La Inspección de Trabajo ha detectado fraude de ley en la situación de desarrollo de tres becas en el Ayuntamiento de Torrent. La situación de estos tres falsos becarios fue denunciada por CCOO, y después de la investigación de l propia Inspección ha dictaminado que “en esa actividad se aprecian las notas típicas de la relación laboral, pues hay ajenidad, dependencia y onerosidad, que se manifiesta en una retribución”, tal y como establece el Tribunal Supremo.
La Inspección ha resuelto que estas personas deben cotizar como trabajadores y trabajadoras de la Administración, ingresando en las arcas de la Seguridad Social la parte no abonada correspondiente a los códigos de cotización del resto de empleados y empleadas, estableciendo que, por la duración de los contratos (hasta seis años en algunos casos), “la relación laboral es indefinida”.
Desde CCOO se afirma que “este dictamen abre un abanico de imprevisibles consecuencias, ya que vincula al resto de personas becarias que se encuentran en sus mismas condiciones, dando lugar a posibles reclamaciones y el reconocimiento de derechos”. Estos derechos serían las prestaciones por desempleo, la posibilidad de reclamar diferencias salariales e incluso demandas a la jurisdicción social para el establecimiento de una relación laboral indefinida por fraude en la contratación, con la posibilidad de que la justicia pueda condenar a la administración a indemnizar por despido improcedente.
Para CCOO “es un contrasentido que la Administración, que tiene que velar por el cumplimiento de la ley, sea quien incumpla la normativa laboral, utilizando a personas becarias para cubrir sus necesidades estructurales de personal, esquivando las limitaciones legales al respecto y precarizando las condiciones laborales de estos y estas jóvenes”.