El Gobierno cree que en las próximas décadas habría que valorar el aumento de la edad legal de jubilación

Una mirada a las próximas décadas, en concreto hasta 2050, para detallar los retos que enfrenta el país. También, para pensar en estrategias a largo plazo que los afronten. Es lo que ha hecho el Gobierno de coalición, que ha presentado este jueves un amplio documento encargado por la Moncloa en el que se aborda el envejecimiento de la población española esperada para los próximos años. Una de sus consecuencias radica en el “desafío para la sostenibilidad de nuestro estado del bienestar” y, en concreto, del sistema de pensiones. El informe presentado por el presidente Pedro Sánchez plantea varias medidas para afrontar el reto, entre las que destaca impulsar que la población trabaje más años, pero también recoge necesidad de “valorar” en las próximas décadas un aumento de la edad legal de jubilación.

El Gobierno está negociando en estos momentos una reforma de pensiones, que pretende aprobar en varias fases entre este año y 2023, y que ha comprometido a Bruselas dentro del Plan de Recuperación. En este paquete de medidas no se aborda la ampliación de la edad legal para acceder a la jubilación, como ha destacado el ministro José Luis Escrivá, responsable de la reforma, sino que se incide en los incentivos y desincentivos para impulsar el retraso voluntario de la jubilación. El objetivo es que la edad efectiva de retiro (64,6 años) se aproxime a la edad legal.

Para Escrivá, según ha apuntado en varias ocasiones, este retraso voluntario en la edad efectiva a la que se retira la población y el resto de medidas del actual paquete de la reforma de pensiones bastarían para garantizar el sostenimiento del sistema público de pensiones en los próximos años.

La mirada de Moncloa hasta 2050, en el informe presentado de los 100 expertos que han trabajado para la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de la Presidencia del Gobierno, indica en cambio que puede que esto no sea suficiente. El estudio llama a “valorar” en las próximas décadas un retraso en la edad legal de jubilación ante el previsible envejecimiento de la población, por el que durante años aumentará mucho el número de pensionistas (con el retiro de la generación del baby boom) y habrá menos jóvenes y personas en edad de trabajar.

La edad legal de jubilación va aumentando progresivamente hasta los 67 años, a la que se llegará en 2027. Este fue uno de los cambios de la reforma de pensiones de 2011, pactada con los agentes sociales, en la que se acordó incrementar progresivamente la edad de acceso a la jubilación. Este 2021, la edad legal ordinaria para retirarse alcanza los 66 años. No obstante, si una persona ha cotizado más de 37 años y 3 meses, puede jubilarse a partir de los 65 años.

“En 2050, uno de cada tres españoles tendrá 65 años o más, y por cada persona en esta franja de edad habrá solo 1,7 personas entre los 16 y los 64 años (hoy, hay 3,4)”. Es destacable que el Gobierno concluye con rotundidad que “ni las posibles mejoras en la tasa de natalidad ni un potencial incremento de la inmigración podrán revertir completamente este escenario”. Por lo que hace falta tomar otras medidas que permitan sostener el sistema de pensiones, advierte el Gobierno.

¿Edad de jubilación más allá de los 67 años?

En concreto, el documento recoge: “En las próximas décadas, y una vez evaluado el efecto del resto de medidas, habría que valorar la necesidad de adaptar la edad de jubilación al aumento de la esperanza de vida, sin dejar de prestar atención a las desigualdades en salud”.

La oficina de prospección de la Moncloa recuerda que “España ya ha establecido el incremento progresivo de la edad legal de jubilación hasta los 67 años en 2027” y añade que, “aunque no es un umbral bajo en el contexto europeo, constituye un límite estático que puede quedar obsoleto a medida que aumente la longevidad”.

“Una vía alternativa”; sostiene el informe presentado por Ejecutivo, “quizá más acorde con las diferencias que existen en la capacidad de las personas a prolongar el tiempo en activo, es la de actuar sobre la edad efectiva de jubilación, ofreciendo incentivos que logren fomentar la permanencia en el mercado de trabajo después de la edad ordinaria”. Esta línea es por la que de momento ha optado el Gobierno de coalición, pero reconoce que sería conveniente valorar en un futuro esa “necesidad de adaptar la edad de jubilación al aumento de la esperanza de vida”.

