Un grupo de más de 300 investigadores expertos en privacidad y seguridad informática han firmado este lunes una carta abierta dirigida a los gobiernos para pedirles que eviten implementar soluciones tecnológicas en su lucha contra el coronavirus que “a la larga, puedan dar como resultado sistemas que permitan una vigilancia sin precedentes de la sociedad”.
“La actual crisis de COVID-19 no tiene precedentes y necesitamos formas innovadoras para salir de los confinamientos actuales”, reconocen en la misiva. Además, señalan que “las llamadas 'aplicaciones de rastreo de contactos' de los teléfonos inteligentes pueden mejorar la efectividad de la técnica de rastreo de contactos manual” para detectar los potenciales contagiados del virus, un aspecto considerado clave para frenar la enfermedad. No obstante, destacan que este tipo de tecnologías “solo deben usarse para respaldar medidas de salud pública para la contención de COVID-19. El sistema no debe ser capaz de recopilar, procesar o transmitir más datos de los necesarios para lograr este propósito”.
Los firmantes de la carta incluyen a investigadores de más de 25 países que están estudiando las diferentes alternativas sobre cómo implementar estas tecnologías de forma ética y segura. Una de ellas es Carmela Troncoso, ingeniera española del Instituto Federal de Tecnología de Lausana (Suiza), ámbito en el que se ha desarrollado el protocolo DP-3T una de las iniciativas más alabadas en este sentido.
La carta representa una llamada de atención a los estados en pleno debate jurídico y político sobre las iniciativas tecnológicas para rastrear a los contagiados de coronavirus tras los actuales confinamientos y evitar una segunda oleada de la enfermedad. Esta conversación es especialmente intensa en Europa, después de que tanto la Comisión Europea como la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendaran la semana pasada a los gobiernos la adopción de una tecnología digital común para rastrear los contactos de los contagiados.
Investigadores europeos, apoyados por gobiernos como el español, preparan un sistema basado en el bluetooth de los móviles con este objetivo. Sin embargo, en el seno de este consorcio ha surgido un cisma sobre quién almacena esos datos.
En este caso el debate gira en torno al uso de sistemas centralizados o descentralizados. En los primeros, la información de los contactos personales que ha tenido un ciudadano son almacenados en servidores del estado o algún ente europeo. En cambio, si se hace de forma descentralizada, esos datos solo se guardan en los móviles de cada ciudadano. No salen de ahí en ningún momento y no hay forma de que un tercero pueda consultar con quién ha estado en contacto una determinada persona.
“Algunas de las propuestas basadas en bluetooth respetan el derecho del individuo a la privacidad, mientras que otras permitirían (a través de un uso fraudulento) una forma de vigilancia del gobierno o del sector privado que obstaculizaría catastróficamente la confianza y la aceptación de dicha aplicación por parte de la sociedad en general”, avisan los firmantes de la carta.
En Europa, Alemania defiende la opción centralizada y dice que ya está preparada para lanzar un sistema basado en ella, aunque no lo ha hecho público.
En el otro lado se colocan este grupo de investigadores, las agencias de protección de datos europeas, el Parlamento Europeo y otro grupo de países en los que Suiza lleva la voz cantante. La Secretaria de Estado de Digitalización, nexo del Gobierno español con el PEPP-PT, apuesta también por el modelo descentralizado, según ha podido contrastar eldiario.es.