¿Recuerdas la primera vez que entraste en Internet? Rápidamente descubriste lo que era: una gran colección de enlaces a otros sitios donde encontrar nuevos contenidos, acceder a conocimientos y compartir experiencias. La base de Internet (o de la WWW) es el hipertexto. El enlace. Limitar su uso afecta a derechos fundamentales como la libertad de expresión, información y educación. El acceso a Internet y a sus contenidos es un derecho humano reconocido por la ONU (PDF). Internet forma una parte esencial del conocimiento humano.
La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual aprobada ayer en el Congreso, en una sesión extraordinaria en la Comisión de Cultura, penaliza el uso del enlace y compartir contenidos. Crea un derecho de cita irrenunciable sobre fragmentos no significativos de contenidos publicados en sitios de actualización periódica.
Ni siquiera permite que tú decidas compartir tus contenidos de forma gratuita o mediante el uso de una licencia copyleft. No puedes renunciar a que una entidad privada, en este caso CEDRO, recaude una cantidad por ti que será repartida a los medios de AEDE. Como tú no estás en AEDE, ni puedes estar por no ser un periódico impreso de pago, estas empresas se reparten entre ellas el botín. Jaque Mate.
Lo llaman “tasa Google” para hacer ver que no te afecta. Que es algo que solo es un problema mercantil entre empresas privadas. Afecta a todos los usuarios. A todas las empresas. A todo tipo de proyectos presentes y futuros. Hasta un proyecto tan imponente como la Wikipedia se verá afectada. La solución de estas empresas será clara: abandonar España y borrar el país en sus calendarios de internalización de nuevos proyectos e iniciativas innovadoras. España desconectada del mundo desarrollado.
Esta ley es un ejemplo claro de cómo se realiza una apropiación del procomún para el beneficio de unas empresas privadas que son minoría en Internet. Si miramos sus audiencias y sumamos sus páginas vistas, sus contenidos no son mayoritarios frente al generado por usuarios, plataformas y otras empresas de Internet. Ganan las élites extractivas. Pierde el ciudadano.
El canon por compartir contenidos en Internet será único en países de nuestro entorno. La legislación que más se aproxima a la española es la alemana. Sin embargo, allí este derecho de cita sí es renunciable. En la práctica, los medios alemanes siguen siendo agregados en sitios como Google News y estas empresas no pagan por enlazarlos. Todo sigue igual que sin la ley. Los medios alemanes descubrieron tarde que perderían más que ganaban. Los españoles aún no se han enterado. Los editores de estas empresas ni siquiera saben cómo funcionan sus propios medios digitales. El presidente de la comisión de Cultura del Congreso ni siquiera conoce lo que es un enlace.
La nueva ley también considera que enlazar es un acto de comunicación pública. Por tanto, susceptible de ser penalizado mediante una infracción de derechos de autor. Esta misma legislación da nuevos poderes a una comisión administrativa, conocida como Comisión Sinde, que es la encargada de decidir qué es o no una infracción, algo que hasta antes de 2010 estuvo en manos de los jueces.
El Gobierno del Partido Popular con el apoyo de la oposición, cuyas enmiendas son aún más duras que las propuestas por el PP, aumenta las multas por este tipo de infracción. Por incluir un simple enlace a un contenido que este comité administrativo considere que no es apropiado, la multa establecida se encuentra entre los 30.000 y los 300.000 euros. 30.000 euros de multa a una startup española significa su cierre. 30.000 euros por un enlace que puede ser subido por cualquiera. Hasta por tu competencia. Incluso pueden ir contra los usuarios que compartan estos enlaces. Y todo queda en manos de un comité opaco, cuyos miembros no se conocen de forma oficial. Nos enteramos gracias a una filtración a los medios. Todo un aliciente para fomentar el desarrollo de nuevas empresas con base tecnológica, la innovación y el progreso en un país con el 24,47% de su población en el paro.
España perdió el tren del desarrollo en la revolución industrial. La ciencia y la tecnología siempre han sido una realidad marginal en España. Seguimos con el mismo rechazo político a la innovación y el progreso. Preferimos matar el futuro para intentar mantener obsoletos modelos empresariales aunque luego se diga otra cosa. En 2008, para ir de modernos, otorgamos a Google el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades por “propiciar el acceso generalizado al conocimiento”. Ahora deben pensar que estamos locos.
La España que retrataba Ortega y Gasset en su libro de 1921, “España invertebrada” sigue aún vigente. El “vuelva usted mañana” de Larra. Las élites políticas y sociales poco han cambiado. Del “¡Que inventen ellos!” de Unamuno al “una empresa de California ha inventado un programa de ordenador que está hundiendo el modelo de negocio de los taxistas”, publicado hace un mes por el diputado socialista José Andrés Torres Mora y portavoz del PSOE en la Comisión de Cultura.
Sería de mucha risa si no fuera porque nos jugamos nuestro futuro. Vivimos en un mundo conectado donde la economía y la riqueza de la sociedad fluyen por nuevos modelos empresariales y organizativos. Estamos a punto de perder el tren de nuevo. Nos estamos jugando el futuro de nuestra sociedad. La sociedad de los próximos 100 años. ¿Una España desconectada?