San Salvador, 18 oct (EFE).- Uno de los cinco líderes ambientalistas comunitarios, cuya causa penal por el supuesto asesinato de una mujer en 1989 fue sobreseída este viernes, afirmó tras su liberación que el proceso que se le seguía “era injusto”.
“Nosotros, desde el primer día, fuimos convencidos de que este proceso era injusto y que no debimos haber pasado, pero nos sometimos con la valentía y con la fe de que íbamos a salir de esto, y eso nos acompañó para no quebrantarnos”, dijo Saúl Rivas tras conocer el fallo.
Agregó que lo dicho en el fallo del Juzgado de Sentencia de la localidad de Sensuntepeque, a más de 84 kilómetros de San Salvador, “nosotros lo veníamos planteando desde el inicio” del proceso.
El referido tribunal decretó un “sobreseimiento definitivo, porque se declaró extinta la acción penal” a raíz de su prescripción para los cargos de asesinato y asociaciones ilícitas que enfrentaban, según explicó la abogada defensora Carolina Herrador.
“No estábamos equivocados, (...) y hoy hemos salido con la frente en alto”, agregó Rivas en las calles cercanas del juzgado, donde decenas de pobladores de su comunidad llegaron para ofrecerles su respaldo.
Los procesados pertenecen a la remota comunidad de Santa Marta, ubicada en el distrito de Victoria, que es reconocida por la lucha de sus pobladores contra la minería metálica y cuyos habitantes atribuyen el proceso penal a la denuncia de la posible reversión de la prohibición minera aprobada en el Congreso en 2017.
Los otros ambientalistas son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas y Teodoro Pachecho, quienes, junto a Fidel Recinos -que no pertenece a dicha comunidad-, fueron procesados desde enero de 2023.
Además, fueron juzgados en ausencia Eduardo Sancho, alias Fermán Cienfuegos, uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz de 1992, y Arturo Serrano Ascencio, cuyo fallo no se ha dado.
Según la Fiscalía, todos los procesados son excombatientes de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y los acusa del asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, el 22 de agosto de 1989, sin que haya dado mayores detalles del caso, puesto bajo reserva.
La comunidad de Santa Marta ha dicho que este caso muestra el uso del sistema judicial “para perseguir el activismo ambiental”, mientras que organizaciones humanitarias lo han catalogado como político.