La película “Un horizonte muy lejano”, protagonizada por Nicole Kidman y Tom Cruise, ilustra la última oleada de expansión hacia el oeste americano, en la que se atraía a los colonos otorgándoles tierra muy barata o incluso gratis. A finales del siglo XIX, el ferrocarril permitió la llegada masiva de inmigrantes en busca de tierras y prosperidad, atraídos por legislaciones como la Donation Land Claim o la posterior Homestead Act. Algunas de las imágenes más impactantes de esta epopeya corresponden a las carreras que se organizaban en algunos estados, conocidas como Land Run o Land Rush, y que da pie a las últimas escenas de la película.
En el siglo XXI, las carreras por la tierra están destinadas a la ubicación de grandes parques de generación renovable, en busca de terreno, sol, viento, y puntos de conexión a la red eléctrica. El pistoletazo de salida ha sido el sorpaso de costes entre las tecnologías fósiles y las renovables, apoyado por la necesidad de combatir la emergencia climática y el progresivo agotamiento de los combustibles fósiles, en concreto del petróleo “barato”. Como en la película, la desenfrenada pugna por alcanzar un pedazo de tierra no está exenta de accidentes, empujones y algún que otro herido.
En la última década las renovables han duplicado la potencia instalada a nivel mundial, impulsadas principalmente por grandes instalaciones eólicas y fotovoltaicas que ocupan cientos o miles de hectáreas. Durante el año 2020 se han añadido 260 GW, un 50% más que el año anterior, con China como líder mundial en generación renovable, seguida de lejos por Estados Unidos, Brasil y Canadá, y con expectativas de seguir creciendo a un ritmo de más de 300 GW al año (el equivalente en potencia a 300 reactores nucleares), incrementando un 60% la potencia instalada en los próximos 5 años.
Una expansión que no está exenta de conflictos, como en EEUU, donde la SEIA contabiliza un total de 140 GW en parques de más de 1 MW, de los cuales algo más de la mitad está ya en operación. En el condado de Klickitat (Washington) o en el valle de Pahrump (Nevada), proyectos de miles de hectáreas están siendo contestados por parte de grupos conservacionistas. En Italia el gobierno está pensando en la creación de áreas especiales en las que se reduzcan los trámites burocráticos que están frenando el despliegue renovable, limitando la participación de las autoridades locales y regionales. También la minería de materiales como el litio o el cobre genera tensiones en todo el Mundo, desde Perú a Nevada. En Serbia las autoridades rechazaron los planes de minería de litio del Grupo Rio Tinto, al igual que la mina de Valdeflores, en Cáceres. En España, la avalancha de proyectos que han solicitado el acceso a la red eléctrica ha puesto en pie de guerra a quienes habitan en los territorios. A finales de 2021 se contabilizan más de 300 GW de potencia, 3 veces la instalada actualmente, y que multiplica por siete la máxima punta de consumo. Aunque parte de las solicitudes han sido rechazadas y las que quedan tendrán que pasar por una serie de trámites antes de su construcción, incluyendo una evaluación de impacto ambiental, el conflicto está servido.
El movimiento ecologista se debate entre quienes piensan que la transición energética es imperativa y urgente ante la emergencia climática, y quienes perciben graves amenazas en el modelo que se está implantando. Hay quien tilda los argumentos de quienes defienden su territorio de viscerales o NIMBY, pero hay aspectos objetivos para reflexionar. El despliegue de las renovables está replicando la lógica de mercado que nos ha llevado a una crisis ecológica sin precedentes, y que no se cuestiona los límites del planeta en que vivimos, aspecto analizado hace más de 40 años por autores como Nicholas Georgescu-Roegen o en el informe “Los límites al crecimiento”, de Donella Medows.
Entre estos límites se encuentran los minerales necesarios para la transición energética. Un reciente estudio de la IEA sobre el papel de los minerales críticos en la transición a las energías limpias señala que la demanda de cobre, cadmio, manganeso, níquel, grafito, cobalto, litio, silicio y tierras raras como el neodimio se multiplicará entre cuatro y seis veces. Estos materiales son necesarios para plantas de generación, redes de distribución, subestaciones, almacenamiento o vehículos eléctricos. Según el informe, un sistema basado en energías renovables necesita más materiales que un sistema basado en combustibles fósiles. Por ejemplo, un coche eléctrico requiere de seis veces más minerales que uno de combustión, mientras que los aerogeneradores requieren nueve veces más minerales que una térmica de gas. Aun así, el estudio no aborda los límites de estos materiales, como sí lo hacen los trabajos de Antonio y Alicia Valero.
El otro gran problema es la afección a la biodiversidad, que cuenta además entre sus mayores enemigos la pérdida y fragmentación de hábitats. En mayo de 2019 el IPBES publicaba un demoledor informe que daba cuenta del ritmo acelerado de destrucción de la biodiversidad. También en los diversos informes sobre Límites Planetarios, del Stockholm Resilience Center, la integridad de la biosfera (que incluye la pérdida de biodiversidad y los servicios ecosistémicos), los cambios en los usos de la tierra, y los ciclos del fósforo y del nitrógeno, superan los umbrales críticos en mucha mayor medida que el calentamiento global.
