Argentina niega el derecho al aborto a miles de menores que han sido violadas
Muchos médicos y funcionarios argentinos ponen trabas para que no se lleven a cabo abortos legales en el caso de niñas que han sido violadas y demoran las solicitudes para que los embarazos lleguen a término. Esta situación pone en riesgo las vidas de miles de menores encintas.
La semana pasada, la actualidad volvió a centrarse en los médicos, instituciones sanitarias y autoridades públicas contrarias al aborto que deliberadamente intentan retrasar interrupciones del embarazo contempladas por la ley. Un medio de comunicación reveló que una niña de 11 años había dado a luz a un bebé después de que las autoridades sanitarias demoraran su solicitud para que se le practicara un aborto. La menor había sido violada por el novio de su abuela. Un médico que asistió el parto asegura que en Argentina se dan miles de casos como este.
La semana pasada, The Guardian publicó un artículo sobre el caso de Lucía (nombre ficticio), violada por el compañero sentimental de su abuela. El hombre tiene 65 años. Las autoridades le denegaron el derecho al aborto, a pesar de que la ley permite la interrupción del embarazo en caso de violación o cuando la vida de la mujer está en peligro.
En el caso de Lucía se daban ambos requisitos, pero las autoridades de la provincia de Tucumán, situada en el norte de Argentina, donde reside la menor, demoraron la solicitud hasta la semana 23 de embarazo. A Lucía ya no se le podía practicar un aborto vaginal normal. Le tuvieron que practicar un aborto por histerotomía, una intervención parecida a la cesárea y en la que se extrae el feto a través de una pequeña incisión en el abdomen. El feto sobrevivió al procedimiento y fue inmediatamente atendido por el personal del hospital pero no se espera que sobreviva.
Cecilia Ousset y Jorge Gijena es un matrimonio de médicos que participó en la intervención. Ousset afirma estar horrorizada por este desenlace. “Nunca tuvimos la intención de forzar a la niña a tener un hijo”, cuenta en una entrevista telefónica interrumpida por su llanto.
Ousset y su marido son médicos que defienden el derecho de las madres a decidir si quieren interrumpir el embarazo. El Gobierno solicita sus servicios cuando el personal de los hospitales públicos se niega a practicar un aborto a pesar de que un juez así lo haya dictaminado.
Ousset tiene la sensación de que ella y su marido han sido las víctimas de una estratagema, orquestada y llevada a cabo con éxito por las autoridades provinciales, para frenar la solicitud de la menor hasta que el embarazo estuviera tan avanzado que el feto pudiera sobrevivir.
Según las últimas cifras del Gobierno, 2.493 nacidos vivos en 2017 son hijos de niñas que no alcanzan los 15 años. Muchas de ellas fueron violadas por familiares. Por otra parte, 91.500 nacidos vivos son los hijos de adolescentes de entre 15 y 19 años.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha constatado que las complicaciones en el embarazo y el parto son la principal causa de muerte entre las niñas de 15 a 19 años. Aunque no se han recabado cifras oficiales para las niñas menores de 15 años, la OMS señala que las madres de entre 10 y 19 años de edad tienen un mayor riesgo de eclampsia, endometritis puerperal e infecciones sistémicas que las mujeres de entre 20 y 24 años.
“Como estos nacimientos suelen ser el resultado de una violación, se detectan tarde, por lo general cuando la niña empieza a quejarse de problemas estomacales”, explica la periodista feminista Mariana Carbajal, que fue la primera en publicar la historia de Lucía en el periódico progresista Página/12. “Por lo general, los médicos no informan a la víctima o a la familia del derecho de la menor a un aborto legal”.
“Los derechos de las niñas se vulneran sistemáticamente en Argentina”, señala Sabrina Cartabia, una abogada que hace campaña a favor del aborto legal: “La falta de un criterio que se aplique en todo el país hace que el proceso sea complicado y desigual. Difiere en cada provincia, municipio e incluso de un hospital a otro”.
