La caza de los inmigrantes sin papeles en EEUU se extiende a los lugares donde antes se sentían protegidos
Era un viernes de trabajo más para Pablo Villavicencio, repartidor de la pizzería Nonna Delia de Queens, en Nueva York.
Villavicencio, que tiene dos hijos, llevó un pedido a Fort Hamilton, una base militar situada a media hora del restaurante. A diferencia de entregas anteriores, en esta ocasión Villavicencio, que es un inmigrante sin papeles, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) y trasladado a una cárcel de Nueva Jersey.
A Villavicencio, de 35 años, le abrieron un expediente de deportación a pesar de que no tiene antecedentes penales. De no haber sido por la atención mediática que ha despertado este caso, tal vez un juez federal no hubiera aplazado el proceso el mes pasado. Se ha frenado, por el momento, la deportación, pero él sigue preso. Y no es un caso aislado.
De hecho, un mes después de la detención de Villavicencio, una pareja de ancianos decidió ir a visitar a su hijo y su nuera, que está embarazada, en otra base militar de Nueva York.
Margarito Silva y su esposa, Concepción Barrios, ambos inmigrantes sin papeles, llegaron a Fort Drum coincidiendo con la festividad del 4 de Julio (Día de la Independencia). Los dos llevaban un documento de identidad que concede la ciudad de Nueva York sin importar el estatus migratorio, que ya habían utilizado para visitar a familiares en otras bases militares. El ICE también les arrestó.
Casos como los de Villavicencio, Silva y Barrios ponen nombres y apellidos a la campaña de Donald Trump contra la inmigración ilegal, que ha sembrado el miedo en las comunidades de inmigrantes de Estados Unidos. Grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes afirman que la campaña de la Administración de Trump tiene una agresividad sin precedentes, como lo demuestra el hecho de que haya aumentado la cifra de detenciones de inmigrantes sin antecedentes penales.
Bajo las directrices del presidente, que ha ampliado las competencias del ICE, las detenciones han aumentado un 41% en 2017 en comparación al mismo periodo del año anterior. Las detenciones a inmigrantes sin papeles que no han cometido un delito han aumentado un 171%.
“A pesar de su discurso, las deportaciones del Servicio de Inmigración no tienen por objetivo abordar amenazas a la seguridad ciudadana”, indica Lynn Tramonte, responsable del grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes America's Voice.
“Bajo el mandato del presidente Trump, la agencia se ha convertido en una fuerza policial política que tiene una única misión: destruir a familias de Estados Unidos que tienen miembros que son inmigrantes, sin importar el coste que tiene para los niños”, denuncia Tramonte.
Félix García, que tiene tres hijos, fue detenido en enero en un punto de control ordinario en el que nunca había tenido problemas con los servicios de Inmigración. Rogó a un trabajador de la agencia que le permitiera quedarse en Estados Unidos, donde había vivido durante 23 años, para asistir a la graduación de su hija mayor en la Facultad de Medicina. Le negaron esta solicitud y fue deportado a Guatemala en abril. “Me van a dejar detenido, mija. Sigue adelante, mija. Tú puedes”, escribió a su hija en un mensaje de texto.
Syed Ahmed Jamal, que también tiene tres hijos, fue detenido en febrero delante de su casa en Lawrence, Kansas, tras llevar a sus hijos a la escuela. Natural de Bangladesh, había llegado a Estados Unidos hace treinta años y, según su abogado, no tiene antecedentes penales, solo algunas multas por exceso de velocidad.
Las autoridades también detuvieron a un inmigrante sin papeles con síndrome de Down tras una inspección en una empresa de instalación de tiendas de campaña en Florida. Juan Gaspar-García, de 30 años, fue una de las 28 personas detenidas en la redada de marzo que, según las autoridades federales, fue un “registro porque tenían indicios de criminalidad”. Gaspar-García, que llegó a Estados Unidos desde Guatemala cuando tenía 14 años, permaneció tres semanas en un centro de detención y quedó en libertad después de que su hermana hiciera campaña por internet.
Cuando ha tenido que justificar casos como los anteriores, la agencia ha emitido un comunicado genérico en el que afirma que cuando hace cumplir la ley no “diferencia entre inmigrantes”. “Todos los que vulneran las leyes migratorias pueden ser arrestados, detenidos y, si es el caso, deportados”, indica la agencia.
