Netflix anuncia que comenzará a facturar su negocio en España a partir de 2021
Netflix comenzará a facturar en España sus ingresos por las suscripciones de los clientes de nuestro país. La plataforma ha anunciado que los usuarios de su plataforma dejarán de pagar su mensualidad a la matriz europea ubicada en Holanda, a partir del 1 de enero de 2021. Un cambio que también se llevará a cabo en otros países europeos.
“Se trata de un cambio relevante, máxime tras darse apenas dos años y medio después de nuestra llegada física a España y de la inauguración de nuestro primer centro de producción de contenido en Europa, en Madrid”, aseguran a Cinco Días desde la compañía, que se estableció en España en 2015.
En 2018, la compañía de telecomunicaciones creó dos sociedades, Los Gatos Servicios de Transmisión España S.L, dedicada a prestar servicios de apoyo a la matriz holandesa; y Los Gatos Entretenimiento España S.L, para proporcionar contenidos y servicios de producción al grupo. Será la primera de las filiales, que pasará a llamarse Netflix Servicios de Transmisión España, S.L.U., la que contabilice las suscripciones en España.
“Lo único que podemos asegurar es que en el futuro la suscripción a Netflix se pagará a la entidad española y, por tanto, reconoceremos los ingresos que generamos en España en el país”, aseguran, aunque rehúsan “especular con una cifra” de lo que acabarían facturando.
La facturación de las plataformas, gran reclamación del mercado
A falta de más detalles, este cambio en el modelo de distribución, se responde a una de las principales reclamaciones que se habían venido realizando contra el gigante de streaming, y por extensión al resto de agentes de este mercado.
Desde que Netflix se arraigó en nuestro país, había facturado a sus clientes desde el extranjero, a través de Netflix International BV, con sede en Holanda. Una táctica esta, hay que insistir que legal, que consiste en radicarse en países con fiscalidad más ventajosa y que también lleva a cabo HBO (en cuyo caso, declara las cuotas de suscriptores españoles en Suecia). Por lo tanto, las sociedades autóctonas solo tributan por sus servicios de intermediación, yéndose el grueso de sus beneficios fuera y repercutiendo en muy pequeña parte en el país.
En su primer ejercicio fiscal dentro de nuestras fronteras, las dos filiales españolas de Netflix solo pagaron 3.146 euros en concepto de impuesto de sociedades (el equivalente al IRPF que paga un trabajador que gana 24.000 euros anuales). La multinacional de Ted Sarandos argumentaría en su día que contribuían a la economía española a través de otras vías, como la producción y creación de empleo dentro del sector audiovisual.
La Unión Europea ya trató de establecer un nuevo modelo fiscal para conseguir enderezar la situación y hacer que estos gigantes de las telecomunicaciones tributasen en los países donde estuvieran establecidos. En 2018, Bruselas marcó un plazo de 21 meses para ejecutar este cambio, en el que comenzó a trabajar el gobierno español un año después.
El Gobierno obligará a las streamers a financiar ficción europea
A comienzos de este mes de noviembre, el gobierno anunció que las streamers deberían destinar el 5% de sus ingresos generados en España a la financiación de obra audiovisual europea, ya fuera en forma de películas o series.
De acuerdo al anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, los prestadores con una facturación generada por sus servicios superior a 50 millones de euros anuales deberán destinar el 5% de dichos ingresos a la financiación de obra audiovisual europea o a la contribución al Fondo de Protección de la Cinematografía. Además, de esa cantidad, un mínimo del 70% se deberá destinar a financiar obras audiovisuales de productores independientes y un mínimo del 40% a financiar películas de productores independientes de cualquier género, en cualquiera de las lenguas oficiales de España.
No obstante, al referirse a los ingresos que declaren haber generado en nuestro país, el texto legal no aludía a las estrategias comerciales de las compañías para precisamente no responder a la fiscalidad estatal más allá que por servicios de intermediación. Esto implicaría que la aportación de las plataformas se redujese al mínimo establecido en la ley. A falta de más detalles, la decisión de Netflix se encamina a someterse a las reglas del audiovisual patrio y un acercamiento a la competición más igualada con los operadores televisivos.
