Amianto, una fibra que nos mata

Los trabajadores del metro de Madrid hicieron saltar las alarmas de un problema que viene de lejos y es gigante. Después de que algunos empleados hubieran sido diagnosticados de cáncer, los trabajadores hicieron huelga, y unos pocos días más tarde, cruzando el océano, la ciudad de Buenos Aires (cuyos trenes fueron comprados a Madrid en 2011), paralizó la flota de trenes.

“Todos los tipos de amianto, también conocido como asbesto, causan cáncer de pulmón, mesotelioma, cáncer de laringe y de ovario y asbestosis (fibrosis de los pulmones)”, explica muy claramente la Organización Mundial de la Salud: “La exposición al amianto se produce a través de la inhalación de fibras que se encuentran en el aire del lugar de trabajo, el aire cercano a puntos de producción, como fábricas que trabajan con amianto o el aire del interior de viviendas y edificios que contienen partículas fraccionadas de amianto”, agregan. En la actualidad, según la organización, unos 125 millones de personas de todo el mundo están expuestas al amianto en su lugar de trabajo. En 2004, el cáncer de pulmón relacionado con el amianto, el mesotelioma y la asbestosis dieron lugar a 107.000 muertes y 1.523.000 de años de vida ajustados por discapacidad (...). “Además, miles de muertes pueden atribuirse a otras enfermedades relacionadas con el amianto, como así también a exposiciones a este material que no están relacionadas con el lugar de trabajo”.

En España no existe un mapeo del amianto. Cada cierto tiempo, cuando un juzgado da la razón a extrabajadores ya enfermos, o cuando un grupo de padres protestan porque sus hijos aspiran amianto diariamente, bajo los techos de las escuelas, el tema vuelve a los medios. El mes pasado Comisiones Obreras denunció que entre 4.000 y 5.000 personas podrían morir hasta el año 2030, víctimas del amianto del metro de Madrid. Según la propia Comunidad, 93 vagones (de los 2.322 del parque circulante), contienen amianto. La Asociación de Vecinos de Orcasitas (Madrid) explicó después del escándalo a los medios que cerca de 1.200 familias viven en edificios del barrio cuyos techos son de amianto, instalado en los años setenta, sin que nadie de la Comunidad ni del Gobierno central les hubiera ayudado en nada para quitarlo.

“El amianto está en toda España, en los metros, en las tuberías, en los tejados, en colegios, en naves industriales, marítimas y hasta hace poco también en los coches”, explica Paco Puche, miembro de Ecologistas en Acción, economista y autor del libro Amianto. Una epidemia oculta e impune. “Está hasta en los depósitos del agua que bebemos. Todavía hay 40.000 kilómetros de tubos que conducen agua potable hasta las casas. Mucha gente está tomando cada día agua con amianto. Y también están las granjas de animales, que traspasan el amianto hasta nosotros, al comerlos. Todo eso es peligrosísimo”, culmina Puche.

Al menos en Catalunya, algunos de los informes de las Inspecciones Técnicas de Edificios (ITE), que deben pasar todos los edificios, ya advierten a sus propietarios de que tienen amianto en casa. Pero no dan solución.

La normativa proclama que el amianto puede estar instalado “hasta el fin de su vida útil”. Pero existen dudas interpretativas sobre cuándo es exactamente ese momento.

“He hecho los cálculos”, dice Paco Puche. “El 70% del amianto instalado en España ya tiene más de 40 años, lo que significa que ha terminado su vida útil. No se puede estar tranquilo. Con todos estos vientos que ha habido en estos últimos meses, todos esos techos que hay en los barrios y los pueblos han ido expulsando fibra”.

¿Quién es responsable?

Europa ha emitido una serie de directivas para la eliminación del asbesto antes de 2028 que han sido trasladadas a los países y puestas en marcha de diferente manera. Ninguna de las directivas obliga a los países a quitarlo, aunque algunos países como los nórdicos y Polonia lo están haciendo.

