Andalucía ordena retirar miles de mascarillas defectuosas que compró y repartió en hospitales de Málaga, Cádiz, Granada y Córdoba

El Gobierno de Andalucía ordenó este martes la retirada de dos modelos de mascarillas quirúrgicas “defectuosas”, proveniente de varios lotes con 36.300 unidades, que fueron adquiridas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y empezaron a distribuirse hace “dos o tres semanas” entre los hospitales de Málaga, Cádiz, Granada y Córdoba. La adquisición de las mismas se hizo mediante una compra descentralizada a través de las cuatro plataformas provinciales del SAS (“aunque algunas fueron donadas”).

El portavoz de la Junta, Elías Bendodo, ha admitido que el reparto de mascarillas defectuosas puede haber afectado al personal sanitario de estas cuatro provincias, aunque no ha aclarado cuántos médicos y enfermeros han podido usar las mascarillas defectuosas durante las “dos o tres semanas” que llevan en circulación. La confirmación de la noticia, adelantada por El Confidencial, ha soliviantado a los sindicatos de la sanidad pública andaluza, en una comunidad donde el porcentaje de facultativos contagiados por coronavirus es muy superior a la media nacional (casi el 30%).

Fuentes del SAS confirman a este periódico que de las 36.300 mascarillas defectuosas, hasta ahora se ha logrado “inmovilizar 16.048”. Las otras 20.000 podrían haber sido usadas por los sanitarios de los hospitales a los que se enviaron, o podrían estar almacenadas en dichos centros, sin que aún las haya usado nadie. “Que hayan llegado a los hospitales no significa que se hayan usado”, advierten. El SAS está recabando esa información, pero aún no puede determinar cuántas se usaron y, por tanto, cuántos facultativos pueden haberse expuesto al contagio en sus centros de trabajo. Las mascarillas defectuosas son los modelos Elite Respirator EB09.049 y KN95 MASK (PURVIGOR), adquiridas a través de dos proveedores andaluces -Marzal y Queraltó-, pero de fabricación china. La retirada se debe a que cumplen unas “condiciones distintas a las indicadas” para funcionar como mascarillas quirúrgicas FFP2 (las que se usan en los hospitales por ser de mayor seguridad).

La Junta ha tropezado en la misma piedra que cayó el Gobierno central hace una semana, cuando tuvo que retirar un lote de mascarillas defectuosas tipo FPP2 del modelo N95 de envase verde de la marca Garry Galaxy tras confirmar que no cumplía con la normativa europea. El material sanitario ya había sido distribuido entre algunas comunidades autónomas. Andalucía recibió una partida de 68.400 mascarillas defectuosas. La Junta repartió 40.000 (el 58,5%) en los hospitales de la región antes de recibir la alerta del Ministerio: unas 29.590 mascarillas (el 43,2%) fueron devueltas sin usar, pero otras 10.410 (el 15,2%) fueron utilizadas por el personal sanitario.

La Consejería de Salud informó entonces de que los facultativos que habían usado esas mascarillas defectuosas estaban identificados, se les sometería a una prueba de PCR para determinar si habían contraído el coronavirus, y posteriormente estarían aislados siete días. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, expresó una enérgica condena contra el Ministerio de Sanidad por exponer a los sanitarios andaluces. Ahora es la Junta quien ha incurrido en el mismo error al distribuir varios lotes de mascarillas defectuosas, aunque en este caso no han explicado el error con la misma profusión de detalles, ni han acentuado la autocrítica.

Antes de la compra y reparto fallido de las mascarillas Galaxy por parte del Gobierno, la verificación del material sanitario adquirido se hacía en lotes aleatorios, que se mandaban al Centro Nacional de Medidas de Protección, que depende del Ministerio de Trabajo. Después del fiasco con las Galaxy, “se verifica todo lo que se compra”, explican desde el SAS.

La Consejería de Salud se ha dotado de un sistema de verificación para testar los equipos de protección individual antes de adquirirlos, con objeto de “comprobar su calidad y adecuación a los criterios especificados en sus fichas técnicas”. El consejero Jesús Aguirre aludió a este protocolo para explicar que la compra de test rápidos a una empresa china -que resultaron defectuosos- no llegó a ejecutarse, aunque el Gobierno andaluz sí informó del “cierre de la compra”.

La tasa de contagios entre el personal sanitario de Andalucía supera el 30%, muy por encima de la media nacional. A falta de que la Junta confirme cuántas mascarillas defectuosas ha distribuido entre su personal sanitario, se sabe que a finales de marzo el Gobierno andaluz justificó la aprobación por la vía de urgencia del decreto de simplificación administrativa, una norma que alteró de una tajada 21 leyes y seis decretos. Ese cambio normativo, según la Junta permitió “adquirir tres millones de mascarillas quirúrgicas para garantizar el abastecimiento a los profesionales sanitarios”.

Se anunció un pedido “inmediato” a una empresa china por un precio total de 1.016.400 euros, exigiendo a cuenta un 50%, 508.200 euros y un compromiso de entrega en la primera semana de abril. Esta agilidad en el pago por adelantado es lo que justificaba la aprobación del polémico decreto, según explicó entonces el portavoz de la Junta, Elías Bendodo. “El Gobierno de Andalucía captará en el mercado chino cinco millones de mascarillas quirúrgicas, en un momento en el que empieza a crecer la demanda en otros países del mundo”, dijo Bendodo. El primer lote de estas mascarillas quirúrgicas, distribuidas entre el personal sanitario, fue de 750.000 ejemplares.