En tierra ocupada
Un año después este Rey viaja a Barcelona, pero el Presidente de la Generalitat este año no podrá estar en la Plaza de Catalunya porque este estado, el Reino de España, lo persigue para meterlo preso y se mantiene exiliado y al Vicepresidente este estado, el Reino de España, lo mantiene en prisión. Y el mayor de los Mossos, Trapero, está investigado y encausado. El Rey llega ocho meses después de que un jefe de los Antidisturbios agrediese a unos camareros italianos pensando que le hablaban en catalán y al grito de “¡Yo soy aquí la puta ley!”, sin que tengamos noticias de alguna investigación o sanción. Pero el Rey como Jefe del Estado presidirá alguna ceremonia con el aval del Gobierno y el apoyo de los cuatro grandes partidos estatales, PP, Ciudadanos, PSOE y Podemos.
Los medios informativos españoles informan ahora de lo que ya informaron los medios catalanes hace casi un año: el imán responsable del ataque terrorista mantenía contacto con el CNI y la Guardia Civil. Cosa que populares y socialistas impidieron que se investigase en el Parlamento. Ese hecho abre la puerta a que imaginemos cualquier cosa, incluido el asentimiento de los servicios secretos al atentado, pues es conocido que estos hicieron todo tipo de operaciones legales e ilegales en territorio catalán contra los partidos y políticos independentistas.
Como es público y no desmentido, aunque tampoco investigado, que la Policía Nacional avisó a una célula yihadista de que tenía a un mosso infiltrado, abortando así la operación antiterrorista y poniendo en peligro la vida del mosso. Lo increíble es posible en el teatro de operaciones del estado contra el independentismo catalán. Precisamente un comisario del departamento que avisó a esa célula terrorista la infiltración de la policía catalana ha agredido con arma blanca al grito de “¡Viva Franco!” y “¡Arriba España!” a un periodista significado en la denuncia de la actuación policial allí. Como ocurre en todos estos casos, el tal comisario no ha sido apartado, investigado o suspendido de nada hasta el momento que se sepa.
Coincide con la denuncia de dos diputados de ERC por haber sido insultados y escupidos por un Policía Nacional en una comisaría. Tampoco sabemos si ha habido investigación o sanción.
Estas cosas seguramente no las cuentan los principales medios informativos españoles pero sí las conocen la mayoría de los catalanes. Es comprensible que buena parte de la población catalana considere a las policías españolas como fuerzas de ocupación y que esa dialéctica de odios sea el componente principal de la relación entre policías y habitantes. Pero debiera preocupar también a cualquiera que desee un estado y una policía que respete y proteja a la ciudadanía con independencia de sus opiniones.
El Rey acudirá a esa Catalunya depurada, o “desinfectada” como dicen y repiten dirigentes socialistas como Borrell y García Page, protegido por esos cuerpos de policía y el CNI. Y presidirá actos de estado en un país donde la inmensa mayoría de la población se declara republicana y contraria a cualquier monarquía, incluida la de la Casa de Borbón. Y el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo acompañará en ese país donde su partido es minoritario y donde gobiernan quienes reclaman poder votar su relación con este estado y exigen la libertad de sus presos políticos, a quienes consideran rehenes de sus enemigos.
Las autoridades catalanas no han invitado ni al Rey ni al Presidente, esa es la realidad, y su presencia allí inevitablemente es una reafirmación de autoridad después del 155, avalado por Sánchez, y aquel mensaje del Rey amenazando a la ciudadanía que reclamaba libertad. Es una reafirmación de propiedad, “este territorio es nuestro y vosotros sois nuestros súbditos, lo queráis o no”. Es lo que hay. No es una visita de cortesía, porque no hay cortesía ni entendimiento ni puede haberlo en estas circunstancias.
Si en la Corte creen que ya tienen encauzado “el problema catalán” es porque no quieren reconocer el “problema español” y se sienten confiados en lo que muestra esa encuesta reciente: la población del territorio del estado que va desde Santander y abarca toda la Meseta y Andalucía es mayoritariamente partidaria de esta monarquía. Una España monárquica y monolingüe. Sobre esa confianza prefieren seguir fingiendo que ignoran que esto es un problema de estado. Ese problema de estado que muestran esos 181 militares retirados que se declaran públicamente franquistas: no hubo ruptura sino continuidad del estado franquista. Y ese es todavía el problema que enfrentamos.
