La Junta de Castilla y León pagó 4,4 millones a dedo a la empresa que reformó en negro la sede del PP en Madrid
Sin expediente, sin concurso y con facturas equívocas. La división interior y el mobiliario del edificio de Economía de la Junta de Castilla y León costaron 4,4 millones de euros y se adjudicaron sin concurso a Unifica Servicios Integrales, la misma que se encargó de la reforma de la sede del Partido Popular, en la calle de Génova (Madrid), y que, presuntamente, se pagó con el dinero de la caja B de Bárcenas.
La Fiscalía de Valladolid, en el marco de la investigación del caso ADE Perla Negra por el sobrecoste del edificio de Economía de la Junta, reclamaba desde hace tiempo todas las facturas relacionadas con la construcción y dotación del inmueble. Es en esta última parte donde se ha descubierto que Unifica, cuyo responsable, Gonzalo de Urquijo Fernández de Córdoba, está acusado de falsedad documental y fraude fiscal por haber aceptado pagos en negro por la reforma que se llevó a cabo en la sede del PP en la calle Génova 13 entre 2005 y 2011, empezó a trabajar en el edificio Perla Negra en 2007 y acabó en 2010. Es decir, llegó a simultanear los proyectos para el PP madrileño, como partido, y para el PP de Castilla y León, como Administración.
A la presencia de Unifica, se suma la gestión por parte sociedades públicas de la Junta, pero de derecho privado y por tanto con un control del gasto opaco o nulo, aunque están obligadas a regirse como empresas públicas y que las adjudicaciones deban realizarse bajo la fórmula del concurso público.
El edificio pertenece a la antigua Gesturcal, una entidad mercantil privada que se encarga de la gestión urbanística en Castilla y León y que se dota de fondos de la Junta. Con la documentación aportada, no hay manera de saber cómo llegó Unifica a la Junta o viceversa, ni cuándo ni cómo tuvo conocimiento del pliego de condiciones técnicas que requiere cualquier proyecto, más aún cuando se trataba de un inmueble de más de 17.000 metros cuadrados.
La información no existe como tal, aunque sí que se han aportado pliegos de condiciones y textos del anuncio del concurso fechados en 2009, sin especificar día y mes, o con el adjudicatario señalado como 'XXXXXXXX'. Nunca fueron publicados ni firmados por nadie.
Sin embargo, la relación de la Junta y Unifica Servicios Integrales comenzó mucho antes de 2009. En concreto, Unifica presenta un primer borrador el 12 de julio de 2007. Nueve meses después, bajo el epígrafe de “confidencial” facilitó el presupuesto “para la instalación de divisiones funcionales y señalética interior y exterior de las nuevas oficinas de la Junta de Castilla y León en el edificio Arroyo, Arroyo de la Encomienda”, el 29 de abril de 2008. 3,3 millones sin incluir IVA y sin el recargo de 30% para los trabajos a realizar en horario nocturno. Lo firmaron Unifica (no se especifica quién) y el secretario general de Economía y Empleo, Rafael Delgado Núñez.
Delgado es el hombre clave en las operaciones de Economía y también en las dos investigaciones judiciales que le afectan, la de este caso (ADE-Perla Negra) y la que lleva a cabo la Fiscalía Anticorrupción sobre la trama eólica, en la que altos cargos de la Junta y empresarios afines recibieron 110 millones de euros de las eléctricas tras asociarse con ellas.
Fue Delgado, también viceconsejero de Economía quien entre 2004 y 2007, bajo la fórmula administrativa de la avocación, se atribuyó el poder de conceder licencias que llevaban años paralizadas tan sólo días después de que las eléctricas se asociasen con constructores de la región y ex altos cargos políticos.
La primera factura que emite Unifica Servicios Integrales es la que corresponde a sus honorarios por la realización de un “estudio de ocupación y viabilidad de los edificios” de la Junta de Castilla y León, por importe de 19.186,40 euros, IVA incluido, y se remite el 2 de enero de 2009. Se reclama el pago a Gesturcal, pero ya el encabezamiento da una idea del descontrol que imperaba, ya que va a nombre de “Gesturcal Gestión Urbanística de Castilla La Mancha”. Es decir, Unifica se equivoca al situar Valladolid, y en concreto el municipio de Arroyo de la Encomienda, que es donde está el edificio de Economía, en el mapa autonómico. Aun así, la factura se acepta el 19 de mayo de ese mismo año y la firma el “consejero delegado”, Rafael Delgado Núñez.
