Por qué el DNI electrónico falló en España

El DNIe se puso en marcha durante el mes de febrero de 2006 y desde entonces se han emitido 36 millones de unidades, cubriendo a una gran parte de la población (España tenía 47 millones de habitantes, a enero de 2013, según el INE). Sin embargo, el certificado apenas está implantado entre el sector privado y los ciudadanos ni siquiera lo usan para sus gestiones con la Administración pública.

Tras más de siete años y medio de funcionamiento de la certificación digital y un fracaso generalizado en su falta de adopción, la Dirección General de la Policía está pensando en crear una nueva versión, lo que podría ser el DNI 3.0. Es un proyecto que aún está en ciernes, según apuntan desde la Policía, aunque su Plan Estratégico para los próximos tres años contempla la introducción del nuevo recurso antes de 2016, tal y como recoge Seguridad y Tribunales.es.

La intención del DNI 3.0 sería reforzar la seguridad de la versión actual, pero sobre todo lograr que los ciudadanos lo utilicen, tanto para tratar con las administraciones públicas como para actividades comerciales. El factor técnico o la formación de cada persona tampoco deberá ser un impedimento para usar el nuevo recurso. De nada sirven todas las posibilidades del DNI electrónico si nadie las aprovecha: ésta parece ser la conclusión.

Las razones por las que el DNIe no se usa

El fracaso en la implantación real del DNIe se sustenta en varios aspectos, algunos de los cuales se retroalimentan entre sí y todos ellos han impedido que el proyecto haya llegado a buen puerto. Cuando alguien renueva su Documento Nacional de Identidad o se emite uno nuevo, la tarjeta contiene un chip con dos certificados electrónicos. Uno de ellos sirve para la autenticación, para verificar la identidad en Internet, mientras que el segundo permite firmar documentos con validez oficial, como contratos.

Sin embargo, la existencia del DNI electrónico como tal no lo hace útil sino que son organismos y empresas quienes tienen que integrarlo para darle un valor añadido. “Es necesario que se desarrollen servicios, que pueden ser desarrollados por la propia empresa internamente o se puede acudir a un tercero”, comenta David Blanco, CEO de Tractis, una empresa que desarrolla servicios para aprovechar el uso del DNI electrónico.

“No puedo dar cifras concretas pero sí que puedo dar una apreciación sobre los volúmenes. Y son relativamente muy bajos en comparación con el gran parque de DNIs electrónicos que se ha emitido en España”, apunta Blanco, en referencia al registro que tiene su compañía sobre el uso del DNIe. A la certificación digital se le achacan muchos defectos, pero algunos de ellos se han ido corrigiendo con el tiempo. La dificultad para utilizarla es uno de ellos, pero a estas alturas existen servicios que aligeran la burocracia informática del sistema de la Policía. Ya sólo es necesario introducir la contraseña una vez y no hay que pelearse con los drivers antiguos para la instalación.

Pero otros problemas no se han limado con el tiempo. “El DNI electrónico sin lector es como una bicicleta sin ruedas”, afirma Blanco. “Si se reparten 37 millones de bicicletas entre la población y se está esperando que la población empiece a caminar con ellas, algunos se comprarán ruedas y las pondrán, pero la mayoría mientras no vea un valor derivado de incurrir en ese gasto no lo hará. Tenemos millones de bicicletas repartidas sin ruedas. Sólo se ha desplegado una parte del producto”.

La Dirección General de la Policía, impulsora del proyecto, mantiene una posición fija respecto a la entrada del sector privado. Si desea aprovechar las capacidades del DNIe deberá comprar los dispositivos lectores, pero las empresas no están dispuestas a hacer esa inversión mientras sus competidores no utilicen la tecnología. Estamos ante la pescadilla que se muerde la cola: al fallar el hardware para el uso del DNI electrónico ninguna compañía decide poner servicios en torno al certificado y al no existir estos servicios nadie compra el hardware.

La clave está en el valor añadido que podría aportar el DNIe, pero el sector privado no ofrece aprovechar el recurso. Blanco recuerda el anuncio que hicieron algunos bancos, promocionando un aumento de la seguridad porque los clientes podrían acceder a la oficina online mediante su DNI electrónico. “Esto es lo opuesto a valor añadido, es perjuicio añadido”, sentencia Blanco. Y es que una mayor protección no vale nada cuando resulta mucho más sencillo poner el PIN bancario que conectar el dispositivo y autentificarse con el DNIe.

Conflictos de intereses

Hay más impedimentos que frenan la adopción del DNI electrónico. El DNIe surgió en principio del seno de la Dirección General de Policía, que lo creó con el fin de facilitar su tarea, es decir, para mejorar el control de la población. Pero al ser un desarrollo tan costoso el gobierno en aquel momento pensó que se podía aprovechar también para el sector privado, en lugar de dedicarse sólo a funciones públicas. De paso, las empresas podrían contribuir a la difusión y el gasto se repartiría.

La Policía no quiere tener nada que ver con algo que no esté dentro de su misión, por lo que es necesario un nuevo organismo. Aquí entró Red.es, con el objetivo de fomentar el producto entre el sector privado. Red.es dispone de financiación, pero no tiene control sobre el DNIe porque éste está controlado por la Dirección General de la Policía. Sin embargo, cuanto más se utilice el certificado digital entre las empresas, las autoridades tendrán que lidiar con más datos, lo que podría generar más trabajo.

Por otra parte, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, una de las entidades que forman parte del comité de difusión del DNIe, tiene la misión de validar los certificados del DNI electrónico para el sector privado. Lo que ocurre es que este ente público empresarial, que depende de su cuenta de resultados para subsistir, ingresa dinero validando certificados electrónicos con formato de software (que ellos mismos emiten), lo que representa una competencia directa para el DNIe.

¿Será útil el nuevo DNI 3.0?

La seguridad es uno de los motivos que se esgrimen para lanzar una nueva versión de la certificación digital, pero a todas luces la razón principal es el poco uso que se hace del DNI electrónico. La pregunta que queda por responder es si este problema, de profundas raíces, se resolverá con la llegada de una actualización.

“Desconozco cuál va a ser la encarnación concreta del DNI 3.0, pero para que funcione lo que se despliegue en ese momento tiene que ser el producto completo. Si va a ser una tarjeta de contacto que se tiene que insertar dentro de un lector hay que desplegar lectores de contacto, si va a ser una tarjeta contactless hay que desplegar dispositivos contactless”, puntualiza Blanco, antes de añadir, “lo que hace falta es trabajar sobre el producto actual, arreglarlo, sacar conclusiones y aprender”.

Si las autoridades deciden introducir la tecnología contactless, NFC o cualquier otra que el sector privado vaya a adoptar por la dinámica natural del mercado, los dispositivos lectores estarán en las manos de los comercios, sin que éstos tengan que hacer una inversión suplementaria. Tal vez es el camino que perfilan los encargados de poner en marcha una nueva versión. Las riñas de intereses entre los organismos públicos son el otro escollo.