No hay progreso social sin redistribución de la riqueza
En un momento como el actual, tras varios años de crisis económico-financiera, que se ha traducido en recortes sociales hace una década inimaginables, se impone llevar a cabo una reflexión global, de clara inspiración socialdemócrata, que defienda el poder de la política y la democracia para transformar el mundo, así como un modelo social más justo y equitativo y un desarrollo económico más eficiente y sostenible.
A través de 12 mensajes que expresan valores esenciales de convivencia y progreso, ideas básicas, todas ellas, hoy cuestionadas por la derecha ideológica, pretendemos recuperar o poner al día un pensamiento socialdemócrata que o bien anda despistado o bien ha perdido el lugar central que un día ostentó.
Aunque estas 12 líneas rojas no pretenden agotar el campo del pensamiento y la acción que deberían orientar a la socialdemocracia del siglo XXI, sí ejemplifican los retos y propósitos básicos que deberían conformar su estrategia de futuro, aportando nuevas soluciones ante los desafíos económicos y sociales, y a la vez recuperando su esencia inequívocamente progresista.
La igualdad es uno de los valores más importantes de la socialdemocracia, ya que es esencial para conseguir el ideal principal del socialismo: la libertad como ausencia de dominación de unas personas sobre otras.
Por ello la lucha por la igualdad y la justicia social ha sido tradicionalmente uno de los objetivos prioritarios de las políticas y programas de los partidos socialdemócratas. La igualdad para la socialdemocracia no se limita a una igualdad de oportunidades, que siendo importante no es suficiente. La tradición del socialismo democrático debe defender también una cierta igualdad de resultados que le permita mantener otro de sus principios: el de cohesión social en el marco del conjunto de la comunidad.
¿Por qué es tan importante la reducción de las desigualdades?
El poder y la influencia de los grandes poderes económicos y financieros se derivan de la propiedad sobre el capital financiero y empresarial. Se trata de élites muy minoritarias a las que su poder económico les permite controlar amplios sectores de la economía, ejerciendo así una influencia enorme sobre las instituciones del estado, desplazando a las que, pro su legitimación, deberían representar la voluntad popular en los países democráticos.
Existe además otra riqueza resultante no de la producción, sino de la pura especulación, la cual, por definición, se basa en la explotación de la mayoría por parte de una minoría. La especulación más extendida y probablemente dañina es la financiera, en la que los propietarios y controladores de grandes cantidades de dinero especulan sobre los precios, por ejemplo, de la vivienda, creando unos precios artificiales que les benefician a ellos a costa de la mayoría. En este sector, también es cierto el dicho de que “nadie es súper-rico con y por sus propios medios”. En realidad, la gran mayoría de súper-ricos en el sector financiero obtiene su dinero de actividades predominantemente especulativas, muy perjudiciales para la sociedad. Es, por lo tanto, necesario que se reduzca el tamaño de la actividad especulativa gravándola intensamente.
Por otro lado, se ha demostrado que a partir de cierto umbral de desarrollo el grado de bienestar de una sociedad no depende ya del nivel material individual, sino de las diferencias económicas entre los más y los menos opulentos de dicha sociedad.
Por tanto, a partir de dicho nivel, un aumento de la renta per capita no se traduce en mejores indicadores socioeconómicos y sanitarios, sino que son los aumentos de igualdad económica los que mejor explican las diferencias entre países en asuntos tan variopintos como violencia, fracaso escolar, esperanza de vida, salud física y mental de la población, participación política, embarazos prematuros, número de abortos, igualdad efectiva de oportunidades, obesidad, consumo de drogas, etc. Traspasado el anterior umbral, conforme aumenta la desigualdad mayor es el grado de malestar social.
En definitiva, aquellas sociedades en que una pequeña minoría controla la mayoría de la riqueza, no son sociedades justas, ni harmoniosas, y los individuos no pueden ser libres. El desarrollo y progreso social no pueden limitarse a indicadores generales de crecimiento o renta per capita. Para los socialistas el progreso y bienestar sociales deben estar íntimamente unidos a como tratamos a los más débiles y vulnerables de nuestras comunidades. Por ello es necesario que el Estado actúe de manera decidida a través de instrumentos de política, como la fiscalidad y la provisión de servicios públicos propios del Estado del Bienestar, para redistribuir la riqueza y reducir las desigualdades.
¿Cómo ha evolucionado la desigualdad en España?
La desigualdad económica en España es una de las más elevadas de la UE y, sin duda, la más alta de la Zona Euro. En España se puede decir que en el periodo de 1980-2010 – al contrario que en el resto de países de la OCDE – la desigualdad disminuyó. Sin embargo, es más exacto afirmar que los primeros quince años (1980-1995) vieron una disminución de la desigualdad por la creación y desarrollo del Estado del Bienestar y que los siguientes quince años (1995-2010) supusieron un mantenimiento de la desigualdad e, incluso, un ligero aumento de ésta. Durante estos segundos quince años hubo una gran creación de empleo – gran mecanismo igualador – a la par que los beneficios económicos de las clases más altas aumentaban extraordinariamente. Por eso ambos efectos se cancelaron parcialmente y el resultado fue un mantenimiento de la desigualdad o un ligero aumento de la misma.
En los últimos tres años la desigualdad ha aumentado debido a la destrucción de empleo así como a un sistema fiscal que permite a las clases más altas contribuir en menor grado que las clases medias y bajas, y a una crisis que parece haber dejado incólumes a los primeros y muy dañados a los segundos.
Es necesario pues mejorar la progresividad del sistema fiscal y también aumentar la tributación a la riqueza, que prácticamente se ha abandonado. Esto último no solo es una cuestión de recaudación, sino también de equidad y justicia social, puesto que la desigualdad en términos de riqueza es muy superior a la desigualdad en renta; el 10% de los individuos más ricos de nuestro país acumula un patrimonio 135 veces mayor que el 20% más pobre, mientras que en renta la diferencia es de 13 a 1.
Además, en España el gasto público tiene un escaso efecto redistributivo. Por ejemplo, según la UE, en 2011 el gasto público en España reducía el riesgo de pobreza del 30 al 22%, es decir en un 28%, comparado con un 50% en Suecia (28 al 14), o un 35% de media UE15. Reclamamos, pues, una mejora de la eficiencia y eficacia del gasto público en nuestro país, para que sea un instrumento verdaderamente útil en la eliminación de la pobreza y la reducción de la desigualdad.
En definitiva, desde el colectivo Líneas Rojas reclamamos una reforma integral progresiva del sistema fiscal que corrija las grandes carencias de las que adolece: su falta de equidad que hace recaer el 90% de la recaudación sobre las rentas del trabajo medias y bajas, mientras los contribuyentes más pudientes, las rentas del capital y las empresas solo aportan en conjunto el 10% restante; inestabilidad de la recaudación en el tiempo; insuficiencia de ingresos y; poca eficiencia para combatir el fraude.
Al tiempo, demandamos reforzamiento de los grandes mecanismos “igualadores” públicos en nuestro Estado del Bienestar, como son la educación y la sanidad pública.
