El Poder Judicial augura una larga pugna por las presidencias de las dos salas más delicadas del Tribunal Supremo

Después de años de parálisis, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) empieza a poner en marcha la maquinaria de los nombramientos en las cúpulas de los principales tribunales. Este martes está previsto que los aspirantes a presidir cuatro de las cinco salas del Tribunal Supremo defiendan sus candidaturas ante la llamada Comisión de Calificación. Es el primer trámite de un proceso que vocales de uno y otro bloque auguran que será “largo” y “complejo”, principalmente en lo que concierne a elección de las presidencias de las salas más delicadas, la Penal y la de lo Contencioso-Administrativo. 

Las negociaciones para cubrir estas plazas todavía no han comenzado, pero en las conversaciones informales previas los vocales progresistas han dejado claro que respaldan las candidaturas de Ana Ferrer, para la Sala de lo Penal, y Pilar Teso, para la Sala de lo Contencioso-Administrativo, a las que ya propusieron sin éxito para liderar el órgano de gobierno de los jueces. Como entonces, los consejeros conservadores se oponen a apoyar a ambas aspirantes y han trasladado que respaldarán a los otros dos candidatos: Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, respectivamente. El nombre de este último también fue propuesto por el grupo de vocales elegidos a iniciativa del PP para presidir el CGPJ. También sin éxito.

La ley establece que un candidato debe conseguir los 13 votos que constituyen las tres quintas partes del pleno para acceder a una presidencia de sala del Supremo. El actual CGPJ está dividido totalmente a la mitad, con diez vocales progresistas y diez conservadores, a los que suma la presidenta, Isabel Perelló. Por tanto, la elección requiere el acuerdo de consejeros de ambos bloques. En este escenario, las fuentes consultadas auguran que, de haberlo, no habrá acuerdo al menos hasta bien entrado el próximo año.

Además, es una negociación en la que será clave cómo se aplica la ley de paridad que impone la presencia equilibrada de ambos sexos en los futuros nombramientos en las cúpulas de los tribunales. Por el momento, hay encima de la mesa dos informes antagónicos sobre cómo se debe aplicar una norma que persigue implantar por fin el equilibrio de género en las masculinizadas cúpulas de los tribunales. La Comisión de Igualdad defiende que la presencia equilibrada de ambos sexos debe imponerse en cada jefatura, sala o audiencia donde se cubran plazas; mientras el gabinete técnico ve suficiente lograr la paridad en el conjunto de nombramientos se realicen durante el mandato. 

La disputa por la Sala de lo Penal

Las miradas están especialmente puestas sobre la Sala de lo Penal, una instancia clave, pues es la que investiga y juzga a los aforados —políticos, jueces y fiscales— y por la que pasan en última instancia los casos de corrupción. Desde 2014 su presidente ha sido Manuel Marchena, que la semana pasada comunicó formalmente al CGPJ que no seguiría ejerciendo ese cargo en funciones a partir del próximo 5 de diciembre, cuando expira su segundo mandato. 

En caso de vacante, la ley del Poder Judicial establece que los presidentes de las Salas serán sustituidos por el magistrado con mejor puesto en el escalafón de la Sala o sección de que se trate. En este caso, se trata del magistrado Andrés Martínez Arrieta, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), que se autodefine como independiente. Se da la circunstancia de que Martínez Arrieta es el rival de la magistrada Ana Ferrer —la preferida de los progresistas— en la pugna por la presidencia de la Sala de lo Penal. 

De hecho, miembros del sector de vocales elegidos a propuesta del PSOE y Sumar creen que la decisión de Marchena de no seguir en funciones supone que los miembros del bloque conservador van a tener “menos incentivos” para llegar a un acuerdo sobre su relevo, pues ese puesto ya va a estar ocupado de facto por el candidato de su preferencia, que es el citado Martínez Arrieta, al que respaldan casi más por oposición a Ferrer —a la que atribuyen proximidad al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido— que por una gran convicción. Entre los aspirantes a dirigir la Sala de lo Penal no hay ningún candidato de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que pertenecen la mayoría de los vocales conservadores. 

Ferrer se convirtió en la primera mujer en entrar a formar parte de la Sala de lo Penal del Supremo. De perfil progresista, formó parte del tribunal que condenó a los líderes del procés, aunque su opinión ha disentido de la de sus compañeros a la hora de valorar el alcance de la amnistía. Fue la única magistrada de la Sala que, en un voto particular, apostó por aplicar la norma también al delito de malversación que afecta a Carles Puigdemont. Martínez Arrieta, por su parte, es un magistrado de dilatada experiencia y ocupa en la actualidad el número 1 del escalafón de la carrera judicial. Alcanzará la edad de jubilación en 2027, por lo que, en caso de ser elegido, no podría culminar el mandato de cinco años. 

La pugna por la Sala de lo Contencioso

La otra Sala sobre la que está puesto el foco es la de lo Contencioso-Administrativo, también considerada clave porque es la que revisa los recursos contra las decisiones del Gobierno. Ahí los candidatos son dos nombres que ya salieron durante la pugna por la presidencia del CGPJ: Pilar Teso, favorita de los progresistas y a la que los conservadores ven como una “emisaria” del ministro de Justicia, Félix Bolaños; y Pablo Lucas, al que los vocales elegidos a propuesta del PP intentan hacer pasar por un perfil progresista y de consenso, algo con lo que no coinciden en el otro bloque. 

Teso es magistrada de la Sala de lo Contencioso desde 2008. El suyo es uno de los nombres más respetados de la sala y está considerada de perfil progresista aunque ha llegado a defender en público su independencia cuando medios de comunicación han afirmado su vinculación con partidos de izquierdas. Su firma está en la sentencia que en 2019 avaló la exhumación de Franco. Un año antes propuso sin éxito una vía intermedia para que el impuesto hipotecario fuera pagado por el banco aunque limitando la retroactividad del fallo. También fue ponente de la sentencia que quitó la legitimidad a la Fundación Franco para recurrir el borrado de calles franquistas del callejero de Madrid y la que estableció que Vox no puede vetar a medios de comunicación en sus actos. 

Lucas es actualmente el juez encargado del control judicial de los servicios de inteligencia. Es autor de algunas de las sentencias más relevantes del alto tribunal en la última década: desde paralizar y avalar la exhumación de Franco hasta tumbar los nombramientos de Magdalena Valerio y Dolores Delgado en el Consejo de Estado y la Fiscalía de Sala de Memoria Democrática, respectivamente.

El debate de la paridad

El relevo al frente de cuatro de las cinco salas del Supremo se produce en paralelo a un debate de fondo que puede tener un enorme calado sobre estas designaciones: cómo se aplica la ley de representación paritaria que, desde el pasado agosto, impone en el caso del CGPJ que en todas las designaciones y promociones que impliquen algún margen de discrecionalidad o apreciación de méritos “se garantizará el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de tal manera que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%”. 

Sin embargo, el texto no define cómo se debe aplicar esa regla, lo que ha motivado la aprobación de dos informes que han arrojado conclusiones antagónicas y que auguran discrepancias en un momento en el que el CGPJ tiene casi un centenar de vacantes pendientes de nombramiento. Así, mientras el dictamen de la Comisión de Igualdad defiende que la presencia equilibrada de ambos sexos debe imponerse en cada categoría —lo que implicaría que al menos dos de esas cinco plazas deberían ser ocupadas por mujeres—, el gabinete técnico cree suficiente que se logre la paridad en el conjunto de nombramientos durante los cinco años de mandato.