España ocultó a Europa su decisión de imponer la tasa Google
España ocultó a la Unión Europea su intención de obligar al pago de una tasa para aquellos editores digitales que usen enlaces en sus publicaciones. En Europa nada saben de la llamada “tasa Google” o “canon AEDE” que el equipo de Rajoy incluyó en su proyecto de ley de propiedad intelectual. El Ministerio de Exteriores español notificó a Bruselas sus planes en materia de propiedad intelectual en una notificación que llegó a su destinatario en mayo de 2013. Para entonces, la tasa Google todavía no había sido incorporada en la ley. De este modo, España evitó transmitir a Europa el punto más polémico de su plan para regular las garantías de propiedad intelectual en internet.
UPyD pregunta a la Comisión Europea
La eurodiputada de UPyD Beatriz Becerra ha preguntado esta semana a la Comisión Europea qué medidas tomará por las “modificaciones significativas” al proyecto de ley de propiedad intelectual. La pregunta tiene carácter de “prioritaria”, lo que indica que debe responderse antes de tres semanas, y se refiere a las posibles infracciones de España a la directiva 98/34/CE y Vulneración de Competencia. El canon AEDE ha sido estudiado por Analistas Financieros Internacionales (Afi) quienes señalan que su impacto económico sería de 1.133 millones de euros al año para los usuarios de internet en España, además de procesos de deslocalización de actividad y empleo en sectores de elevado valor añadido.
El texto presentado por UPyD es el siguiente:
Con carácter de Pregunta prioritaria a la Comisión y como posibles infracciones a la directiva 98/34/CE y Vulneración de Competencia se presentó lo siguiente que , dado el carácter de prioritario debe responderse antes de tres semanas :
El 10/05/2013 el Gobierno de España presentó notificación a la CE, en virtud de la Directiva 98/34/CE, sobre el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, registrada con número 2013/244/E.
Dicha notificación no incluía la posterior modificación, aprobada en Consejo de Ministros el 14/02/2014, del artículo 32.2, relativo a un régimen especial de derechos que incluye un concepto de tasa por derecho de cita. Según informe de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia esto afectaría a empresas que, en caso de reproducir en sus búsquedas fragmentos no significativos de contenidos deberían compensar a los editores. En su análisis señala que “considera posible un modelo regulatorio más favorable a la competencia” y que “se remuevan las barreras a la entrada de nuevos operadores”.
Teniendo en cuenta dichos defectos en la forma y en el fondo:
1. ¿Considera la Comisión Europea que se ha vulnerado la naturaleza de la Directiva 98/34/CE al no haber notificado a la misma las modificaciones significativas del anteproyecto de Ley? ¿Qué acciones llevará a cabo la Comisión en relación con este incumplimiento?
2. ¿Considera la Comisión Europea que el mencionado artículo 32.2 atenta contra la libertad de empresa a la luz de los informes de la CNC y del Derecho de la Competencia Europeo?
Como consecuencia del envío de información insuficiente, la Comisión Europea podría paralizar la tramitación y/o aplicación de la ley de propiedad intelectual. Según el trámite habitual, Europa deberá ahora recabar nueva información de España al efecto de conocer en su totalidad los planes del Gobierno de Rajoy para regular la sociedad de la información. Sobre si las advertencias de la Comisión pueden implicar sanciones para España, la europarlamentaria Becerra, en comunicación con eldiario.es, expresó que “hay precedentes de sanción” con condena en costas, señalando el caso de Grecia en 2006.
Frente a esta posibilidad, el Ejecutivo de Rajoy hasta la fecha no se ha dado por enterado considerando que no debe aportar más información a Europa. En respuesta a una pregunta por escrito de la Asociación Española de Publicaciones Periódicas (AEEPP), el Gobierno da por enviadas todas las explicaciones, a pesar de que la documentación remitida a las autoridades europeas no recoge el punto más polémico del texto legal.
La legislación europea obliga a los estados miembros a informar de cualquier legislación que afecte a la sociedad de la información, a través de la Directiva 98/34/CE.
Foto: Amio Cajander
