Acabar con la sobrepesca es una obligación legal y una acción climática prioritaria. ¿Estará el Gobierno español preparado para este reto?
El pasado 24 de octubre, la Comisión Europea publicó su propuesta sobre las oportunidades de pesca en el Atlántico nororiental para el año 2020, también conocidos como Totales Admisibles de Capturas o TAC. Se trata de una propuesta de gran importancia puesto que servirá de base para los próximos debates del Consejo de pesca de diciembre, en el que los ministros de Pesca de la UE fijarán las cuotas definitivas para el próximo año.
Aunque la propuesta de la Comisión ha dado pasos importantes en la dirección correcta, proponiendo límites de pesca para varias poblaciones en línea con las recomendaciones científicas, para otras poblaciones, en cambio, la propuesta continúa siendo insuficiente, propiciando así la sobrepesca en aguas europeas. Motivo que suscita preocupación por la falta de voluntad política en querer gestionar los recursos pesqueros de manera sostenible, tal y como obliga la Política Pesquera Común y requiere la emergencia climática.
La Política Pesquera Común (PPC), en vigor desde 2014, obliga a “restablecer y mantener las poblaciones de peces por encima de unos niveles de biomasa capaces de producir el rendimiento máximo sostenible […] a más tardar en 2020 para todas las poblaciones”. En otros términos, obliga a poner fin a la sobrepesca en 2020 como muy tarde. Así pues, a pocas semanas de esta fecha límite, preocupa que, para varias poblaciones de peces de gran interés pesquero, la Comisión continúe proponiendo límites de pesca por encima de lo recomendado como sostenible por el consejo científico.
Por un lado, preocupa que, todavía en la actualidad, para muchas poblaciones, la Comisión siga omitiendo las recomendaciones del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM o ICES, por sus siglas en inglés), que es el organismo de referencia encargado de realizar la mayor parte de los dictámenes científicos sobre los límites de pesca sostenibles. Prueba de ello es que, según nuestro análisis, la Comisión ha propuesto para el próximo año límites de pesca para unos 29 TAC (sobre un total de 72) por encima de las recomendaciones del CIEM. Es decir, cerca del 40% de los límites de pesca propuestos por la Comisión siguen sin estar en línea con las recomendaciones científicas.
En algunos casos se trata de propuestas de TAC ligeramente superiores a los límites recomendados. Sin embargo, en otras ocasiones, la brecha existente entre la recomendación científica y la propuesta de la Comisión Europea es significativa. Este es el caso por ejemplo del abadejo en el mar Cantábrico, del bacalao en el mar de Irlanda, o de la solla en el oeste de Irlanda, para los que la propuesta de la Comisión ha sido, respectivamente, un 59%, 122% y 208% superior a las recomendaciones del CIEM.
Por todo ello, preocupa que la propia Comisión Europea -tras 5 años desde la entrada en vigor de la PPC- continúe ignorando tan frecuentemente las recomendaciones científicas y continúe proponiendo en un 40% de los casos límites de pesca por encima los límites sostenibles. Pero además, preocupa que dicha propuesta continúe siendo tan poco ambiciosa con respecto a las obligaciones de la UE en materia pesquera, que no solo exige acabar con la sobrepesca en 2020, sino que también obliga a reducir al mínimo el impacto negativo de la pesca sobre el medio marino, así como aplicar el principio de precaución y el enfoque ecosistémico.
La lentitud en lograr los objetivos de la PPC puede provocar el colapso de determinadas poblaciones de peces y dañar los ecosistemas marinos, pero las especies marinas no son las únicas afectadas. Retrasar la consecución de la pesca sostenible a largo plazo también socava la obtención de mayores beneficios económicos y sociales. De hecho, cada vez más estudios científicos ponen en evidencia que una gestión en esta línea conllevaría mayores beneficios económicos para las comunidades pesqueras y, además, reduciría la dependencia de pescado exterior.
Finalmente, y con motivo de la próxima Cumbre del Clima de Naciones Unidas (COP 25) que se celebrará en Madrid el próximo mes de diciembre, es importante señalar que la lucha contra la sobrepesca debe ser tenida en cuenta también como una acción climática. La publicación del Informe Especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) sobre el Océano y la Criosfera en un Clima Cambiante (SROCC, por sus siglas en inglés) predice graves disminuciones en la producción pesquera europea y pone de relieve la necesidad de aliviar todos los factores de estrés que afectan a los ecosistemas marinos, en particular, indica la necesidad de acabar con la sobrepesca para ayudar a restaurar las poblaciones de peces y aumentar la capacidad de recuperación de los océanos.
En la misma línea, eldocumento de trabajo del Dr. Rashid Sumaila y del Dr. Travis Tai de la Universidad de Columbia Británica, titulado “Poner fin a la sobrepesca puede mitigar los efectos del cambio climático”, concluye que la sobrepesca y el cambio climático no son problemas mutuamente excluyentes que deban abordarse por separado, sino que ambos están afectando gravemente a la salud de los océanos y poniendo en peligro a los ecosistemas marinos y a los bienes y servicios que éstos proporcionan a las comunidades.
Teniendo en cuenta que el 16 y 17 de diciembre tendrán lugar en Bruselas las negociaciones del Consejo de pesca sobre los límites de pesca para 2020, que es precisamente la fecha límite marcada en la PPC para que los Estados miembros pongan fin a la sobrepesca en aguas europeas, ha llegado la hora que los responsables políticos en materia pesquera (y en particular el ministro en funciones Luis Planas) se opongan a cualquier intento de aprobación de límites de pesca que no siga las recomendaciones científicas o el criterio de precaución. Sólo así estarían mostrando su compromiso inequívoco de poner fin a la sobrepesca y hacer los océanos más resistentes a los efectos de la crisis climática.
