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Los rectores ceden al Santander la gestión de la app oficial de las universidades públicas

La appCRUE  permite al Santander hacerse con datos personales y académicos de alumnos y profesores

Carlos del Castillo / Laura Galaup

El Banco Santander ha abierto una vía para tener los datos personales y académicos de miles de universitarios españoles, sus profesores y el personal laboral de una quincena de universidades públicas y privadas, así como para ofrecerles en exclusiva sus servicios financieros de forma directa y personalizada. Lo ha conseguido gracias a la nueva aplicación oficial para teléfonos móviles de las universidades, promovida por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), a cuyo convenio y adenda ha tenido acceso este medio. A cambio, los rectores solo han solicitado que el Banco la desarrolle y gestione gratis. 

La AppCRUE, así han denominado a esta herramienta, facilita los servicios que ya estaban disponibles en los campus virtuales, la herramienta digital que todas utilizan para consultar las notas, horarios de sus clases, becas, eventos o charlas en sus campus o comunicarse con sus profesores. En este caso, la entidad ha desarrollado una aplicación para que ese sistema se pueda consultar en el móvil. La principal novedad en el contenido de la app es la oferta de productos financieros del Santander. 

Este nuevo apartado se encuentra en el menú principal de la app bajo la denominación de “Tú cuentas” o “Ventajas”. Accediendo a esta pestaña los usuarios de la AppCRUE están saliendo del paraguas de su universidad para iniciar una relación comercial individual con el Santander, aunque esta se desarrolle en el contexto de la “app oficial” de la institución, como han confirmado a eldiario.es el Banco y la CRUE (de la que forman parte todas las públicas y casi todas las privadas). En él la entidad bancaria también aporta información sobre becas y programas de movilidad internacional.

El convenio con la CRUE permite al Santander extraer datos estadísticos, pero anonimizados, del uso meramente académico de la app. No obstante, para acceder al apartado comercial, los usuarios de la app deben aceptar unas nuevas condiciones de uso, mediante las cuales aceptan la cesión de sus datos personales y académicos al Santander.

Una vez que el alumno o el profesional se descarga la aplicación, accede a este apartado –por mera curiosidad o confianza con la institución educativa– y acepta las políticas de privacidad, la universidad cederá al Santander y a Universia (una plataforma de la entidad bancaria) sus datos personales, su teléfono, su DNI, el campus en el que estudia y su teléfono móvil. En el caso de profesores y estudiantes, el banco también tendrá acceso a la carrera que cursan o en la que imparten docencia, así como a las asignaturas con las que mantienen vinculación. En suma, con tan solo acceder al apartado “Tú cuentas” y aceptar sus términos de uso, el banco puede acceder a todos los datos del usuario que guarde la universidad, excepto las notas.

Según el convenio, la información obtenida en el área comercial de la app será utilizada por el Santander para, entre otros objetivos, “elaborar perfiles con la finalidad de poder ofrecer a los usuarios las ofertas y los servicios financieros que mejor se adecúen al mismo”.

Ofertar productos que “mejor se adecúen” al usuario

eldiario.es ha contactado con varios juristas expertos en privacidad y protección de datos para recabar su opinión sobre el acuerdo entre la CRUE y el Santander. Yolanda Alba, del Bufet Almeida, detalla a este medio que el contrato de cesión de datos es correcto. “El Santander se hace con un gran número de datos, sí, pero si el usuario da su consentimiento no se puede hacer nada. Si lo consienten, a nivel legal no es excesivo”, afirma. La letrada explica que esto es cierto aún si los alumnos son menores de edad: “Si tienen edad para consentir sin la autorización de sus tutores, que es a partir de los 16, es correcto. Otra cosa es que no sean capaces de comprender lo que implica el contrato y la cesión de de sus datos al Santander y de ahí a terceros, algo que por cierto el convenio permite”.

Samuel Parra, consultor de ePrivacidad, eleva dudas acerca de la autorización del apartado comercial de la app y recalca que, a la postre, el único beneficiado de la relación universidades-Santander será la entidad. “Mi pregunta al leer el contrato es: ¿Qué necesidad cubre esta aplicación que no cubran ya las plataformas online de las universidades? Ninguna”, afirma. Es cierto en cuanto al contenido, aunque la entidad bancaria sí ha desarrollado una aplicación específica para el móvil.

“Al final lo que subyace es que el Santander, una entidad privada, va a tener una fuente fantástica de información sobre futuros clientes y sobre las características de los universitarios españoles. Podrá sacar productos muy específicos, hacer un target fantástico de los alumnos que estén a punto de terminar la carrera”, refleja en conversación con este medio.

