Andalucía alerta de la llegada en patera de “muchos inmigrantes con Covid” pese a que el 96% dio negativo en las pruebas

El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos se ha enredado esta semana con las políticas migratorias, un asunto siempre espinoso del que, además, carece de competencias plenas. Primero al solicitar la suspensión de la Operación Paso del Estrecho (OPE), un dispositivo de seguridad que vela por el traslado de más de tres millones de marroquíes a su país para pasar las vacaciones de verano, por miedo a un “potencial foco de contagio”. Y luego al alertar de la llegada de inmigrantes en pateras a las costas andaluzas, “muchos de ellos infectados con el Covid-19”.

En ambos casos, la tesis de la Junta contrasta con el llamamiento entusiasta al turismo extranjero, la promoción institucional de una “Andalucía libre de Covid” y la flexibilización de las normas de seguridad para reactivar un sector capital para la economía regional (12% del PIB): la exigencia al Gobierno para reabrir las fronteras internacionales, la activación de la movilidad entre provincias desde el primer día de la fase 3 de desescalada, la reapertura de playas o la ampliación del aforo en terrazas (hasta el 75%) y bares (hasta dos tercios de ocupación). En dos semanas, la Junta ha pasado de sentenciar la “muerte del turismo” este verano -tras imponer el Gobierno una cuarentena de 14 días a todos los extranjeros- a lanzar una previsión del 60% de ocupación en julio y del 75% en agosto.

La oposición de izquierdas y no pocas ONG han entendido que esta “doble vara de medir” -“precaución con el que viene del Magreb; despreocupación con el que llega en avión desde Londres”- ha sido una “torpeza” del Ejecutivo de Juan Manuel Moreno que “roza la xenofobia”. Marruecos decretó el estado de alarma dos días antes que España y ha seguido una férrea política de aislamiento, consciente de que la pandemia podría causar estragos en un sistema sanitario muy frágil y con pocos recursos del Estado [las familias marroquíes soportan el 50% de la cobertura médica que reciben]. El resultado: en un país de 35 millones de personas reporta 208 muertos por coronavirus y casi 8.000 contagios [Andalucía cuenta 1.428 fallecidos y 12.800 infectados]. Reino Unido, el país que más turistas envía a Andalucía, suma ya más de 41.000 muertos.

La semana pasada, durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento, el diputado de Vox Benito Morillo preguntó al consejero de Salud, Jesús Aguirre, cuántos “inmigrantes irregulares” [sic] infectados por coronavirus habían llegado en pateras a las costas andaluzas desde que se decretó el estado de alarma, el pasado 14 de marzo. Aguirre ofreció los datos: su departamento había realizado las pruebas de detección del virus -bien por PCR, bien por test rápido- a 886 “extranjeros residentes no registrados”, y el 96% había dado negativo (849 casos). Sólo 37 positivos.

La mitad de los test realizados entre la población inmigrante fueron PCR (442), sólo 31 dieron positivo. El test de anticuerpos se le realizó a 62 personas (dos positivos) y los test simples se realizaron en otros 382 extranjeros (cuatro positivos). A pesar de estas cifras, el consejero de Salud explicó en el Parlamento que había trasladado su “preocupación” al Ministerio de Sanidad y a la Dirección General de Salud Pública por el volumen de inmigrantes infectados.

La Junta reclama ayuda al Ministerio de Interior para que garantice el aislamiento y la cuarentena de las personas que llegan en patera, porque los CIE (Centros de Internamiento de Extranjero) donde suelen quedarse al llegar aún permanecen cerrados, y la Policía sólo puede retenerles 72 horas. Aguirre recuerda que Andalucía usa para los inmigrantes “el mismo protocolo de actuación que para los 8,5 millones de andaluces”, y defiende que el Gobierno valenciano y el de Canarias también han trasladado al Ministerio su misma preocupación por el aumento de la llegada de pateras este verano a las costas españolas“

Este miércoles, el vicepresidente de la Junta y líder regional de Ciudadanos, Juan Marín, ha vuelto a insistir en esta idea, y se ha quejado de que el Gobierno central -que tiene las competencias en políticas migratorias- no ha activado ningún protocolo de actuación ante posibles casos importados de Covid-19. Marín ha reclamado a Interior que ponga medios para garantizar la cuarentena de 14 días a los “inmigrantes irregulares” [sic] que llegan en patera, porque “muchos vienen contagiados de Covid-19”.

