La depuradora del polígono industrial de Güímar, solo a la espera del Ayuntamiento de Candelaria
La construcción de la estación depuradora de aguas residuales industriales (EDARI) que resolverá el problema de los vertidos ilegales al mar desde el polígono de industrial del Valle de Güímar ya solo está a la espera de que el Ayuntamiento de Candelaria apruebe el plan de etapas de este proyecto, en el que se definirá un cronograma de actuaciones para la definitiva puesta en marcha de esta infraestructura. Ello además permitirá legalizar los efluentes que llegan al océano desde esta zona industrial, que emplea a más de 3.000 trabajadores.
La pasada semana, tal cual publicó este diario, faltaban por dar este paso Candelaria y Arafo, pero este último municipio lo aprobó este viernes en un pleno del Ayuntamiento, por lo que todo depende ahora del Consistorio de Candelaria, cuyo Gobierno municipal (PSOE) informó este lunes a Tenerife Ahora de que el asunto se llevará a una sesión plenaria en cuanto estén incorporados al expediente los informe jurídicos pertinentes.
El propio consejero insular de Aguas, Manuel Martínez, en declaraciones públicas la semana pasada, se quejó de la demora en completar este trámite por parte de los ayuntamientos del Valle, a raíz de lo cual la portavoz de Sí Se Puede en Candelaria, Mayca Coello, reprochó a la alcaldesa de la villa mariana, María Concepción Brito (PSOE), este “inconcebible” retraso y le conminó a dar explicaciones en el próximo pleno.
El Cabildo de Tenerife, a través del Consejo Insular de Aguas, ya cuenta con proyecto para esta EDARI, y el 13 de julio pasado publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la declaración de impacto impacto ambiental favorable para esta depuradora, que sustituirá una instalación obsoleta y en mal estado de conservación localizada en la costa de Arafo.
Los efluentes arrojados al mar desde el polígono de Güímar son objeto de una causa penal, tras una denuncia presentada el año pasado por Sí Se Puede e IUC ante la Fiscalía, que señalaron directamente al Consejo Insular de Aguas -organismo adscrito al Cabildo tinerfeño- y a los consistorios del Valle.
A raíz de esa denuncia, y a petición de la Fiscalía de Medio Ambiente, un juzgado dio un primer plazo, ya vencido, para que se construya esta depuradora. A la vista de los avances conseguidos, volvió a conceder más tiempo como excepcional medida de gracia.
Este polígono no para de ser noticia por sus vertidos, y así el sábado uno accidental de fuel desde una lavandería obligó al cierre de varias playas.