En España hay una ley que prohibió el uso del asbesto desde 2002. Por su parte, el Ministerio de Fomento se desentiende de lo ya instalado: “Es un tema de competencia exclusivamente autonómica y, en su caso, municipal. En el Ministerio no tenemos competencia en la gestión de residuos”, explican.

En las comunidades autónomas y los ayuntamientos, el compromiso varía, pero no existen casi ayudas. Retirar el amianto es muy caro y ante la falta de fondos tanto familias como obreros quitan y manipulan los materiales por su propio riesgo, a veces escondiéndolo o tirándolo, sin ser vistos, en cualquier contenedor de basura.

Últimamente hay algunos pequeños avances a nivel local o autonómico. El Parlamento valenciano acordó instar al Consejo a llevar a cabo un mapa del amianto en la comunidad, a elaborar un inventario de las instalaciones públicas y a crear un fondo para las víctimas. El Ayuntamiento de San Sebastián aprobó unas ayudas públicas del 20% del coste del desamiantado en edificios...  Los jueces están reconociendo casos de cáncer relacionados con el asbesto en algunas personas. Pero no dejan de ser parches.

Alejandro Ripollés, presidente de la Asociación de Afectados por el Amianto (ASFAMI), explica que, aun siendo temas laborales es difícil de comprobar la culpabilidad del amianto, y por lo tanto de la empresa, en la enfermedad del trabajador, porque un cáncer causado por el amianto puede tardar entre 20 y 40 años en aparecer, a contar desde su primera exposición.

“No es algo fácil”, continúa Ripollés. “En el Congreso se presentó, por parte del Parlamento vasco, un proyecto de ley para crear un fondo de compensación para las víctimas, pero está todavía muy verde. No está aún bien definido ni se sabe lo que va a tardar en aprobarse. Lo único que hay hoy por hoy es una normativa de prevención (de cómo debe hacerse) para las empresas que hagan desamiantado”.

Más allá de los trabajadores, lo del amianto es ya un problema de salud pública, y el Estado es el que está a cargo. Izquierda Unida/Podemos llevó a cabo una proposición no de ley para eliminar el asbesto de todas las instalaciones de España antes de 2028, estén donde estén, como ha hecho Polonia. Los ecologistas están ideando para ello el cómo debería ser esa ley, para que se mapee y se ofrezcan todas las garantías y ayudas públicas.

“La industria del amianto o asbesto en España está caracterizada por la preponderancia de una sola empresa: Uralita SA”, explican Ángel Cárcoba, fundador de la salud laboral en CC OO, el activista Francisco Báez y Paco Puche, en el artículo El amianto en España. Según los investigadores, ya se sabía mucho antes de la prohibición que el amianto estaba relacionado con el cáncer, pero existían revistas científicas y publicidades pagadas por los lobbies que negaban esta relación. “Desde 1929 han mantenido poderosos lobbies que han logrado ir retrasando su prohibición en distintos países”. 

Uralita SA, vinculada a la Banca March, fue la responsable de distribuir el asbesto por toda España, pero pocas sentencias le han obligado a resarcir a las víctimas. 

Qué hacer

La Guía del Amianto de Ecologistas en Acción explica que si hay asbesto en casa, si no posible retirarlo a través de una empresa especializada, “se puede tratar de aplicar un fijador preparado para tal fin (tipo ”Licuan“ u otros) al depósito, chapa ondulada u otro objeto susceptible de ser tratado”. A veces, y tratándose de fibrocemento (que contiene menos del 20% de amianto en su composición) puede ser útil, con todos los cuidados necesarios. Siempre es conveniente preguntar previamente a las empresas autorizadas o a las autoridades correspondientes y, si es posible, contar con sus servicios“. 

En caso de observar amianto abandonado en lugares públicos hay que avisar a las autoridades.

[Este artículo ha sido publicado en el número 57 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]