Precisamente este miércoles la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García, la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul Muro, y el director general de Inclusión y Atención Humanitaria, Francisco Dorado, se han reunido con miembros de la Junta para coordinar el protocolo de actuación ante casos importados de Covid-19 “en el contexto de la inmigración irregular”. Este protocolo determina que los extranjeros deben pasar el periodo de cuarentena “en su domicilio o alojamiento, ”que en el caso de las personas llegadas a costa, no es otro que su recurso de acogida“.

Los traslados de migrantes a centros de acogida de localidades distintas al puerto de llegada están considerados “trabajos esenciales” y no han dejado de funcionar ni durante los días más duros del estado de alarma. El protocolo de atención diseñado por la Secretaría de Estado de Migraciones se sustenta en cinco líneas de actuación que van desde la distancia social, aislamiento y lavado de manos; utilización de Equipos de Protección Personal Individual; realización de pruebas diagnósticas cuando sea necesario; identificación de casos positivos y trazabilidad y cuarentena de contactos; y, por último, formación del personal.

El pasado 12 de mayo, el vicepresidente andaluz, que también es consejero de Turismo, acusó al Gobierno central de “matar el turismo internacional” cuando impuso la cuarentena de 14 días para todos los extranjeros que llegaran a España. Este miércoles le han preguntado por la diferencia de criterio respecto a la cuarentena para inmigrantes que llegan en patera y los turistas, pero Marín ha negado rotundamente que exista tal diferencia. “Hay otras fórmulas aparte de la cuarentena, como realizar pruebas a todo el que llegue, además de crear un pasaporte sanitario y se acabó el problema” dice Marín. Ese pasaporte sanitario, según el consejero de Turismo, valdría tanto para el turista como para el inmigrante, y sería similar al carné de vacunas obligatorias que exigen algunos países de África o Asia a los turistas extranjeros [con la salvedad de que el Covid-19 aún no tiene vacuna].

Marín ha denunciado la “demagogia” de quienes sugieren que el planteamiento de la Junta, tanto para la Operación Paso del Estrecho como para la llegada de pateras, “roza el racismo”. “Que el virus entre en África nos preocupa tanto como que entre en Europa”, ha dicho, para explicar la debilidad del sistema sanitario en Marruecos o Argelia. Aguirre ha añadido: “Aquí no hablamos de inmigrantes legales o ilegales, sino de personas. Y la cuarentena en su domicilio es obligatoria”. El consejero de Salud no ha querido minusvalorar esa cifra de 37 inmigrantes que dieron positivo por Covid-19, y ha explicado que le preocupa a los que estos puedan contagiar a otros si no hay un mayor control y seguimiento de esta población.

El pasado domingo, el presidente Moreno propuso al Gobierno central la suspensión de la Operación Paso del Estrecho, un dispositivo de seguridad que vela por el traslado de más de tres millones de marroquíes a su país para pasar las vacaciones de verano. Marruecos tiene las fronteras cerradas, el Gobierno de España no ha perfilado el dispositivo de vigilancia -que suele contar con más de 20.000 agentes- y la Junta teme un embudo de miles de personas en los puertos andaluces, principalmente en Algeciras, que se convertiría en un potencial “foco de contagio”. Horas después, la Junta rectificó la propuesta de suspender la OPE, y pidió al Gobierno una mayor previsión y anticipación en el dispositivo de cruce del Estrecho, en caso de que llegue a producirse. De momento, Marruecos ha prolongado su estado de alarma hasta el 10 de julio, de modo que la OPE no podrá arrancar el 15 de junio, como cada año.