Criptomonedas con energía renovable. Todo el mundo decía que era una gran idea. Pero algo falló en el intento de Cryptosolartech, la empresa malagueña que quiso crear la granja de minería de criptomonedas más grande del sur de Europa y construir varias plantas fotovoltaicas en Sevilla para energizarla. Tres años después de que su iniciativa apareciera en casi todos los medios del país no hay ni rastro de la granja ni de las plantas. Muchos de sus inversores siguen sin saber qué ocurrió con su dinero.
Uno de las grandes críticas que persiguen a las cadenas de bloques (blockchain) es su impacto medioambiental. Esta redes funcionan como un libro de contabilidad pública que registra todas las transacciones y contratos, por lo que nadie puede cambiar ni una coma sin que el resto de miembros lo detecten. Cada nuevo paquete de información se añade con un bloque que se coloca tras el anterior, formando la denominada cadena. El problema es que escribir cada nuevo bloque requiere grandes cantidades de energía. El consumo aumenta con cada bloque.
No hay cifras exactas sobre la huella de carbono que dejan las redes blockchain públicas, puesto que la infraestructura que las sostiene está totalmente descentralizada. La gran mayoría de negocios que se encargan de escribir los nuevos bloques, conocidos como granjas de minería, lo hacen desde China. Los datos que llegan sobre qué porcentaje de energía limpia usan o cómo de eficiente es su equipamiento informático son poco precisos y no demasiado fiables. Pero se sabe que es enorme: solo la red Bitcoin, una de las múltiples cadenas de bloques que existen, consume tanta electricidad como Polonia.
El problema de sostenibilidad de blockchain ya estaba sobre la mesa en el primer boom de las criptomonedas, allá por 2017. Pero también se sabía que eso no iba a ser obstáculo para que la industria de las granjas de minado siguiera creciendo. Es muy rentable: añadir un nuevo bloque a la cadena supone un premio en criptomonedas, que se suma a la tarifa que los mineros cobran a todo aquel que quiera registrar sus transacciones en ese bloque. Por eso cuando un grupo de jóvenes empresarios propusieron llevar ese negocio a Andalucía y aprovechar la experiencia puntera española con la energía solar, fueron rápidamente aplaudidos en los círculos de emprendimiento. Las principales agencias y medios se hicieron eco.
La iniciativa tomó la forma de Cryptosolartech. Su primera misión era conseguir los fondos necesarios para llevar a cabo el proyecto, que incluía una granja en Málaga con 3.000 servidores para minar bitcoins y ethers, el criptoactivo de Ethereum, así como la construcción de dos plantas fotovoltaicas.
Aconsejados por un gurú de marketing, los responsables de Cryptosolartech contrataron a dos asesores para que les ayudaran a comunicar el proyecto y aportaran su experiencia. Uno fue Josef Ajram, conocido influencer de la emprendeduría patria. El otro era Àlex Sicart, un joven de 18 años recién cumplidos.
Sicart se había hecho un nombre en los círculos de startups tecnológicas españolas al ser citado por Forbes como uno de los jóvenes europeos menores de 30 años más influyentes. A los 10 años aprendió a programar de forma autodidacta, con 11 se construyó un ordenador de cartón, diseñó su primera app tras cumplir 13 y a los 16 las multinacionales digitales se lo rifaban para becarlo y que participara en proyectos juveniles en Silicon Valley. Antes de cumplir la mayoría de edad ya cobraba sumas importantes por participar en charlas sobre innovación, tecnología disruptiva y startups.
“El niño prodigio de la tecnología”
No hay fotos de él con la capucha de la sudadera puesta, pero el perfil de Sicart como adolescente con una mente privilegiada para el código informático conectaba muy bien con el imaginario colectivo. Un joven genio, “el niño prodigio de la tecnología”, le definió El País en un reportaje donde explicaba sus ideas sobre cómo iba a evolucionar el mundo digital.
Pero su fichaje no solo pretendía unir la marca Cryptosolartech a la marca Sicart. El joven había cofundado Sharge, una startup de puntos de recarga para vehículos eléctricos, y trabajaba en otra plataforma para transferir ficheros “a través del nuevo Internet, llamado blockchain”. Crytosolartech le encargó el desarrolló del software que iba a gestionar el uso de la energía solar para nutrir a los 3.000 servidores pero también para evitar la pérdida de la potencia excedente. El plan de la granja malagueña preveía crear una red P2P para redistribuir esa energía sobrante entre los consumidores y, con el tiempo, llegar a funcionar como un suministrador alternativo de electricidad. “Era uno de los puntos fuertes”, dice a elDiario.es Pablo Alonso, cofundador de Crytosolartech.