Sin datos sobre el número de usuarios

Ni CRUE ni Santander han facilitado a esta redacción el número de usuarios que se han descargado la aplicación. Pero la cifra supera los decenas de miles, ya que solo en el campus de Granada, donde lleva un año implementada, ya se han registrado 20.129 usuarios. En Vigo han contabilizado 3.500 usuarios. Desde la conferencia de rectores reseñan que tampoco tienen una estimación del número de usuarios que han dado su consentimiento al Santander para dar sus datos a través de la parte financiera, a pesar de que son las entidades educativas las que ceden esta información a la entidad bancaria.

En las adendas suscritas por las universidades, el banco valora el desarrollo de la aplicación en 75.000 euros, y su mantenimiento anual en 35.000, aunque se compromete a no cobrar nada a las universidades. Desde el gabinete de prensa del Santander han asegurado a eldiario.es que la entidad “no obtiene ningún rendimiento económico generado por los datos de los usuarios de la aplicación móvil”. Califica los 110.000 euros que ha empleado para desarrollar e implementar la app como un “mecenazgo”.

La CRUE ha declarado que no ha hecho ningún estudio sobre el valor de explotación de la app o del valor económico de la información que el Santander extraiga de ella antes de firmar el acuerdo. Por tanto, afirma desconocer el beneficio que obtendrá la entidad gracias a la AppCRUE.

El plan de la CRUE es que todos sus miembros (50 universidades públicas y 26 privadas) vayan sumándose progresivamente al proyecto. La adhesión es voluntaria. 17 universidades (la Universidad Complutense, la Rey Juan Carlos, la de Vigo, la de Salamanca, la Católica de Murcia, la de Granada, la de Burgos, la Pontificia de Salamanca, la de Valladolid, la d’Alacant, la de Castilla la Mancha, la Alfonso X El Sabio, la de Comillas, la Europea, la de Zaragoza, la de La Rioja, la de Huelva y el CEU San Pablo) ya tienen la app disponible para su descarga. Asimismo, dos más (la de Alcalá de Henares y la Autónoma de Barcelona) ya han firmado la adenda y actualmente están trabajando en el desarrollo de la aplicación.

Sin control directo sobre la aplicación

La AppCRUE se gobernará desde un consejo de rectores y delegados del Banco Santander, que recogerá las solicitudes de las distintas universidades y lo comunicará al equipo informático encargado de la app. De momento, no todas las universidades tienen representación en dicho consejo.

El convenio y adendas a los que ha tenido acceso este medio no detallan cada cuánto tiempo debe reunirse este comité de gestión de la app. Tampoco los procedimientos a seguir o canales que deben emplearse cuando el gestor de la app (el Santander) deba suministrar información de manera inmediata a los usuarios o universidades. En estos casos, como los referentes a una caída del servicio o un fallo de seguridad, el responsable de un perjuicio que la app pudiera causar a estudiantes o profesores no queda clara.

Preguntado acerca de quién asumiría la responsabilidad por un hackeo que provoque una filtración de datos u otros daños a los usuarios, el Santander se limita a declarar que “cumple con todos los controles necesarios para minimizar los riesgos de seguridad y vela por la privacidad de los datos de los usuarios de la aplicación móvil”.

Por contra, el contrato sí es muy claro en los límites de uso de la app. El Banco prohíbe a las universidades utilizarla “con una finalidad diferente” a la inicial; cederla “ni gratuita ni onerosamente” ni “divulgar ni transmitir a terceros [sus detalles] sin el consentimiento previo y por escrito” del Santander; así como la obligación de compartir con el Banco cualquier desarrollo propio que hagan sobre ella. El Santander se reserva también el derecho de vender la app en el extranjero y prohíbe a las universidades incorporar a la app “soluciones bancarias que sean competitivas con los productos y servicios del Santander”.

La vía tecnológica para penetrar en la educación

Además de las dudas de los juristas, la app ha generado quejas de estudiantes en la Universidad de Granada y expertos por la delegación en el control de sus propias herramientas digitales. “Sería de esperar que el rectorado de las universidades españolas tuviera una mirada más cuidadosa y atenta sobre cómo estas tecnologías funcionan y lo que permiten a las empresas saber sobre sus estudiantes”, lamenta Inés Bebea, ingeniera de telecomunicaciones y fundadora de Ondula, que promueve la aplicación responsable de las tecnologías digitales.

“La utilización de aplicaciones se basa en la confianza que depositamos en las instituciones que las gestionan. En base a esta confianza, permitimos el acceso a diferentes funcionalidad de nuestros dispositivos así como al almacenamiento y gestión de la información personal que generamos al usarlas”, expone Bebea, autora de Alfabetización digital crítica. Opina que el hecho de que los datos de estudiantes y trabajadores de las universidades puedan terminar en los archivos del Santander por el uso de un servicio que estas publicitan como “oficial” supone una quiebra de esa confianza. “Al utilizar las aplicaciones de appCrue, la comunidad universitaria (estudiantes, profesorado, investigadores y administrativos) deposita su confianza en el Banco Santander, cuando debería ser más bien en la institución a la que confían su educación: la universidad”.

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