El Gobierno contrata a PwC para analizar cómo desarrollar la Carta de Derechos Digitales, una de sus medidas estrella

El Gobierno ha contratado a la consultora PwC para que estudie el impacto y qué posibles desarrollos puede tener la Carta de Derechos Digitales, aprobada en julio de 2021. El texto plasma sobre el papel una serie de nuevos derechos relacionados con las nuevas tecnologías, como los neuroderechos o la desconexión digital, aunque no tiene valor normativo. Es un documento político, que el Gobierno definió como la “brújula” que guiará sus actuaciones en el terreno digital y una de las medidas más importantes de la legislatura en este ámbito.

“Nos colocamos a la vanguardia mundial en la protección de los derechos de la ciudadanía”, afirmó el presidente Pedro Sánchez durante su presentación, en la que le acompañaron la vicepresidenta Nadia Calviño y las ministras de Justicia y de Ciencia e Innovación. “Su objetivo es proponer un marco de referencia para la actuación de todos los poderes públicos, no solamente del Gobierno de España”, añadió.

Según la formalización del contrato que ha aparecido este viernes en el BOE, el Ejecutivo pagará 73.260 euros a PwC para que estudie cómo desarrollar la Carta a partir de ahora. La consultora, una de las las llamadas Big Four (Deloitte, PwC, EY y KPMG), se ha llevado un contrato para el que se habían presentado otras dos ofertas y por el que el Gobierno había fijado un tope de 90.000 euros.

“La Carta recoge una serie de derechos que están asociados a muchas áreas, por lo que hay que hacer una ponderación de toda la normativa del sistema jurídico español”, explican fuentes de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA). “Hace falta hacer un levantamiento de información muy grande, porque por ejemplo la no discriminación por parte de los algoritmos no afecta sola a un artículo de la ley de Igualdad, sino que está diseminado por toda la normativa jurídica del Estado”.

“Lamentablemente, no tenemos los recursos para llevar a cabo ese análisis y necesitamos un apoyo para ver todos los artículos que hay que modificar para ir integrando todos los elementos de la Carta”, añaden las mismas fuentes sobre la contratación de PwC.

El contrato relativo a la Carta está englobado en un paquete de cuatro adjudicaciones más relacionadas con la asesoría jurídica relacionada con la sociedad digital. Además del análisis de posibles usos de la Carta, el Gobierno también ha solicitado ayuda para valorar las “implicaciones” de varias medidas propuestas por la Comisión Europea que afectarán a la moderación de contenidos en Internet, al tráfico de datos a través de las fronteras y a la privacidad.

Además del análisis de posibles usos de la Carta de Derechos digitales, PwC se ha llevado una adjudicación más, por otros 76.000 euros. Otro de los lotes ha caído en el despacho Cuatrecasas, en el que trabaja como socia la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; mientras que los dos restantes han sido adjudicados a consultoras de menor tamaño.

En total, el Ejecutivo pagará 403.000 euros por estos estudios, casi 200.000 menos de lo que había presupuestado. La estimación es que los trabajos los realizarán unas 15 personas, tres por proyecto. “Para la realización de dicha labor de evaluación y análisis, se estima necesaria la contratación de servicios externos a través de un contrato abierto, puesto que la Subdirección General para la Sociedad Digital y más globalmente el Departamento actualmente no disponen de personal cualificado suficiente”, justifica en la memoria de la contratación.