Memoria Histórica de Andalucía en 2019: de un año de transición “de puntillas” a las cinco claves para 2020

2019 como transición para la Memoria Histórica en Andalucía. Sería un titular para un año que expiró extraño, como balsa que flota en un inquietante mar calmo. ¿Ha sido un ejercicio que navega continuando el proyecto memorialista? ¿O de tránsito a la ley de “concordia” que esgrimen las derechas? Más allá de las intuibles rayas en el agua, 2020 dará respuestas.

La Junta de Andalucía apura la anualidad cumpliendo de puntillas la Ley de Memoria Democrática regional. Con presupuesto para estas políticas públicas, pero sin dinero para abrir nuevas fosas o nombrar más Lugares de Memoria. Sí ha abierto la caja para trabajos ya contratados en la legislatura anterior y en la convocatoria anual de subvenciones.

Pero el Plan de Memoria salta el primero de sus cuatro años de vigencia –de 2019 a 2022– sin aportar todo el músculo financiero previsto: los últimos presupuestos para intervenir fosas del franquismo partían de 238.000 euros en 2017 y 413.000 en 2018 y el periodo 2019-2022 contaba con más de 5 millones. Mientras, 2019 ha supuesto el regreso del Gobierno de España a la apertura de fosas comunes con varios procesos financiados por el Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de Memoria Histórica.

Cinco claves de Memoria para 2020

Andalucía sumó al menos 45.566 víctimas del franquismo y 708 tumbas ilegales, según el Mapa de Fosas. Una cifras que suponen un tercio de la pedagogía del terror en todo el país y más que el terrorismo de Estado en las dictaduras de Argentina y Chile juntas.

Las graves violaciones de Derechos Humanos de los golpistas siguen, en su mayor parte, sin tener respuesta. Y en muchos casos el país llegará tarde, como confirma el grupo de expertos que retrata la realidad de las fosas: solo podrán ser exhumados una cuarta parte de los cuerpos e identificados genéticamente en torno a 7.000 personas, según el informe al que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía.

Clave 1: Apertura de fosas comunes

Los últimos años Andalucía vivió un impulso creciente en la búsqueda de los desaparecidos. Desde 2015 se han abierto tantas fosas como desde el año 2000. Pero la llegada de las derechas al Gobierno andaluz ha supuesto un frenazo: en 2019, PP y Ciudadanos no ha financiado trabajos arqueológicos en ni una sola nueva fosa común.

Este año acaba con trabajos ya contratados el ejercicio anterior –bajo Ejecutivo del PSOE– y otro grupo financiadas por el Ministerio de Justicia. Las víctimas del franquismo estarán atentas al aporte del presupuesto de la Junta en 2020. Y el del Gobierno de España.

Abrir las fosas comunes del franquismo y buscar a los desaparecidos forzados es la base de la Memoria. Porque se trata de la más grave cuestión por resolver en materia de Derechos Humanos en España. Y encontrar los restos óseos de quienes fueron ejecutados por el fascismo para darles una digna sepultura es una obligación de Estado, como exige Naciones Unidas.

Clave 2: Arquitectura memorialista pública

Las graves violaciones de Derechos Humanos que España sigue sin solventar tienen extensión más allá de las fosas. La represión poliédrica dejó víctimas diversas, desde los trabajadores esclavos, el doble castigo a las mujeres, o a los colectivos LGTBI… y el Estado debe encabezar el camino de verdad, justicia y reparación, como reclaman las instituciones internacionales y organismos como Amnistía Internacional.

La arquitectura pública de la Memoria pasa por el naciente plan del Gobierno de España a través de la Dirección General de Memoria Histórica del Ministerio de Justicia. O que la implicación institucional siga sumando a diputaciones y ayuntamientos. Y que la Junta de Andalucía rubrique su parte en estos procesos con el nombramiento de nuevos Lugares de Memoria o con la continuidad de las subvenciones a proyectos de investigación y difusión.

Clave 3: Empuje de asociaciones de víctimas

Si Andalucía y España han construido Memoria es gracias a las víctimas del franquismo. Los familiares de represaliados por los golpistas y durante la dictadura de Francisco Franco han guardado estas páginas colectivas y las han puesto sobre la mesa, una y otra vez, como una base indispensable para construir una democracia sana.

Y la mayoría de las veces han tenido que hacer Memoria a contracorriente de un país desmemoriado. Por eso en un periodo de extraña transición en Andalucía (¿otro más?) es fundamental el empuje de las víctimas del franquismo y de las asociaciones de Derechos Humanos. Que el reclamo no decaiga.

Clave 4: Amenaza a la Ley de Memoria

Derogar la Ley de Memoria de Andalucía. Con este objetivo nació el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos apoyado en el socio externo de la extrema derecha de Vox. Una amenaza que no ha desaparecido. En los pasillos del Parlamento regional serpentea la opción de que el trío político intente abolir la norma regional para darle el cambiazo por una Ley de la Concordia de incierto y desconocido articulado.

La espada de Damocles ya cayó sobre la Dirección General de Memoria Democrática, canjeada por un Comisariado de la Concordia todavía huérfano, sin comisario que lo guíe. Fue una de las primeras medidas del flamante ejecutivo de las derechas. Porque la Memoria Histórica es un pilar de la batalla ideológica que la derecha ultra esgrime –aunque sea con noticias falsas sobre los “buscahuesos”– tras su entrada en las instituciones.

Clave 5: La fosa de Pico Reja

El año 2020 trae una excavación casi sin precedentes en España: la intervención arqueológica en la fosa común de Pico Reja, en el cementerio de San Fernando de Sevilla. La estimación histórica es que la tierra guarda los cadáveres de al menos 1.103 asesinados por los fascistas, entre ellos el Padre de la Patria Andaluza, Blas Infante.

Los trabajos en el camposanto hispalense pueden marcar un antes y un después. Será la segunda mayor fosa abierta en el país después de los 2.840 personas exhumadas en Málaga, la más grande exhumada en Europa Occidental. Muchas miradas, incluida prensa internacional, estarán pendientes del proceso.

Y por el presupuesto, más de 1,1 millones de euros licitados por el Ayuntamiento hispalense y al que aportan poco menos de una cuarta parte tanto la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía como la Diputación de Sevilla. El rigor científico recae en la empresa vasca Sociedad de Ciencias Aranzadi, que afronta la intervención en 2020 con un equipo técnico andaluz de arqueólogos y antropólogos.