David Valldeperas, director de 'Sálvame', pide el archivo de la Operación Deluxe y cuestiona el “sesgado criterio policial”
David Valldeperas, actual director de Sálvame, ha solicitado el sobreseimiento de la denominada Operación Luna, la presunta trama de espionaje ilegal a más de un centenar de famosos que afecta al magacín y que se conoce también como Operación Deluxe. Sigue así los pasos de los directores de La Fábrica de la Tele, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, también investigados por un presunto delito de revelación de secretos, que solicitaron días atrás el archivo de la causa para ellos.
La defensa de Valldeperas ha presentado un escrito al Juzgado de Instrucción Nº4 de Madrid, que lleva el caso, según informa Bluper. En este, lamenta que el “verdaderamente errático y sesgado criterio policial” haya tenido “un desgraciado protagonismo” durante la fase de instrucción.
Lo que se investiga en la operación son las supuestas filtraciones de un policía, Ángel Jesús Fernández Hita, y la colaboración de otros dos, a Gustavo González, imputado en 2018 por conseguir información privilegiada sobre numerosas celebridades. Se planteaba que el paparazzi pedía información a Hita, que reconoció haber filtrado datos aduciendo su “amistad” con aquel sin haber recibido retribución alguna por ello. La policía llegó a investigar las nóminas de González para tratar de acreditar un posible pago a Hita, pero no se encontró prueba alguna y se descartó el cohecho.
Pone en cuestión las acciones contra Gustavo González
El letrado que representa a Valldeperas afirma que al registrarse el domicilio del fotógrafo y otrora colaborador de Sálvame e intervenirse sus teléfonos se vulneró el derecho a la información y al secreto profesional de los periodistas. Siguiendo con esta “posible injerencia” que señala el abogado sobre ambos derechos profesionales, se solicita la nulidad de la causa.
“Son medidas que se acuerdan soslayando cualquier valoración sobre el modo en el que el derecho a la información, que tutela la Constitución Española, podía verse afectado, limitado o restringido”, esgrime sobre las medidas contra González. “La protección de las fuentes periodísticas es una de las condiciones más importantes de la libertad de prensa”. Se insiste en que “no existen argumentos” ni “motivación” en las “injustas” resoluciones judiciales para intervenir y clonar los teléfonos del periodista del corazón.
“Obviamente, hacen que devenga nulo el resultado obtenido de una prueba obtenida con lesión de derechos fundamentales”, insiste, y agrega que “la persecución de un delito de revelación de secretos no constituye justificación para medidas que suponen la identificación de las fuentes de información periodísticas”.
Acusa de poner “un injustificado velo de sospecha” a 'Sálvame'
Como ocurriera en el texto de los dueños de la productora, el representante de Valldeperas cuestiona “la fabulación policial respecto a un supuesto delito de cohecho”, delito que fue descartado por el magistrado encargado del caso, Marcelino Sexmero, tras no encontrarse indicio que lo acreditase.
Recordemos que se reclamó la investigación de los pagos y retenciones realizados a Gustavo González los ejercicios 2017 y 2018. Destacó del examen de las nóminas del colaborador, que pasaron de 3.000 euros mensuales a 20.000 euros. Ya descartado el delito por el juez, los dueños de La Fábrica de la Tele explicaron en su particular escrito al Juzgado que el sustancial incremento de los emolumentos se debía a su condición de personaje, por las entrevistas e intervenciones que concedió sobre su cacareada relación con María Lapiedra.
De vuelta al texto de Valldeperas, este insiste sobre la idea de los pagos en que se haya hecho “caer un injustificado velo de sospecha” sobre el programa “cuando bastaba una mínima comprobación para verificar su claro y directo origen”. A juicio del abogado, las suposiciones sobre el cohecho tenían “mucho de insidioso”.
Reitera que no tiene relación con Hita
Por último, el letrado reitera que su cliente no conoce ni ha tenido relación con Ángel Fernández Hita, algo que haría que su citación en la causa como investigados responda “sustancialmente” a ser director de Sálvame. Además, como Cornejo y Madrid, Valldeperas a través de su representación pone en valor que González e Hita tenían una relación de amistad que se inició mucho antes de entrar el primero en Sálvame.
El abogado admite que su cliente envió un correo electrónico a Gustavo González en enero de 2018, al que este último respondió mandando la denuncia que la expareja de Carlos “El Yoyas” Navarro presentó contra este, pero argumenta que se trató de “un hecho noticioso” con “interés informativo”. “No es extraño que los directores de medios de comunicación requieran a los periodistas las pruebas, documentos o elementos que soportan una determinada información y la dotan de veracidad”, justifica, y recuerda que la labor de los directores de un programa “afecta a lo que es objeto de difusión”.
“Mi patrocinado ni han incurrido en conducta censurable de orden alguno, ni se le ha imputado tampoco ninguna actividad que pueda ser ni remotamente considerada delictiva”, culmina el texto.
El proceso, abocado a una nueva prórroga
Recordemos que la investigación por una presunta revelación de secretos parece abocada a prorrogarse una vez más, lo que la llevaría hasta finales de 2023. La instrucción ya se había sometido a una prórroga de seis meses, a petición del juez Marcelino Sexmero, encargado del caso, que finaliza de forma oficial el próximo 21 de junio. Sin embargo, se prevé que se dilate otros seis meses más, como ya informamos.
A ello habría afectado la huelga indefinida de los funcionarios de Justicia, que sigue adelante pese al adelanto electoral convocado por Pedro Sánchez para el 23 de julio. Pero también el creciente número de celebridades afectadas que quieren personarse como acusación particular. Uno de los últimos en sumarse ha sido Kiko Rivera. El DJ, uno de los protagonistas de crónica social que ha desaparecido de los contenidos de la nueva Mediaset, seguirá así los pasos de su madre, Isabel Pantoja, que forma parte de la lista de cerca de 180 personas afectadas por la supuesta trama.
