Los jueces polacos sufren una campaña de intimidación y odio promovida por el Gobierno

Tres destacados jueces polacos se han quejado de una “campaña de intimidación y acoso encabezada por el Estado” y dirigida contra ellos en un contexto en el que el partido en el Gobierno refuerza su control sobre el poder judicial.

Desde que llegó al poder en 2015, el partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS) ha asumido la supervisión directa sobre los fiscales y el órgano judicial que nombra, promociona y sanciona a los jueces, así como el poder de expulsar y nombrar presidentes de tribunal, que tienen un gran poder e influencia en el sistema judicial polaco.

El 3 de julio entrará en vigor una polémica ley sobre el Tribunal Supremo que obliga a la jubilación al 40% de sus jueces.

Jueces que participan en casos políticamente sensibles o que han expresado su oposición a las amenazas a la independencia judicial han afirmado a The Guardian que a menudo son amenazados con procedimientos disciplinares e incluso acusaciones penales y que en muchos casos son acusados de corrupción o sufren campañas de odio orquestadas por líderes políticos del PiS.

“Me he convertido en enemigo del Estado”, señala Waldemar Zurek, juez de un tribunal de distrito en la ciudad de Cracovia, al sur del país, que ejerció como portavoz del Consejo Nacional del Poder Judicial (KRS) –el órgano que nombra y sanciona a los jueces polacos– hasta que fue relevado este año por personas designadas por el Gobierno.

Como el rostro público de los intentos del KRS para defender la independencia judicial, Zurek recibió centenares de mensajes abusivos y amenazantes al teléfono del trabajo después de la publicación de unas acusaciones falsas sobre su vida privada en medios de comunicación progubernamentales. Miembros de su familia también han sido blanco de ataques.

Cuando los fiscales abrieron una investigación sobre por qué uno de sus neumáticos traseros de su coche había reventado en circunstancias sospechosas en el momento de mayor controversia no mostraron interés en reunir pruebas, señala Zurek. En su lugar, utilizaron la investigación para pedir que entregase la máxima cantidad de información personal posible, incluidos registros telefónicos de hace varios años.

“Lo único que les interesaba era obtener información que pudiesen utilizar contra mí. Querían que supiese que están vigilando todo lo que hago”, asegura Zurek, que cree estar bajo vigilancia de los servicios de seguridad estatales.

“Estoy cansado, quiero vivir en paz”

Es una sensación que comparte con Wojciech Laczewski, un juez de distrito en Varsovia. En 2015, Laczewski condenó a Mariusz Kaminski, un político de alto rango del PiS, por prevaricación cuando ocupaba el cargo de presidente de la oficina central anticorrupción de Polonia. Condenó a Kaminski a tres años de prisión por actividades ilegales como la falsificación de documentos, vigilancia ilegal y por engañar a los tribunales con el objetivo de obtener órdenes judiciales bajo un pretexto falso.

Pero después de la victoria a finales de ese año de Andrzej Duda en las elecciones presidenciales, el nuevo presidente indultó a Kaminski, que posteriormente fue nombrado ministro responsable de los servicios de seguridad de Polonia. El Tribunal Supremo decretó ilegal el indulto, pero Kaminski sigue en su puesto.

Desde entonces, Laczewski ha superado una falta disciplinar y ahora se enfrenta a acusaciones penales relacionadas con el juicio de Kaminski, incluida una, que él niega, por revelar en el proceso las identidades de agentes encubiertos. Laczewski asegura que su casa ha sido asaltada y fuentes del sistema judicial polaco le han confirmado que está bajo la vigilancia de los servicios secretos que ahora supervisa Kaminski.

“Están intentando acabar conmigo y están ganando. Estoy cansado, quiero vivir en paz. Tienen el poder de todo el Estado tras ellos y yo estoy solo”, señala Laczewski, de 41 años. Su esposa, una abogada de 41 años que ha trabajado en el Tribunal Supremo de Polonia, fue enviada a trabajar a un archivo situado en el sótano y posteriormente fue despedida tras la estrategia del Gobierno a finales de 2016 para hacerse con el control del tribunal. “Aunque gane mis pleitos, ellos seguirán ganando porque alegarán como prueba que los jueces están conspirando para protegerse unos a otros”.

Jueces con los que ha contactado The Guardian afirman que se enfrentan a un dilema imposible: permanecer en silencio y perder su independencia o hablar y ser acusados de “politización”, enfrentarse a cargos disciplinarios y perder su credibilidad a ojos de la gente.

“Todos esperamos evitar que se nos ponga en una situación donde tengamos que tomar una decisión sobre un caso político”, sostiene un juez de primera instancia al sureste de Polonia que prefiere no dar su nombre.

Una atmósfera de opresión

Los fiscales están preparando una acusación contra Igor Tuleya, un juez de un tribunal de distrito en Varsovia que el año pasado concluyó que diputados del partido Ley y Justicia habían obstruido de forma deliberada la participación de diputados de la oposición en una votación sobre el presupuesto durante una crisis parlamentaria en diciembre de 2016. Tuleya descubrió que 200 diputados y personal del PiS habían dado falso testimonio sobre la existencia de un plan preconcebido para ello.

“Utilizan los mismos métodos para todos nosotros. Siempre el mismo escenario”, señala Tuleya, que se ha convertido en una figura odiada en la prensa progubernamental. Hace poco recibió un email anónimo que le advertía de que estaban difundiéndose rumores en círculos jurídicos de que era drogadicto.

En mayo se anunció que Zurek y Tuleya serían convocados ante un nuevo “comité ético” compuesto por jueces nombrados por el Gobierno y diputados. El comité incluye a Krystyna Pawlowicz, diputada del PiS que ha declarado en público que Tuleya no debería ser juez, declarando en una sesión del comité de justicia del Parlamento celebrada el año pasado que determinados jueces deberían ser enviados a campos de concentración al estilo de Corea del Norte para “reeducarlos”.

“Podemos decir con seguridad que hay una creciente atmósfera de opresión en torno a determinados jueces y tribunales”, explica Malgorzata Szuleka, de la Fundación de Helsinki para los Derechos Humanos, radicada en Varsovia. Szuleka destaca que también se han iniciado procesos disciplinares contra fiscales estatales que han expresado su preocupación por la interferencia política.

Otro juez que ha criticado públicamente los cambios del Gobierno afirma que la presión contra jueces disidentes es tan grande que incluso el cura de su pueblo natal ha pedido a su madre, una católica devota, que convenza a su hijo para que deje de mostrar su oposición a los cambios. El juez afirma también que se le acercó un intermediario representante del Ministerio de Justicia para ofrecerle la presidencia de un tribunal a cambio de su aquiescencia.

Es probable que la presión aumente con el establecimiento de una nueva “cámara disciplinaria” en el Tribunal Supremo presidida por miembros nombrados por el partido en el Gobierno. Polonia se enfrenta a la censura de la Unión Europea por la legislación que jubila al 40% del Tribunal Supremo. El líder del PiS, Jaroslaw Kaczynski, afirma que el “izquierdismo y la subordinación a fuerzas extranjeras” se han infiltrado en el tribunal.

“Estamos volviendo a algo como la era comunista, donde la ambición compromete los principios y la verdadera independencia depende del carácter e integridad de jueces individuales”, afirma Laczewski. “Pueden sacarme a patadas de la profesión, incluso pueden sacarme a patadas del país, pero nunca podrán matar al juez independiente que vive dentro de mí”.