Las polémicas medidas empezaron a aplicarse cuando todavía no hacía ni una semana que Trump había llegado a la Casa Blanca. El 25 de enero de 2017 el presidente pasó de las palabras a los hechos y firmó un decreto que allanó el camino para que el ICE pudiera detener a inmigrantes con independencia de que tuvieran o no antecedentes penales. Esta medida supuso un cambio evidente de la política migratoria de los últimos años de la Administración de Barack Obama.
En los primeros años como presidente, Obama fue muy criticado por deportar un número récord de inmigrantes indocumentados. Los activistas señalan que en su segundo mandato la política migratoria se centró en detener a aquellos inmigrantes con antecedentes penales graves.
4.143 inmigrantes sin antecedentes detenidos al mes
El periódico USA Today ha analizado los datos de la agencia y calcula que desde que Trump está en la Casa Blanca, el ICE ha arrestado a unos 4.143 inmigrantes ilegales sin antecedentes penales al mes. En comparación, en los últimos dos años de la presidencia de Obama la media fue de 1.703 arrestos.
La agencia rechaza la noción de que los arrestos de inmigrantes sin papeles “no criminales” no sean prioritarios, al considerar que están justificados por el hecho de que estas personas han entrado ilegalmente al país o se han quedado más de lo permitido por ley.
Otro cambio en la política migratoria que ha sido muy criticado es el arresto de inmigrantes indocumentados en los llamados “lugares sensibles”, incluyendo lugares de culto, escuelas, hospitales y tribunales. La agencia asegura que estos espacios no se encuentran en su radio de acción, pero algunas informaciones sugieren lo contrario.
Un inmigrante de 19 años, que en el pasado había sido detenido por conducir borracho fue arrestado al salir de un hospital. Dos padres fueron detenidos cuando llevaban a sus hijos a la escuela. Los servicios de Inmigración también intentaron detener a un tercer padre, que consiguió escapar y se refugió en una iglesia. De hecho, la detención de un padre que acababa de dejar a su hija en la escuela fue grabada por su propia familia mientras otra de sus hijas lloraba dentro del coche.
Sarah Mehta, que estudia cuestiones relacionadas con los derechos humanos para la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), explica que este tipo de arrestos han generado mucho miedo entre las comunidades de inmigrantes.
“Con el presidente actual, los inmigrantes no se sienten protegidos cuando están en lugares que hasta ahora se habían respetado”, indica Mehta, explicando que hasta ahora la agencia había evitado hacer arrestos en escuelas, iglesias y otros lugares “sensibles”. “Ahora es como si los estuvieran esperando”, indica.
Un informe de ACLU evidencia que la creciente presencia de agentes del ICE en los juzgados ha tenido un efecto particularmente corrosivo en la relación entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas del orden.
El informe, que se hizo a partir de entrevistas con miembros de las fuerzas de seguridad, jueces, fiscales y abogados a lo largo y ancho del país, muestra que los inmigrantes son ahora menos propensos a denunciar delitos o ayudar en las investigaciones policiales, en comparación con 2016.
Más de la mitad de los jueces que participaron en este estudio afirman que algunos casos se interrumpieron debido al miedo de un inmigrante a personarse ante un juez, comparado con el 43% en 2016. Y un abrumador 82% de los fiscales explicaron que desde que Trump llegó a la Casa Blanca, muchas inmigrantes ya no denuncian casos de violencia machista.
“El ambiente es cada vez más tóxico, los inmigrantes y sus familias tienen miedo de los servicios que supuestamente deberían proteger sus derechos”, indica Mehta. En algunos de los casos que el ICE ha podido argumentar que el detenido tenía antecedentes penales, no ha tenido en cuenta los matices.
Armando Núñez-Salgado, de 39 años, fue detenido mientras cuidaba el jardín de su casa en el condado de Napa, California. Según los Servicios de Inmigración, en los últimos 18 años Núñez-Salgado había ido acumulando condenas penales y ya le habían deportado cuatro veces. Su esposa, Helena Ponce, que grabó la detención con el móvil, reconoce que su marido había tenido problemas en el pasado, pero señala que eso ocurrió hace mucho tiempo.
Ponce explica que Núñez-Salgado no había pisado una cárcel en 15 años y que ahora era un padre pendiente de su hija adolescente y que en su tiempo libre asesoraba a jóvenes sobre cómo mantenerse alejados de bandas criminales. Sin embargo, la detención confirmó los peores temores de la familia. “Siempre tuvo la sensación de que en algún momento iban a llegar y lo iban a detener”, afirma su mujer.
Traducido por Emma Reverter