Tucumán, la “provincia provida”
El problema se ve agravado por la influencia de la Iglesia y de los conservadores que abogan por una política de “salvar ambas vidas”. Desde que el Congreso argentino rechazó el año pasado un proyecto de ley para legalizar esta práctica, el lema se ha convertido en el grito de guerra de un número cada vez mayor de activistas contra el aborto.
“Los activistas en contra del aborto se han visto envalentonados por el fracaso de la aprobación del proyecto de ley y esto es muy evidente entre algunos médicos y funcionarios del Gobierno, que cada vez bloquean más casos como el de Lucía, que entran dentro de la categoría de aborto legal”, explica Cartabia.
En enero, se conoció un caso parecido al de Lucía. Una niña de 12 años de la provincia norteña de Jujuy se quedó embarazada después de una violación y se le negó el derecho a interrumpir el embarazo. Con el argumento de que con 24 semanas de embarazo ya no podía abortar, el gobernador Gerardo Morales indicó que la niña podía someterse a una cesárea para que el feto naciera con vida.
El diario argentino La Nación aplaudió la decisión con un editorial que elogiaba a las madres que llevan su embarazo a término y condenaba a la madre de la niña por su “intención criminal”. El recién nacido murió poco después.
Lucía se percató en enero de que estaba embarazada, a las 17 semanas de gestación. Una semana más tarde fue atendida en el hospital tras un aparente intento de suicidio. Con el apoyo de su familia y de los defensores de los derechos de la mujer, la niña solicitó que le fuera practicado un aborto. Según los documentos del tribunal, Lucía le habría indicado a los psicólogos que “quiero que me saquen lo que ese viejo me puso”. Sin embargo, lo que siguió fue una batalla entre la salud de la niña, así como su opinión y la de sus padres, y la postura de las autoridades locales.
El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, es un firme detractor del derecho al aborto. El año pasado encabezó una marcha callejera contra la legalización de esta práctica. Tucumán se ha declarado una “provincia provida”.
El tribunal dictaminó que Lucía tenía derecho a abortar. Sin embargo, el 26 de febrero, horas antes de que se le practicara la intervención, las autoridades ordenaron a los médicos que la llevaran a cabo de tal modo que “se pudieran salvar ambas vidas”; la de Lucía y la del feto.
Manzur niega la acusación de Ousset de que fue manipulada por las autoridades provinciales. “Lo que se hizo fue lo que la familia pidió”, afirmó el gobernador en una entrevista al diario Clarín. Ousset afirma que Lucía creía que se le iba a practicar un aborto: “Vamos, le dijimos, e inmediatamente saltó de la cama porque estaba deseosa de que se le practicara la intervención”.
La niña no estaba lo suficientemente desarrollada como para que se le pudiera practicar un aborto vaginal. Pesaba menos de 50 kilos y padecía hipertensión, una de las causas más frecuentes de mortalidad materna entre las niñas.
“Una intervención vaginal a las 23 semanas es un procedimiento complejo. A la niña se le tendrían que haber administrado diferentes medicamentos durante tres días. También es extremadamente doloroso. Lucía no estaba en condiciones de soportarlo”, señala Ousset. “Este caso es peor que una película de terror.” Lucía se encuentra físicamente bien y ya ha sido dada de alta.
El aborto sigue siendo ilegal en la mayoría de países de América Latina y el Caribe. Sólo Cuba, Uruguay, Guyana y la Ciudad de México permiten el aborto. Chile revocó la prohibición total en 2017 (permite el aborto en tres supuestos).
El Senado de Argentina rechazó el proyecto de ley sobre el aborto en agosto y el voto fue decidido en gran parte por senadores de las provincias conservadoras del norte, como Tucumán. Sin embargo, los partidarios del derecho al aborto no han tirado la toalla y siguen luciendo el pañuelo verde del movimiento. Las estadísticas oficiales estiman que anualmente se practican unos 345.000 abortos clandestinos, a pesar de que la pena es de cuatro años de cárcel.
Las mujeres que sufren complicaciones después de abortos clandestinos a menudo tienen demasiado miedo como para solicitar asistencia médica. “Con la actual situación legal, ¿qué mujer se arriesgaría a ir a un hospital público? Prefieren morir primero”, afirma Ousset.
