Merece la pena que nos preguntemos por qué la crisis está afectando a España más que a otros países. Y no me refiero sólo a qué la haya causado, sino fundamentalmente a sus repercusiones en cascada y sobre todo a las dificultades para salir de ella con razonable rapidez. Aunque no hay una única causa, hay un consenso generalizado en una variable muy significativa: la economía española, nuestro modelo productivo, no está lo suficientemente basado en la investigación, el desarrollo y la innovación. Si queda alguna duda, basta recordar que el gasto global en I+D+i en España en 2011 fue del 1,38% del PIB, mientras que la media de la Unión Europea fue del 2% y en Alemania, por ejemplo, se situó en el 2,8%, es decir más del doble. Y aunque sea obvio merece la pena insistir que no estamos hablando de cantidades absolutas sino de la proporción de lo producido en el país, que se dedica a I+D.
Por eso, con un diagnóstico tan claro, no se entiende cómo desde 2008, cuando la crisis estalla de modo inexorable, la respuesta de los Gobiernos sucesivos ha sido una reducción sistemática de las partidas dedicadas a I+D en los Presupuestos Generales del Estado, estrangulando de ese modo lo que debería ser la mejor (por no decir la única) vía sólida de salida de la crisis. Reducción que llega al paroxismo en el año 2012 con un recorte superior al 25%, nueve puntos superior a la media de recorte de los distintos ministerios. ¿Qué mensaje extraer de ahí? Claramente, que la inversión en I+D+i es prescindible. Al menos la pública. El Gobierno repite machaconamente que nuestro principal déficit en I+D procede del sector privado y que por tanto debe ser la financiación privada quien rellene las lagunas dejadas por el retroceso en la financiación pública. Y con ello está dejando el sistema público de I+D en una situación precaria y casi insostenible.
Es cierto que la inversión privada en España en I+D es escasa: del gasto en I+D en 2010 sólo un 40% era de origen privado, mientras en la UE este porcentaje se acerca al 60%. Pero pensar que esto va a cambiar de la noche a la mañana sin una estrategia específica para ello, es absurdo, y el Gobierno lo sabe. En primer lugar porque el 90% de nuestras empresas son pequeñas y medianas empresas y más del 30% incluso difícilmente pueden catalogarse así al contar con menos de 5 empleados. Todo ello configura un tejido empresarial de difícil penetración para la innovación, que precisa de estrategias e incentivos bien definidos.
En segundo lugar, los datos indican que desde el comienzo de la crisis el número de empresas que hacen I+D, así como su inversión en la misma, han descendido, quebrando la línea ascendente seguida hasta entonces. Y que allí donde la actividad de I+D se conserva es principalmente donde confluyen la financiación pública y privada, por lo que la disminución de la primera conducirá previsiblemente a la retirada de la segunda. Mejorar la presencia de la I+D en nuestro tejido productivo requiere inyectar en el mercado laboral personas altamente cualificadas y un buen número de doctores habituados a las tareas de investigación y de exploración de caminos nuevos e ignotos. Pero lejos de ello los recortes están llevando por ejemplo a la disminución del número de doctores.
En tercer lugar, pensar que la iniciativa privada de nuestro país va a cambiar su estrategia de rentabilidad a corto plazo por la inversión en I+D, que por su naturaleza exige tiempos largos y no está exenta de riesgos, es ir en contra de los hechos contrastados hasta ahora, a menos que se tomen medidas para ello. Finalmente, hay que negar la mayor: no es cierto que la financiación pública de la I+D en España sea mayor que la de nuestros vecinos de la UE. Si bien representa el 60% de ese exiguo 1,38% del PIB, no llegaría a cubrir ni el 40% si nos situáramos en la media europea del 2%. En otras palabras, no se trata de disminuir el presupuesto público para equilibrar la proporción público-privado, sino de incrementarlo y atraer el privado para llegar así al nivel de nuestros vecinos.
Mientras tanto, con las medidas actuales, nuestro sistema público de I+D va adelgazando en lo que parece ser de los objetivos más o menos soterrado del Gobierno. Las perspectivas para el 2013 suponen una nueva vuelta de tuerca en ese camino. Bajo el anunciado titular de que en los PGE de 2013 se mantiene la misma cantidad global destinada a I+D+i civil que en 2012, se esconde un descenso de un 13,68% de las subvenciones a la Investigación que pasan a transformarse en créditos que casi con total seguridad se quedarán sin ejecutar como saben todos los especialistas, incluyendo, por supuesto, los del Ministerio. En algunos programas como el llamado “Fomento y Coordinación de la Investigación Científica y Técnica”, del que depende el desarrollo de la Investigación en todo el país, el descenso de las subvenciones alcanza el 23,40%, quedándose en 506 millones de euros, aproximadamente lo mismo que costó el aeropuerto de Ciudad Real hoy cerrado por innecesario o menos que la autopista AP-36 hoy en concurso de acreedores por uso insuficiente.
La situación es muy grave. La subvención por investigador ha caído a niveles inferiores a 2002. En 2012 se han adjudicado 400 becas doctorales menos que 2011 y lo mismo ocurrirá en 2013. Nuestros jóvenes doctores buscan sus salidas en el extranjero. La investigación se va esclerotizando por falta de liquidez y recursos. El Gobierno y el Parlamento deben plantear qué papel quieren que la I+D+i juegue en nuestro país, explicarlo a los ciudadanos y diseñar un sistema acorde a ello, con una financiación estable y sostenida. Es urgente, porque, como decía al principio, sin Investigación no hay futuro.