Andalucía, Madrid, Valencia y Murcia piden al Gobierno que recapacite sobre el fin del trasvase

Las comunidades de Andalucía, Madrid, Valencia y Murcia se han reunido este lunes en una cumbre celebrada en el Palacio de San Esteban de Murcia para reclamar al gobierno central que recapacite su decisión de “aniquilar” el trasvase Tajo-Segura, cuyas reglas de explotación modificará en las próximas semanas.

En el encuentro han estado el presidente de Murcia, Fernando López Miras; la consejera de Agua, Sara Rubira; el consejero de Agricultura de Madrid, Carlos Novillo; el consejero de Agricultura de Valencia, Miguel Barrachina; el secretario general de Agua de la Junta de Andalucía, Ramiro Angulo, y el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez.

Rubira acusó al Ejecutivo central de llevar a cabo la modificación de las reglas de explotación del trasvase con opacidad y augura graves consecuencias para el sector agrario levantino, y recordó además el perjuicio que supone el incremento del caudal ecológico del Tajo, que cifró en torno a 100 hectómetros cúbicos al año que dejan de enviarse desde el acueducto debido a ese caudal que en 2027 alcanzará los 8,65 metros cúbicos por segundo y el fin definitivo a esta infraestructura.

Al respecto, Rubira lamentó que el ministerio ignorase los informes técnicos y las alegaciones en contra de tal incremento que consideran injustificado.

“La alternativa al trasvase es el desierto”, advirtió Barrachina, quién criticó que cada decisión hídrica es un ataque político, mientras que Novillo señaló que el agua “es un bien esencial desatendido por el gobierno de España” y lamentó la modificación del Plan Hidrológico del Tajo les afecte para el trasvase de agua del río Alberche.

El representante andaluz subrayó que estas autonomías no tendrán futuro sin agua porque es vital no solo para la agricultura, sino también para el turismo y la industria, y puso como ejemplo de solidaridad y buena gestión el trasvase Guadiaro-Majaceite para paliar el déficit histórico en Cádiz.

Jiménez, del SCRATS, dijo que “el daño ya está hecho” por culpa de una planificación “política para acabar con el trasvase del Tajo” de la que culpa al gobierno de Pedro Sánchez, y confió en que haya una reversión en el tema de los caudales ecológicos aprobados para el río Tajo porque los consideró como una medida “desmesurada”.

Los presentes han firmado una carta a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, a quien acusan de llevar a cabo 26 recortes al trasvase desde octubre de 2018 que supusieron 190 hectómetros cúbicos de agua.

Para López Miras, el desarrollo de estas cuatro comunidades autónomas “que representan a 22 millones de españoles” debe ser tenido en cuenta por el Ejecutivo central. Además consideró fundamental el mantenimiento del trasvase que “vertebra España, y eso es precisamente lo que algunos tratan de evitar”.

“El trasvase es ejemplo de solidaridad y de compromiso, y hace posible la subsistencia de una agricultura que es riqueza colectiva y sustento para centenares de miles de personas”, resaltó López Miras.

Esta infraestructura, agregó, “mantiene vivo al campo y es la mejor muestra de cómo un uso racional, compartido y sensato de los recursos naturales puede frenar el avance del desierto y luchar contra el cambio climático”.