Sobre la esperanza de vida y las “desigualdades de salud” que desliza el documento, el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha destacado en algunas de sus comparecencias las diferencias en la esperanza de vida de los ciudadanos en función de su renta, por ejemplo, de manera que los de barrios o municipios más pudientes tienen más longevidad que los de zonas con menos recursos.

Clara apuesta por trabajar más años

El documento llama a esa reflexión a futuro sobre la edad de jubilación, pero antes han de tomarse otras medidas y ver sus efectos. ¿Cuáles? El Ejecutivo apuesta sobre todo y en varios capítulos del informe por alargar las carreras laborales. Que los ciudadanos trabajen más años, ya que la previsión es que vivan más y en mejores condiciones de salud. Para esto último, es necesario invertir en políticas de cuidados y de salud, entre otras cuestiones.

“Esto implicará superar anticuados estereotipos sobre la vejez, adaptar muchos empleos a las expectativas y capacidades de los trabajadores y trabajadoras más sénior, y facilitar la compatibilización de la pensión con el empleo”, plantea la Moncloa.

España es el segundo país de la UE con menor tasa de trabajadores a partir de 65 años, por lo que el Ejecutivo considera que es una vía a explorar con mucho recorrido. Si se atiende a la tasa de empleo desde los 55 años, España también presenta datos muy inferiores a la media europea. El Gobierno apuesta por aumentar mucho el empleo en este colectivo en los próximos años. “La clave de bóveda de este nuevo paradigma es el concepto de 'envejecimiento activo', entendido como el proceso de optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad de las personas a medida que envejecen, con el fin de mejorar su calidad de vida y bienestar”.

La meta pasa por sumar más de 1,6 millones de personas activas más allá de los 55 años de aquí a 2050, que resultaría de “equiparar las tasas de actividad de nuestra población mayor de 55 años a la de países como Suecia o Dinamarca, (...) algo que ayudará enormemente a mitigar los impactos negativos de la caída de la fuerza laboral y a mejorar el bienestar de millones de hogares”, recoge el documento.

Sobre este tema, el estudio recuerda que “la evidencia apunta” que aumentar los trabajadores de más edad “no va en detrimento del empleo de las personas jóvenes, puesto que los trabajos que realizan unos y otros son complementarios y no sustitutivos”. El ministró Escrivá ha insistido mucho en esta idea, con el ejemplo de países con altas tasas de empleo 'sénior' y también de empleo joven.

Entre las medidas que fomenten el trabajo a edades avanzadas, el informe del Gobierno propone adaptar los puestos de trabajo, potenciar la formación a lo largo de la vida laboral, campañas de sensibilización “que impulsen el cambio de percepción sobre la vejez, eliminando los estereotipos negativos y los prejuicios que existen en la actualidad”.

También se plantea “mejorar la compatibilización entre pensión y trabajo”, ampliar también “el porcentaje de la pensión disfrutada durante la fase laboral” y dar más “incentivos” a las empresas que empleen a estas personas, como por ejemplo mediante una “reducción de compensaciones salariales ligadas a la antigüedad”, entre otras medidas.

Serán necesarias más reformas de pensiones

Por último, la Moncloa anticipa que “el debate sobre las pensiones, lejos de haber concluido, apenas acaba de comenzar”. Por ello, en los próximos años apunta que se debe “continuar con la reforma del sistema público de pensiones para hacerlo más sostenible, adaptándolo a los cambios demográficos (esperanza de vida) que se vayan sucediendo, e introduciendo mecanismos de revisión periódica asociados a modificaciones en las dinámicas económicas y laborales”.

Al respecto, el documento subraya algunas cuestiones en las que cree que habrá que incidir. En especial, desarrollar el sistema complementario de pensiones, que se sume al público, mediante los planes de pensiones de empleo; incidir en la jubilación activa; “repensar” las pensiones de viudedad dada la incorporación de la mujer al mercado de trabajo; adaptar el cálculo de la pensiones a las carreras laborales “más discontinuas y heterogéneas” y, como se apuntaba, valoraba la necesidad de aumentar la edad legal de jubilación.

“Es imprescindible que se tomen decisiones cuanto antes que nos permitan diseñar los mecanismos adecuados para evitar ajustes bruscos a largo plazo”, indica el informe. Siempre, eso sí, mediante el consenso tanto en el ámbito social como en el político, a través del Pacto de Toledo. “El camino que se tome debe ser uno que asegure la justicia y la equidad entre diferentes colectivos y generaciones (presentes y futuras)”, defiende el documento.