Respaldados por Sicart y Ajram, Cryptosolartech empezó a organizar conferencias por toda España para convencer a los inversores de las virtudes del proyecto durante el verano de 2018. Su modelo de negocio incluía la venta de tokens que equivalían a alquilar una parte de la potencia de cálculo instalada en la granja de minería.
Lo consiguieron. La inversión mínima para garantizar la viabilidad del proyecto eran 900.000 euros. Lograron llegar a los 63 millones de euros. Un cuarto de millón correspondía a pequeños inversores. Todo estaba listo para empezar a andar.
En este punto la historia se bifurca. A un lado quedan los pequeños inversores que compraron los tokens de Cryptosolartech. A día de hoy, mayo de 2021, no han vuelto a saber nada del proyecto ni del dinero.
Al otro lado, tras el muro de silencio que levantó la empresa sobre lo que ocurría de puertas adentro, se coció una historia de engaños, inversores que desaparecen y presuntos boicots. El otrora prometedor proyecto para minar criptomonedas en Málaga con energías renovables derivó en una denuncia penal de la empresa contra varios extrabajadores y el inversor mayoritario que ha provocado la imputación de Àlex Sicart. El Juzgado de Instrucción nº9 de Málaga aprobó el pasado 9 de mayo una comisión rogatoria a Venezuela, donde el joven se marchó tras salir de Cryptosolartech, para que declare por presuntos delitos de revelación de secretos, contra la propiedad industrial y contra el mercado y los consumidores.
Los 50 millones de Venezuela
Según explica la denuncia de Cryptosolartech, a la que ha tenido acceso este medio, la cadena de hechos que han desembocado en la imputación del “niño prodigio de la tecnología” comenzaron tras uno de los actos de promoción del proyecto en Barcelona. Por allí se dejó caer Arthur Weisman, director financiero de Montbrun Private Capital, propiedad de un empresario venezolano llamado Leonardo Montbrun.
Weisman se dejó cortejar por el potencial de Cryptosolartech y prometió hablar a su jefe de la iniciativa. Días después se cerraba un pacto verbal por el que Montbrun, que entonces tenía 28 años, se comprometía a invertir 50 millones de euros en el proyecto. El acuerdo llegó a incluir un viaje a Nueva York de toda la directiva de Criptosolartech para conocer personalmente a Montbrun, que cuenta en su web que consiguió sus primeros cuatro millones de dólares con una agencia de viajes y ahora se dedica a la inversión en blockchain y fintech (tecnología financiera).
La inversión de Montbrun representaba la mayor parte de los 63 millones que había levantado Cryptosolartech, que reescribió su hoja de ruta para darle uso a todo ese nuevo caudal financiero. Contrataron a 20 personas y aumentó la capacidad de minado planeada. Montbrun se involucró personalmente en el proyecto: este medio ha tenido acceso a las conversaciones en varios grupos de WhatsApp en los que el empresario venezolano hace indicaciones a los trabajadores de Cryptosolartech y da el visto bueno a la publicación de una nota de prensa sobre su inversión en la compañía.
Pero los meses pasaron y el dinero de Montbrun no llegó nunca. “Ahora mismo la verdad es que dudo de que esos 50 millones llegasen a existir”, reconoce Alonso. La denuncia de Cryptosolartech, que también se dirige contra el propio Leonardo Montbrun y Daniel Paloma, director general de Montbrun Private Capital, enumera cómo los empresarios fueron cambiando las condiciones del acuerdo repetidas veces, hasta desparecer completamente.
No obstante, en el lapso de tiempo en el que el empresario venezolano se acercó a los trabajadores de Cryptosolartech se fraguó una relación entre él y Àlex Sicart.
De minar criptomonedas a las remesas de Venezuela
Corrían los meses de otoño de 2018 y el software en el que colaboraba el “niño prodigio” de Cryptosolartech había tomado velocidad y ya era una de las partes con más potencial del proyecto. Su sistema descentralizado para compartir la energía de las plantas solares con otros consumidores y evitar la pérdida de los excedentes, bajo la forma de un marketplace, también había llamado la atención Montbrun. El proyecto se había constituido en una línea de negocio independiente de Cryptosolartech a petición de Sicart. Recibió el nombre de Shasta, un volcán situado en California (EEUU), al que en círculos esotéricos se asocia con la concentración de energía cósmica.
Según la denuncia que investiga el Juzgado de Málaga, la última jugada de Montbrun antes de desaparecer consistió en una oferta para comprar el 51% de la empresa matriz de la que dependían tanto Cryptosolartech como Shasta, que recibió una respuesta negativa. Poco después, Sicart se desvincula de Cryptosolartech y crea Shasta Technologies, “una empresa que ofrece soluciones financieras óptimas y accesibles para cualquier persona”. Tiene otros dos socios fundadores: Leonardo Montbrun y Daniel Paloma.
