La Justicia avala el cartel electoral de Vox contra los menores extranjeros y dice que son “un evidente problema político y social”

La Justicia avala el cartel racista de Vox durante la campaña del 4M contra los menores extranjeros no acompañados. La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso presentado por la Fiscalía y al que se sumó también PSOE que pedía medidas cautelares contra el cartel que Vox colocó en la estación de metro de la Puerta del Sol para atacar a los menores migrantes.

Los jueces consideran que se trata un “eslogan electoral”, y aunque reconocen que puede tener datos falsos, esgrimen que no puede tratarse de “ideas a prohibir” cuando existen otras “tan criticables o más que estas”, según el auto adelantado por El País, al que ha tenido acceso elDiario.es. Los magistrados llegan a asegurar que “con independencia de si las cifras que se ofrecen son o no veraces, [los menores] representan un evidente problema social y político”.

“El cartel también puede interpretarse como un mensaje electoral a un colectivo mucho más numeroso que el de los ”Menas“, en el que se presenta una crítica gráfica y directa sobre la cuantía de las pensiones - en particular de jubilación o viudedad- en contraste con lo que se gasta en otras atenciones o finalidades, como es el sostenimiento de dichos jóvenes que con independencia de si las cifras que se ofrecen son o no veraces, representan un evidente problema social y político, incluso con consecuencias o efectos en nuestras relaciones internacionales, como resulta notorio”, sostienen los magistrados en el auto. 

El 20 de abril la estación de metro de Sol amaneció con el cartel electoral que el resto de candidatos tachó de “xenófobo y racista”. Además, este contenía información falsa. Ningún menor migrante tutelado por la Comunidad de Madrid recibe una ayuda directa de 4.700 euros, como daba a entender Vox en su campaña. La cifra aportada por el partido de extrema derecha se refiere al coste por plaza de uno de los centros de acogida de menores tutelados en la Comunidad de Madrid gestionado por la Fundación Diagrama, que incluye todos los gastos relacionados con el recurso, desde sus trabajadores hasta el mantenimiento.

Los magistrados Valentín Sanz, Tania García y Eduardo de Urbano de la Audiencia Provincial de Madrid argumentan además que el cartel también puede interpretarse “como un mensaje electoral a un colectivo mucho más numeroso que el de los menas, en el que se presenta una crítica gráfica y directa sobre la cuantía de las pensiones en comparación con el sostenimiento de estos jóvenes”.

El ponente del auto es Eduardo de Urbano, a quien le toco formar parte del tribunal que en abril de 2020, condenó a Isa Serra, dirigente de Podemos, a 19 meses de prisión por un delito de atentado a la autoridad de acuerdo a las declaraciones en el juicio de los agentes que participaron en el despliegue para un desahucio contra el que ella protestaba junto a otros activistas. La sentencia contra Serra ha sido ratificada por el Tribunal Supremo.

La Fiscalía recurrió el cartel por un posible delito de odio y consideraba que transmitía una imagen física “prejuiciosa del menor” como persona “extranjera, violenta y delincuencial”, al ser este “el concepto incorporado con carácter general respecto a un individuo encapuchado, embozado y racializado”.

Los magistrados de la Audiencia provincial sostienen sin embargo que “no cabe tildar de delictivas la emisión de ciertas ideas, salvo que su finalidad sea amenazar, injuriar o menospreciar, es decir, que aun suponiendo una crítica, ésta es legítima si se expresa de modo que no persiga dichos fines ilícitos”. Y concluyen: el cartel propagandístico de Vox –con datos falsos– “se enmarca en el contexto de la legítima lucha ideológica-partidista”.