El Presupuesto andaluz de 2020 prevé crear 60.000 empleos en un año amenazado por la recesión, el Brexit y Trump

“En Andalucía no esperamos una recesión, pero no somos ingenuos”. He aquí el gran epígrafe de los Presupuestos que el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos ha diseñado para un año convulso en el que la economía andaluza se enfrenta a las turbulencias de un Brexit duro, una guerra arancelaria impulsada por Estados Unidos y una recesión de la economía de Alemania -motor de la UE- que puede lastrar el crecimiento del resto de los países miembros. Una recesión son dos trimestres encadenados de caídas del PIB y España está en una senda de desaceleración y enfriamiento, pero aún no retrocede.

El consejero de Economía, Rogelio Velasco, es el miembro del Gobierno andaluz con más datos macroeconómicos en la cabeza y más estadísticas en su despacho. Él es quien dice que “en Andalucía no esperamos una recesión”, y acto seguido explica cómo se amortiguará el golpe cuando ésta llegue. Funcas acaba rebajar al 1,9% su previsión de crecimiento del PIB estatal para 2019, advirtiendo un “final de ciclo económico, pero no a una recesión”. La Junta ha hecho suya esa expectativa “prudente” para dibujar sus cuentas de 2020, con una estimación de crear 60.000 puestos de trabajo (misma previsión que para este año) en una comunidad con una tasa de paro próxima al 20% (el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, prometió en campaña electoral 600.000 empleos en cuatro años).

El Gobierno andaluz ha aprobado este viernes, de manera extraordinaria, el anteproyecto de ley de Presupuestos Autonómicos para 2020, dotado con 38.539 millones de euros, un 5,6% más que en el presente ejercicio. El borrador que traduce en cifras todas las políticas de la Junta inicia ahora una tramitación parlamentaria anticipada, para evitar que la negociación con su socio necesario (Vox) esté condicionada por la campaña electoral del 10 de noviembre. El debate a la totalidad de los Presupuestos, que pondrá a prueba la alianza PP-Cs-Vox, será el 23 y 24 de octubre, una semana antes de que arranque la campaña.

En precampaña

Estas cuentas, las primeras íntegramente diseñadas por el nuevo Gobierno de centro derecha, vienen allanadas por un acuerdo previo suscrito con Vox el pasado junio. Un pacto con 32 puntos que forzó el partido de Santiago Abascal en el Presupuesto anterior -bajo la presión de las negociaciones de PP, Cs y Vox para formar Gobierno en Madrid, Murcia y Castilla y León- y que incluye un ramillete de exigencias de la extrema derecha. Vox ha maniobrado en el Parlamento para aplazar unos días el debate de totalidad, aproximándolo más a la campaña, con idea de arrinconar a los socios de Gobierno en la negociación. Pero no lo ha logrado. Con todo, su voto sigue siendo decisivo para la aprobación de las cuentas y la estabilidad del Ejecutivo.

Moreno trata de encapsular su alianza andaluza para que la campaña no se entrometa, sobre todo ahora que las encuestas le son propicias al PP, y nefastas para sus dos aliados (Cs y Vox). Su llamada a la unidad pasa por presentar Andalucía como la primera comunidad que aprueba sus Presupuestos, en un escenario global de incertidumbre política y económica, y por tanto “refugio para los inversores externos”. Las cuentas de 2020 mantienen una previsión de crecimiento de la economía andaluza de 1,9% del PIB, una cifra avalada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que la Consejería de Hacienda traduce en la creación de 60.000 empleos, en una comunidad con un 20% de paro. Se trata de un marco macroeconómico que sus responsables consideran “prudente y realista”, aunque haya otros organismos nacionales e internacionales más pesimistas y que auguran una desaceleración del mercado, una caída del consumo y menos ingresos de los que espera la Junta.

