciones vivió una explosión tras su entrada en vigor, explica el responsable de una empresa proveedora de dos de ellas a eldiario.es. Lejos de centrarse en los días anteriores y posteriores, las peticiones de información para implementarlas “se mantienen, y todo apunta que se van a seguir manteniendo hasta verano, cuando esto tenía que haberse cerrado antes del 12 de mayo”.
“Lo que nosotros ofrecemos es un sistema completo de oficina que se complementa con una app. La app es un gajo más”, explican las mismas fuentes. No es un caso aislado, puesto que la mayoría de aplicaciones que hoy hacen su agosto como método para cumplir con el registro horario forman parte en realidad de tecnologías pensadas para aumentar la productividad a través de numerosas funcionalidades más.
Los algoritmos pensados para medir y mejorar la productividad necesitan comer. Su nutriente principal son datos de los trabajadores. Este es el factor que más preocupa a los expertos, puesto que para implementar este tipo de tecnologías los trabajadores deben conceder acceso a datos personales como información biométrica o su geolocalización, algo que en principio no es necesario para cuantificar horas extra.
“Muchas empresas están aprovechando lo del control horario para hacer un control al trabajador, y esa no es la idea”, denuncia Samuel Parra, abogado experto en protección de datos. “En todo caso se debe seguir un principio de proporcionalidad, puede ser que por el trabajo concreto del empleado sea necesario hacer una geolocalización, pero en la mayoría de los casos no será así. Todo tratamiento de datos personales excesivos para la finalidad que se persigue (se supone que para llevar el registro horario) sería ilícito. De hecho estoy convencido que dentro de un año empezaremos a ver multas de la AEPD [Agencia Española de Protección de Datos] a empresas por sobrepasar estos límites”, adelanta.
Coincide Gemma Galdón, directora de la Fundación Éticas, que promueve la implantación responsable de nuevas tecnologías. “Lo que vemos es una dinámica constante en la que cada tecnología que entra en el lugar de trabajo no es para beneficio del trabajador, sino para beneficio del empresario”, avisa la experta, que colabora con Comisiones Obreras en un proyecto para mejorar la preparación de los representantes de los trabajadores para enfrentar este tipo de retos.
“No es un tema tecnológico, las tecnologías podrían defender a los trabajadores y apoyar sus derechos, pero hemos detectado que hay un sesgo de que todo lo que entra en el lugar de trabajo tiene que beneficiar de una forma u otra al empresario”, revela Galdón. “En el tema de las horas extra los empresarios tienen la necesidad de ver: bueno, ¿y yo qué gano con esto? Así que la industria desarrolla tecnologías con las que les venden que el trabajador va a fichar, pero el empresario va ganar X funcionalidad o capacidad de control que antes no tenía”, detalla.
Solo lo necesario (y siempre previa explicación)
La recomendación de Galdón a los empresarios es evitar caer en la tentación de aprovechar el control horario para implementar toda una suerte de nuevas herramientas que no se ha analizado en profundidad. “Las empresas muchas veces te venden cosas que son así como del futuro y que en realidad no funcionan. Eso sí que lo estamos viendo en tecnologías de control de entrada, salida y rendimiento laboral ya implementadas”.
Jorge Morell, jurista experto en tecnología que ha colaborado con el diseño de la política de privacidad de apps de este tipo, expone que los empresarios deben hacer un empleo ponderado de las posibilidades de las nuevas tecnologías si no quieren solucionar un problema legal (registro horario) para crear otro (abuso de la privacidad de los trabajadores).
“El empresario es el responsable del tratamiento de los datos de los empleados. Si contrata un servicio que implica algo que se salga de lo común, como una geolocalización, tiene que analizar si la misma es proporcional o si existen otras alternativas más idóneas que no impliquen esa recopilación de datos”, resume el jurista, que recuerda que también es responsabilidad del empresario informar a los trabajadores sobre todas y cada una de las nuevas recopilaciones de datos que requieran las herramientas que se implementen.
Para todos los expertos consultados la regla está clara: si no es absolutamente necesario implementar sistemas que recojan datos biométricos (huella o cara, por ejemplo) o geolocalicen al trabajador, “hay que sugerir otras alternativas”. “Si no, al final pasa lo de siempre: se contrata algo, se implanta alegremente y cuando ya está todo implementado es cuando llaman para preguntar si es proporcional”, recuerda Morell.
La privacidad siempre fue el reto
Los sindicatos y, especialmente, las patronales de empresarios sitúan la garantía de la intimidad y privacidad de los trabajadores como uno de los retos más destacados en la implantación de algunos sistemas digitales de registro de jornada, según explicaron fuentes de ambos colectivos a eldiario.es los días previos a su entrada en vigor.
En las reuniones previas al arranque de la medida, la propia Inspección de Trabajo advirtió a los agentes sociales en una reunión informativa sobre este tema, como una de las derivadas a las que prestar atención si se aplican métodos como el control horario mediante la huella digital o a través de apps instaladas en los teléfonos móviles de los empleados.
Fuentes patronales reconocieron a eldiario.es la preocupación de los empresarios con este tema, ya que las multas de la Agencia de Protección de Datos son cuantiosas, más que la suma de una falta grave laboral por no aplicar el propio registro de jornada (de un máximo de 6.250 euros).
Llegar a acuerdos entre los representantes de los trabajadores –si los hay– y la dirección de las empresas es fundamental, sostienen desde los sindicatos mayoritarios, para que la plantilla conozca y autorice qué datos personales se recabarán, cómo se hará y para qué se usarán. Pero, en última instancia, el decreto que regula el registro horario deja en manos del empresario la responsabilidad de implantar el registro de jornada y este es el que debe garantizar que no se vulneran estos derechos a la intimidad y la privacidad.