El Gobierno andaluz se encara con los obispos por los maestros de Religión que cobran sin dar clases
El Gobierno de Susana Díaz exige “una rectificación inmediata” a los obispos de Andalucía que se han dirigido por carta a los directores de algunos colegios públicos acusándoles de ser ellos quienes dejaron sin carga horaria lectiva a los profesores de Religión de Primaria en sus centros. Es la primera vez que la Consejería de Educación reacciona públicamente sobre este conflicto desde que eldiario.es adelantó, hace una semana, que el Ministerio de Educación lleva tres años pagando a maestros de Religión en Andalucía sin carga horaria lectiva.
El departamento de Sonia Gaya no ha aclarado aún cuántos profesores de Religión siguen cobrando y acudiendo regularmente a su escuela, pese a no tener funciones asignadas desde 2015. En cambio, la consejería ha preferido no esperar un solo día para salir en defensa de los equipos directivos de la escuela pública tras leer, en este periódico, una de las misivas que la Diócesis de Cádiz remitió en junio del año pasado al director de un colegio de Los Barrios. “La situación contravenida en este colectivo del profesorado en ningún momento viene motivado por el equipo directivo de los centros, al que mostramos todo el respaldo por su labor de liderazgo pedagógico, gestión inteligente y labor de construcción de modelos para el éxito educativo”, afirma la consejería en un comunicado, en respuesta a la carta.
El año pasado, tras denunciar sin éxito la situación de sus centros ante la Inspección Educativa y ante el Servicio de Planificación de la Delegación Territorial, algunos directores optaron por dirigirse directamente a los obispos, “puesto que los maestros de Religión sin carga horaria rinden cuenta ante su Diócesis, que es quien los elige”. La respuesta, en todos los casos confirmados, es muy similar.
Una de las cartas, firmada por la Delegada Episcopal de Enseñanza de Cádiz, Pilar Macarro, el pasado 22 de junio, recuerda que el profesorado de Religión de Infantil y Primaria en Andalucía depende contractualmente del Ministerio de Educación, que al Obispado “no le corresponde la modificación de la situación laboral” de este colectivo, tan solo verificar si cumple los “requisitos de idoneidad” para impartir la asignatura: “recta doctrina y testimonio de vida cristiana”. Pero añade un elemento más de crítica y acusación que indignó en su día a los colegios que se dirigieron a la diócesis y que ahora ha molestado al Gobierno andaluz: “La situación concreta de esta profesora [sin carga horaria lectiva] desde septiembre de 2015 ha sido provocada por la decisión del equipo directivo en aplicación de las opciones dadas por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía”, concluye la carta.
El Gobierno andaluz “rechaza completamente esta afirmación y solicita la rectificación inmediata por parte de la Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Cádiz y Ceuta en esa misiva y en su caso en el resto de cartas que hayan enviado”, dice la Consejería de Educación en un comunicado. El departamento de Gaya ha reconocido que la reducción horaria de la asignatura de Religión en Primaria, regulada a través de una orden en 2015, provocó un desajuste entre plantillas y horarios que tres años después no se ha corregido. Una investigación interna demuestra que aún sobran docentes de esta materia “en todas las provincias de Andalucía”, prácticamente en todos los colegios que en 2015 decidieron recortar a la mitad la carga lectiva de Religión, pasando de 90 a 45 minutos semanales. Educación no ha facilitado el dato exacto de las incidencias -este periódico lo reclama desde hace meses-, pero algunas fuentes de la consejería apuntan a que, en octubre de 2016, “se detectaron casos” de maestros de Religión que cobran sin impartir clases “casi en el 40% de centros de Infantil Primaria de Andalucía” (unos 2.000 colegios). Dos sindicatos que representan a este colectivo reducen la incidencia al 19%. Oficialmente, la consejería no confirma ninguno de los dos datos.
“Hostigamiento y asfixia”
El pulso entre la Consejería de Educación y las Archidiócesis de Andalucía no es nuevo. Los obispos llevan denunciando “el hostigamiento” de la Junta a la asignatura de Religión y al profesorado que lo imparte desde 2014, año en el que Andalucía decide recortar al mínimo legal el horario de esta asignatura. Desde entonces ha sido un conflicto latente en el que los obispos se han dirigido directamente a la consejería y a las asociaciones de padres y madres de alumnos “cristianos”. “Los padres tienen derecho a que la enseñanza religiosa se imparta en condiciones análogas a las demás áreas, sin introducir limitaciones, recortes horarios o trabas que discriminen la impartición de esta enseñanza, que en ocasiones se da la impresión de querer asfixiarla, presentándola como si fuera una materia marginal y un peso añadido a la carga curricular”, escribió el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, cuando la Junta anunció que habilitaría a los colegios para reducir la materia de 90 a 45 minutos.