Cryptosolartech asegura que fue víctima de una pinza. Según su cronología de los hechos, apoyada con informes periciales a los que ha tenido acceso este medio, antes de abandonar el proyecto Sicart publicó en abierto el código informático en el que estaba trabajando sin el consentimiento de la empresa, que luego utilizó como base de Shasta Technologies. La misma noche en la que comunicó su salida de Cryptosolartech procedió a vender todos los tokens con los que se le había remunerado, algo que tenía prohibido por contrato y que hundió el valor de esos activos en el mercado.
En una conversación con elDiario.es desde Venezuela, Álex Sicart asegura que “nada de lo que pone en la demanda es cierto”. Explica que Shasta siempre fue “un proyecto separado de Cryptosolartech” que “cada uno podía utilizar como quisiera”.
“CryptoSolar era un proyecto de energía blockchain y yo estoy en la fintech, que no tiene nada que ver con criptomonedas. Nosotros somos una pasarela de pagos y envío de remesas centralizada que no tiene nada que ver con la energía. Es imposible utilizar un código de blockchain en algo así”, expresa.
La descripción de Shasta Technologies de Sicart choca con la que hace Montbrun en su página web, donde la define como “un marketplace basado en blockchain, que permite solicitar dinero, e-money y criptomonedas, así como hacer transacciones fintech entre cualquier empresa o persona que estén dentro de la plataforma”.
Sicart manifesta además que su declaración oficial en el proceso penal ya se ha producido, tras la cual el juez “desestimó la mayor parte de las acusaciones”. El joven se comprometió a enviar los documentos que lo atestiguan, algo que no se ha producido al cierre de esta información y tras nuevas peticiones por parte de este medio. Cuando elDiario.es los ha solicitado a su abogado, este ha comunicado que no cuenta con la autorización de su cliente para hacerlo.
La afirmación de Sicart sobre su declaración contrasta con la aprobación de la comisión rogatoria a Venezuela. Este proceso consiste en una petición especial de la justicia española para que un tribunal del país latinoamericano le tome declaración, después de que el joven se declarara como residente en Venezuela y ante la imposibilidad de venir a España “por la pandemia”.
Los pequeños inversores se organizan para denunciar
Lo ocurrido con Sicart, Montbrun, el presunto robo del código informático que iba a utilizar Cryptosolartech y el supuesto boicot contra los tokens de la compañía es una historia que ha permanecido oculta para los pequeños inversores de la granja de minería malagueña. A esa opacidad se ha sumado el hecho de que en los últimos dos años y medio Cryptosolartech ha desaparecido sin dejar rastro: sus perfiles en redes están inactivos, su página web sigue informando de que el proyecto está en marcha y las plantas solares “en construcción” desde 2018.
Este medio comenzó la investigación del caso a raíz de la acción de un grupo de propietarios de tokens que se han organizado para denunciar por la vía civil a la empresa. Esta se negó a devolver el dinero tras una primera demanda de conciliación a nombre de cuatro de ellos. “¿Por qué no nos dijeron que habían interpuesto una demanda contra Sicart y Montbrun durante la conciliación? La opacidad que han tenido es inadmisible, no pueden dejar tirados a sus inversores minoristas de la forma en que lo han hecho”, protesta Francisco Javier Hernández, abogado de Misletrados.com que los representó.
El letrado avisa que está preparando una nueva acción legal de un grupo de 20 personas que compraron tokens de la granja de minado. Desde Cryptsolartech reconocen que “la comunicación ha fallado”. “Hubo unos meses de impasse, de analizar cómo se podían encajar todos estos golpes y ver cómo se podía recomponer la empresa”, explican.
Según expone a este medio su fundador, Pablo Alonso, Cryptosolartech devolvió unos 13 millones de euros a inversores mayoritarios después de que Montbrun desapareciera del mapa. No obstante, no ocurrió así con los tokens de los pequeños inversores, que sumaban 221.000 euros. Asegura que esta suma ha ido resarciéndose poco a poco y ya solo queda por reembolsar aproximadamente la mitad, 110.000 euros. “El objetivo es devolver la inversión a los token holders antes de agosto de este año”, adelanta. La empresa también les ofrecerá la posibilidad de sumarse a las acciones judiciales contra Sicart y Montbrun.
En cualquier caso, asegura que Cryptosolartech aún no ha dicho su última palabra y anunciará nuevos proyectos próximamente.