La segunda factura de Unifica Servicios Integrales se emite el 1 de julio de 2009 por el importe 3.892.348,27 euros, IVA incluido, y corresponde a los trabajos de “divisiones funcionales y señalética interior y exterior en las nuevas oficinas” del edificio, si bien un pago se realizó antes de esa fecha (500.000 euros el 18 de mayo) y el esto en días posteriores (1,44.174, 14 euros el 22 de julio, un millón de euros el 30 de ese mismo mes y 946.174,13 euros el 29 de octubre de 2009).
El 19 octubre, el estudio de arquitectura presenta una nueva factura por importe 4.640,00 euros, IVA incluido, correspondiente a los “honorarios por la adecuación de Planos de Organización a Mobiliario actual en los Edificios de la Junta de Castilla y León”, y el pago se realiza el 10 de diciembre de ese año.
El 14 de enero de 2010, Unifica vuelve a facturar. Esta vez a ADE Parques Empresariales, que ya había absorbido a Gesturcal. Son 82.261,84 euros, IVA incluido, “correspondiente trabajos de modificación e instalación para la nueva distribución de mamparas en las nuevas oficinas de la JCyL en el Edificio Arroyo”, que se pagan en mayo con la firma de Rafael Delgado, que vuelve a aparecer como consejero delegado.
La última factura llega el 10 de febrero de 2010, 445.879,40 euros de certificación final de las obras que se paga el 12 de mayo de 2010 y con la firma, una vez más, de Rafael Delgado.
No hubo una sola factura que no firmase Delgado, consejero delegado en Gesturcal, primero, y en ADE Parques, después. Facturas que no iban acompañadas de un informe técnico que certifique que las obras se han realizado. Delgado, que hasta 2007 fue viceconsejero de Economía y después pasó responsabilizarse de las sociedades de gestión de suelo (Gesturcal y posteriormente ADE Parques), dejó el gobierno en 2011.
En la actualidad y según los informes de la Agencia Tributaria, posee varias sociedades de consultoría. En los informes se hacía constar los pagos que recibió Delgado de un abogado asentado en Medina del Campo, que supuestamente ingresó importantes cantidades tras recibir dinero de Suiza, y supuestamente llegó a pagarle la hipoteca y otros gastos de su vivienda.
De lo que la Agencia Tributaria no tiene constancia es de la sociedad que Delgado presuntamente abrió en Panamá en febrero de 2007, poco después de conceder las licencias de la trama eólica y antes de empezar a firmar facturas en favor de Unifica Servicios Integrales.
Además de los proyectos de Unifica, la Junta ha presentado los realizados por otros dos estudios madrileños y el de la propia promotora del edificio, Urban Proyecta PM3. Tal y como ha podido comprobar eldiario.es, uno de los estudios que remitió su propuesta a la Junta de Castilla y León es Acuerda Management and Design, registrada como Acuerda Management and Services y cuyo responsable, según su perfil de LinkedIn, es Ángel de Urquijo Fernández de de Córdoba, el hermano del dueño de Unifica. Es decir, con concurso o sin él, había un 50% de posibilidades de que los 4,4 millones que pagó la Junta acabasen en manos de los Urquijo.
La sombra del amaño no es nueva en el caso Perla Negra: el pasado viernes, durante las declaraciones que se están tomando en la instrucción del caso, el arquitecto del estudio Lamela, que llevó a cabo el proyecto del edificio por encargo de Urban Proyecta, reconoció que tuvo acceso al pliego de condiciones antes de la publicación oficial del concurso.
El edificio de Economía se conoce popularmente como la Perla Negra en referencia a una de las películas de piratas protagonizada por Johnny Depp.
En el caso ADE-Perla Negra hay 26 investigados. Una decena de ellos son o fueron altos cargos de la Consejería de Economía.
