Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes que se toman la lucha contra las injusticias como algo personal. Combatimos los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación y el activismo.
Estamos presentes en casi todos los países del mundo, y somos independientes de todo Gobierno, ideología política, interés económico o credo religioso.
En un intento por sofocar cualquier debate público y prácticamente todas las críticas en diversas esferas, incluyendo los derechos humanos, las autoridades han endurecido aún más su control sobre la libertad de expresión, con el cierre de publicaciones, encarcelamiento de trabajadores de los medios de comunicación y prohibición a los periodistas y cineastas de informar y hacer películas.
En el reciente informe Encarcelado por ser periodista Amnistía Internacional expresa su alarma por la larga lista de personas afectadas y dibuja un cuadro general muy preocupante respecto del ejercicio de la profesión de periodista en Irán.
Esta represión se ha intensificado en los últimos meses, habiéndose ampliado el círculo de represión a fin de sofocar toda aspiración de cambio generada por las promesas de mayor libertad que permitió abrigar la elección del presidente Hasán Ruhaní en 2013. Se ha hostigado, intimidado, detenido y encarcelado por sus actividades profesionales legítimas a periodistas iraníes y a corresponsales extranjeros. Otros profesionales de los medios de comunicación, como cineastas, se han enfrentado también a prohibiciones judiciales que les impiden hacer su trabajo.
El modo en que se trata a los periodistas en Irán amenaza todo lo que el periodismo debe defender. La intolerancia absoluta de las autoridades hacia toda idea y voz que se aleje de las avaladas por el Estado hace que se corra el riesgo de ir a la cárcel por el mero hecho de informar de una noticia. Muchas de las personas detenidas están acusadas en virtud de disposiciones del Código Penal Islámico, que tipifican de manera muy general “delitos” como “difundir mentiras”, “hacer propaganda contra el sistema” y “generar inquietud en la opinión pública”, con lo que en la práctica, se criminalizan una amplia variedad de actividades pacíficas. Las autoridades se valen también de amenazas para disuadir a los periodistas de cualquier crítica y que ellos mismos ejerzan la autocensura.
Es especialmente alarmante la práctica de retener a los periodistas en paradero desconocido sin acceso a un abogado y contacto con sus familiares, extremo que hace temer que puedan ser sometidos a torturas u otras formas de malos tratos. Así sucedió en el caso de Saba Azarpeik, periodista detenida el 28 mayo y llevada a un lugar no revelado. Estuvo más de 40 días recluida en régimen de aislamiento, sin acceso a su abogado ni a su familia. O el de Yeganeh Salehi, trabajadora del periódico National de Emiratos Árabes Unidos, y su esposo Jason Rezaian, corresponsal del Washington Post en Irán, de doble nacionalidad iraní y estadounidense, detenidos el 22 de julio de 2014 en Teherán. Se ignora todavía el paradero de ambos.
Otros se enfrentan a largas condenas, como le ocurre a Hossein Nourani Nejada, periodista y miembro del partido político Frente de Participación, que se enfrenta a seis años de prisión por haber sido declarado culpable de “propaganda contra el sistema” y “reunión y conspiración contra la seguridad nacional” en junio de 2014. Cuando fue detenido llevaba dos meses en Irán. Había regresado de Australia, donde preparaba su doctorado universitario, para ver a su hijo recién nacido por primera vez. Ya había sido detenido anteriormente, en 2009. Igualmente, Serajeddin Mirdamadi fue condenado a seis años de prisión el 27 de julio por los cargos de “reunión y conspiración contra la seguridad nacional” y “propaganda contra el sistema”.
En una situación preocupante también están Mahnaz Mohammadi, cineasta documental y activista de los derechos de las mujeres; Reyhaneh Tabatabaei, periodista y ex colaboradora de los periódicos Shargh y Bahar; Marzieh Rasouli, redactora de varios periódicos reformistas, y la periodista Sajedeh Arabsorkhi. Todos ellos figuran entre los profesionales de los medios de comunicación a los que se ha citado en los últimos meses para que comiencen a cumplir condenas de prisión que les han sido impuestas por imprecisos cargos contra la seguridad nacional.
El periodismo independiente no es delito. El periodismo no puede desarrollarse sin unas mínimas condiciones de libertad y seguridad. Al criminalizar el periodismo independiente se ataca su esencia, convirtiendo a los profesionales en víctimas o en meros transmisores de la información que desea ofrecer el poder. Las autoridades iraníes deben dejar en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas detenidas y encarceladas en los últimos meses únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho legítimo a la libertad de expresión, de asociación y de reunión.
En un intento por sofocar cualquier debate público y prácticamente todas las críticas en diversas esferas, incluyendo los derechos humanos, las autoridades han endurecido aún más su control sobre la libertad de expresión, con el cierre de publicaciones, encarcelamiento de trabajadores de los medios de comunicación y prohibición a los periodistas y cineastas de informar y hacer películas.