- El movimiento de los chalecos amarillos en Francia no hace más que aumentar su fuerza, y ha conseguido la aceptación del 72% de los franceses
El movimiento de los chalecos amarillos en Francia no hace más que aumentar su fuerza. Nacido desde la ciudadanía, mayormente rural y periférica, no tiene ninguna organización que lo represente y ha conseguido la aceptación del 72% de los franceses incluso tras las violentas manifestaciones del pasado fin de semana.
Responde al hartazgo de una ciudadanía que no soporta más subidas de impuestos a cambio de nada y apuntala directamente contra el presidente Macron, al que piden la dimisión. La virulencia de las últimas manifestaciones hace que se le compare con el mayo del 68. Una de las manifestaciones previstas para el próximo sábado 8 de diciembre recurre un todavía más icónico símbolo de revolución: la Bastilla
Resulta curioso que la gota que haya colmado el vaso haya sido la subida del precio del diésel, la medida más emblemática sobre fiscalidad ambiental, que debería reportar beneficios no solo ambientales y climáticos, sino además contribuir a la redistribución de la riqueza, como ya expuse en una anterior tribuna.
Pero Macron no se ha dedicado a eso en el año y medio que lleva como presidente, sino a todo lo contrario. Ha bajado la presión fiscal de las clases más acomodadas, rebajando el impuesto a las fortunas inmobiliarias e impuestos a las empresas. A la vez ha tomado medidas tan poco populares como desvincular la subida de las pensiones al IPC o limitar la subida de las ayudas familiares y al alquiler, y además se le acusa de estar alejado del pueblo. Ha hecho especial daño en zonas rurales y periféricas, donde los servicios públicos y la inversión han bajado particularmente y la subida del carburante afecta en mayor medida, debido a los menores servicios de transporte público. La presión ha llevado al ejecutivo francés a proponer un aplazamiento de la subida del carburante, en un intento de aplacar la cólera, que parece no será suficiente.
El Gobierno de España y del resto de los países de la Unión deberían fijarse en ese movimiento para no repetir errores. La pérdida de poder adquisitivo y el aumento de la desigualdad se extienden por todo el continente, y la manifestación del descontento adquiere formas diferentes como el antieuropeísmo o el aumento de la extrema derecha.
Este movimiento aparece en un momento en el que es absolutamente necesaria una transición ecológica. El Panel Internacional Contra el Cambio Climático (IPCC) ya ha advertido de las nefastas consecuencias de no actuar contundentemente. Y la fiscalidad ambiental es uno de los instrumentos que podemos y debemos usar.
Lo que nos enseñan los chalecos amarillos es que la fiscalidad ambiental debe contribuir a disminuir todas las desigualdades (incluidas las regionales) y posibilitar los cambios que harán posible una sociedad que no devore sus recursos.
Como un ejemplo de cómo actuar en el Estado español, podríamos hablar del ferrocarril y el impuesto al diésel. El ferrocarril convencional es el medio de transporte con menor gasto energético, y sin duda una gran apuesta para una transición ecológica. Sin embargo, el Estado español ha utilizado la mayor parte de la inversión en ferrocarril se ha dedicado al AVE, una infraestructura tan deficitaria como poco ecológica que solo utilizan los que se lo pueden permitir y para viajar a grandes ciudades (salvo extraños y ruinosos casos aislados). Mientras, el tren convencional, que debería posibilitar un transporte sostenible, ha perdido inversiones, líneas y consecuentemente usuarios.
La conexión de estas zonas alejadas de las grandes urbes es casi imposible sin utilizar el vehículo privado, que en un 60% son coches diésel. Un vehículo que se ha subvencionado, para favorecer a la industria automovilística europea. Tras el escándalo del Dieselgate, no se han pedido responsabilidades a la industria, y el costo del fraude recae exclusivamente sobre el consumidor. Y particularmente sobre los que vivimos en zonas rurales y periféricas, donde no llegan los trenes y el transporte público es inexistente.
Si, debemos acabar con los subsidios al diésel, quizá el mayor fracaso de la política fiscal europea. Pero esa misma recaudación debe estar dirigida a lograr una menor dependencia del transporte privado (más que subvencionar el vehículo eléctrico) y a compensar la pérdida de poder adquisitivo que supone la subida del carburante entre las clases menos favorecidas y las personas con más dificultades de acceso al transporte público.