Continuar con el ritmo de consumo actual no es posible. El Informe Planeta Vivo, que WWF lleva 22 años elaborando, indica que “nos estamos comiendo el planeta” a marchas forzadas, superando desde hace años su capacidad de regeneración, de forma que nuestro ritmo de consumo requeriría disponer de más de un planeta y medio. Los combustibles fósiles, además de contaminar la atmósfera, han permitido al ser humano su expansión y la transformación del entorno, la construcción desenfrenada de infraestructuras, una movilidad sin precedentes, y un ritmo de extracción, fabricación y desecho de materiales y sustancias químicas, que es origen de la degradación a escala planetaria de los frágiles equilibrios ecosistémicos.
Una transición energética liderada por las grandes empresas y capitales no va a cambiar un modelo en que la energía es gestionada como un bien de consumo, especulando con el precio y abaratando costes, para sacar la máxima rentabilidad. Y el negocio de la energía es suculento. Sólo las renovables representan ya más de 880.000 millones de dólares, aproximadamente el 1% del PIB mundial, y las inversiones en el sector energético alrededor del 2% del mismo. Cuando en el año 2012 se creó la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, el cambio no consistía únicamente en sustituir unas tecnologías por otras, sino que debía además basarse en el ahorro, la eficiencia, y en el control social de la energía. El desarrollo de las energías renovables, cuyo recurso está distribuido, es una oportunidad para democratizar el sistema energético, en la medida en que la ciudadanía y los gobiernos tengan la valentía y la inteligencia suficientes para enfrentarse a los poderosos lobbies que dominan el sector. También el Informe de Ecologistas en Acción “Hacia un escenario energético justo y sostenible en 2050”, del año 2015, apunta en la misma dirección.
Por otra parte, en el ámbito ecologista hay personas preocupadas por el calentamiento del clima que ven en este despliegue la única oportunidad de combatirlo. Reducir drásticamente el consumo de energía resulta complicado cuando hay países, regiones y hogares que deberían aumentarlo para lograr unas condiciones de vida dignas, y quienes deberíamos reducirlo no parecemos dispuestos a renunciar a ciertos “lujos”. Como indica Jorge Riechmann, la dificultad estriba en ilusionar a una mayoría social en los países sobredesarrollados para “empobrecernos energéticamente”. Por eso, desde una óptica realista, los escenarios más ambiciosos de la IEA, que plantean en 2050 una reducción global del consumo del 8% respecto a 2020, son todo un reto, si obviamos en ellos la apuesta por tecnologías muy cuestionadas como la nuclear y la captura y almacenamiento de carbono. Estos escenarios plantean romper con la tendencia histórica de aumento del consumo, y contando con un incremento de la población mundial de 2.000 millones de personas según estimaciones de NNUU, la reducción del consumo per cápita sería de un nada despreciable 20%.
Además, la electricidad es el sector de mayor penetración de renovables, pero representa únicamente la quinta parte del consumo de energía. El 80% restante son derivados del petróleo, gas natural y carbón, destinados en gran medida al transporte y la industria. Descarbonizar la economía implicaría, según la versión más aceptada, que una parte importante de esos sectores electrifiquen sus consumos, por lo que la demanda de electricidad, más allá de reducirse, tendería a aumentar. En cualquiera de los escenarios, la transición energética implicará un gran despliegue de renovables, y ello significará ocupar grandes extensiones de terreno, eliminar cultivos y modificar paisajes, pero será un mal menor comparado con la catástrofe climática que se avecina de no llevarse a cabo. Que se lleve a cabo perpetuando un modelo centralizado de producción y con el control de los recursos en manos de las empresas es una postura posibilista, en línea con el Green New Deal, en el que las empresas y el capital enfocan sus negocios en torno a la sostenibilidad.
Por contra, la lejanía de las centrales de generación de electricidad, y en general, de cualquier extracción o producción de materiales, de su lugar de consumo, genera un efecto de desafección de quienes consumen los productos, ya sea energía, ropa, alimentos o muebles. Genera además un efecto de distorsión de los impactos, dimensiones o necesidades de las zonas en las que se producen. Una desconexión que genera la ilusión de que todo es posible a la hora de satisfacer cualquier apetencia, y una enorme dificultad para gestionar socialmente los recursos, lo que facilita la concentración de poder.
Si pudiéramos cerrar los ojos e imaginar un sistema justo y sostenible, capaz de cubrir las necesidades de todas las personas, quizás pensaríamos en un sistema en que los productos estuvieran diseñados para ser duraderos, reparables y reciclables. Donde se trabajase menos en tareas productivas y se destinase más tiempo a trabajos comunes, a disfrutar con la familia y amistades y un ocio de bajo impacto. Donde la mayoría de los productos recorrieran unas decenas o pocos cientos de kilómetros, y donde los aparatos que se utilizan poco, como coches, lavadoras o herramientas, fueran de uso compartido. Quizás pensaríamos que la población debería distribuirse en ciudades de tamaño medio y funcionar y trabajar en torno al barrio y la comarca. Donde el transporte a distancia de personas y mercancías se podría realizar en ferrocarril eléctrico y la edificación fuera energéticamente eficiente y confortable. Nuestras necesidades energéticas serían mucho menores que las actuales, y podrían ser cubiertas con pequeñas o medianas instalaciones en las ciudades o en sus alrededores, de gestión pública y transparente.
Nos encontramos ante la disyuntiva entre lo que nos venden como posible y lo que somos capaces de imaginar. Criticar el actual modelo de transición energética tiene el riesgo de que nos acusen de soñadores o de frenar la lucha contra el calentamiento del clima. Pero hay razones para pensar que ese modelo puede no ser viable ni deseable, y que la emergencia ecológica no se va a resolver mediante la misma lógica que la ha generado.