Lo que ha hecho saltar el resorte de la nueva consejera de Educación es que los obispos acusen directamente a los colegios públicos de haber tomado una decisión “perfectamente legal y a la que tienen derecho”. Gaya defiende que los claustros y los equipos directivos de los colegios, “en el ejercicio de su autonomía pedagógica”, estaban en su derecho de recortar la asignatura de Religión para reforzar otras áreas, como Lengua, Matemáticas o Inglés. “Por razones puramente académicas, no ideológicas”, subraya.
La consejera ha reconocido que se está provocando “un perjuicio a las arcas públicas” y ha reprochado al Ministerio de Educación que “desperdicie fondos públicos” en docentes que no son necesarios, cuando la escuela pública está tan falta de recursos. “Claro está que la óptima gestión de los recursos humanos es una prioridad”, dice, en alusión a la denuncia que los directores han presentado ante su departamento y, más tarde, ante el Obispado, “pero no cabe ocasionar perjuicio alguno a la situación de compañeros o compañeras, como se insinúa en la carta” de la Diócesis de Cádiz. “Por tanto rechazamos completamente esta afirmación”, sentencia.
La Secretaría Técnica de Enseñanza de las Archidiócesis de Andalucía es “plenamente consciente del problema que hoy persiste” para un grupo de profesores de Religión que asiste a sus escuelas “sin horario lectivo”. Remite al Ministerio de Educación para hablar de su situación laboral y contractual, pero insiste en que es la Junta de Andalucía la que dejó a estos docentes “en tierra de nadie”, al recortar a la mitad el horario de Religión. En esta comunidad, el 88% de los alumnos de Primaria elige voluntariamente esta asignatura optativa, un argumento que los obispos andaluces esgrimieron cuando recurrieron en los tribunales la orden que regula el currículum de Primaria.
“Habrá más de mil despidos”
El área de Enseñanza de las Diócesis de Andalucía, en un escrito remitido a la Consejería de Educación, ya advirtió de que la reducción a 45 minutos del horario de Religión “supondrá una pérdida importante de empleo para los 2.700 docentes que imparten esta asignatura en Andalucía” (2.000 en Infantil y Primaria, y unos 700 en Secundaria y Bachillerato). Se preveía, entonces, que el primer curso académico con el nuevo horario de Religión [2015-2016] traería “precariedad laboral a los profesores de esta materia, dado que se reducirían considerablemente las horas de sus contratos”.
La situación era evidente entonces. Los obispos no sólo llevaron el asunto a los tribunales (aún no hay sentencia firme), también apoyaron la recogida de 500.000 firmas y las concentraciones de profesores de Religión afectados por la reducción horaria. La ex consejera de Educación, Adelaida de la Calle, se reunió varias veces con los sindicatos más significados con este colectivo -CSIF, ANPE y USO-, y les facilitó un análisis aproximado del número de profesores que se encontraba en esta situación, aunque subrayó que su situación laboral dependía del Ministerio. Estos datos, sin embargo, no los conocía su sucesora en el cargo, la actual consejera, Sonia Gaya, que en septiembre de 2017 se enteró de todo el problema a partir de una pregunta de IU en el Parlamento, y ordenó abrir una investigación interna. Si Gaya no lo conocía, su departamento sí era consciente del problema desde 2015, dado que gran parte del organigrama actual de Educación es heredado de la anterior consejera (De la Calle).
Los obispos andaluces habían advertido a De la Calle de que “en muchísimos casos el profesorado de Religión tiene que acudir a varios centros para completar su jornada laboral, una reducción de la carga lectiva del área repercutiría notablemente en las condiciones laborales y al despido de más de mil docentes en Andalucía”, dice el escrito, al que ha tenido acceso este periódico. El texto culmina con un llamamiento directo a Susana Díaz: “Los Obispos de Andalucía realizan un llamamiento a la Junta de Andalucía, en la persona de su Presidenta, para que aborde la regulación de la asignatura de una forma respetuosa con el sentir mayoritario de los padres andaluces y respetando el empleo de los docentes”. Sin embargo, el vaticino de los obispos no se cumplió. No hubo mil despidos, no hubo ningún despido. Hubo alguna modificación horaria, pero globalmente el Ministerio de Educación mantuvo a todos los profesores de Religión de Infantil y Primaria en Andalucía, a pesar de que muchos colegios habían recortado la asignatura a la mitad.