Sin alarmismo, “sin recesión”, pero “sin ser ingenuos”. Hace apenas tres meses, la previsión de crecimiento de la economía andaluza era del 2,3% del PIB, y en poco tiempo se han rebajado las expectativas, aunque el titular de Economía le resta importancia. “España no va a crecer más que la economía andaluza”, dice. Este Presupuesto autonómico viene a encararse con una tormenta imprevisible: el impacto que el Brexit duro tendrá en la economía regional a final de mes -calculado en 500 a 1200 millones de euros en pérdidas por el Ejecutivo-; la guerra arancelaria de Donald Trump contra el sector aeronáutico y agroalimentario de España, una de las patas de la economía andaluza -pérdidas por valor de 315 a 600 millones de euros-; el desplome del gigante touroperador Thomas Cook, con incidencia en el sector hotelero de la costa del Sol y el turismo, la otra pata de la la economía andaluza; o la reciente crisis sanitaria por la listeria, que ha golpeado al sector cárnico.

Todos estos elementos golpean de lleno a las exportaciones, pulmón principal de los ingresos a las arcas de la Junta, y condicionan necesariamente las previsiones de esta Administración. Velasco ha recordado que entre 2008 y 2018 -y pese a la gran recesión mediante- las exportaciones de Andalucía aumentaron del 22 al 33%. “Nada nos dice que una recesión vaya a frenar este crecimiento”, asegura. La reciente visita del presidente andaluz a Bruselas buscaba precisamente amarrar un mensaje de confianza, la implicación de la Administración nacional y comunitaria para espantar los nubarrones que eclipsan el optimismo andaluz. Paradójicamente, Velasco apoya su optimismo en uno de los déficit endémicos de la economía regional: “Al no haber industria pesada en Andalucía”, dice, el peligro de verse lastrado por el arrastre de las economías vecinas es menor. El crecimiento vendría, por tanto, por el consumo interior, el sector servicio, el turismo y otros mercados menos dependientes de factores exógenos (Velasco ha mencionado las peluquerías).

Rebaja fiscal y empleo

En su primer Presupuesto, el de 2019, la Junta recortó un 15% el gasto en políticas de empleo -un departamento inmerso en una profunda remodelación debido a las causas judiciales sobre la gestión de fondos para la formación de empleo-. A pesar de ese ajuste, se calculó un crecimiento de 60.000 empleos. Con un leve repunte del 1,9% en el gasto de la Consejería de Empleo para 2020, la Junta estima la misma creación de puestos de trabajo porque, dicen, “no es incompatible”. “Hoy, creciendo al 2% del PIB, se crea más empleo que hace diez años con la misma cifra de expansión”, asegura Velasco. Su departamento augura que el año terminará con un resultado superior al estimado, en torno a 82.000 puestos de trabajo.

Los Presupuestos de 2020 no vislumbran un salto significativo de una economía socialista a una economía liberal. Aunque la Junta ahonda progresivamente en la rebaja fiscal prometida por el PP en campaña, no se atisba la bajada masiva de impuestos (BMI) de la que habló Moreno en su día. Se ajusta el impuesto de transmisiones patrimoniales de vivienda habitual por un valor menor a 130.000 euros -una medida dirigida a activar la compra-venta de viviendas, aunque a un precio muy por debajo del mercado actual- y se rebaja de 1,5 a 1,2 el impuesto para actos jurídicos documentados y notariales. La rebaja del IRPF, la tasa que pagan más andaluces y que más ingresos aporta, es muy leve. Aún así, los grupos de izquierda han acusado a la Junta de “agujerear la fiscalidad andaluza” y de preparar recortes en el gasto social para amortiguar esa caída de ingresos.

El titular de Hacienda, Juan Bravo, lo niega y presenta su Presupuesto con el mismo subtítulo que tenían las cuentas del PSOE: “El más social de la historia de Andalucía”. El gasto sanitario subirá un 4%, la educación un 3,6% y las políticas sociales un 3%. Es el primer presupuesto en 13 años, dicen, que presenta equilibrio cero. El 20% del gasto lo absorberá la amortización de la deuda pública. Bravo ha reconocido que su socio externo, Vox, le ha pedido incluir otras exigencias que no están en el acuerdo firmado en junio, y que pueden condicionar el montante final, pero no ha querido desvelar de qué se trata. La formación de extrema derecha se reserva medidas aisladas que entroncan con sus posiciones más ideológicas (contra las políticas de igualdad de género o inmigración), medidas que tendrán poca incidencia en el cómputo de ingresos y gastos de la Junta, pero de gran significancia para sus votantes a las puertas de las elecciones generales del 10 de noviembre.