La angustia del cese acecha a interinos con tres décadas de servicio en la Junta de Andalucía: “Me siento traicionada”

Mari Ángeles Fernández siempre ha trabajado para el mismo empleador. Cada día, recorre 150 kilómetros para llegar a un instituto de Cabezas de San Juan. Allí la destinaron después de un cuarto de siglo en las oficinas de la Consejería de Educación en Torre Triana. La Junta de Andalucía lleva 34 años contratándola como interina, vulnerando sus derechos laborales y en probable fraude de ley. Ahora quiere cesarla para cumplir con la legislación europea, y ella no puede creer que vaya a quedarse sin trabajo por llevar demasiado tiempo en él. “Tengo 56 años, mi marido en paro, dos hijas y una hipoteca. No me va a contratar ni Dios”, advierte. “Si en una empresa privada con un año eres fijo, no sé por qué yo me tengo que ir a la calle. Me siento dolida y traicionada”.

Ella es una de los cientos de interinos, y sobre todo interinas, que la Junta de Andalucía podría cesar antes del próximo 1 de junio, con el fin de reducir la temporalidad de la que durante tanto tiempo ha abusado. El objetivo de todas las administraciones es rebajar la tasa hasta el 8%, tal y como exige la Comisión Europea.

Para mitigar el impacto sobre decenas de miles de interinos que acumulan decenas de años encadenando contratos, las administraciones han diseñado ofertas de empleo público que facilitan a los interinos el acceso a la plaza que llevan tiempo ocupando. Sin embargo, los sindicatos denuncian que la administración autonómica, a diferencia de otras, no ha hecho los deberes todavía, cuando resta apenas un mes para que se agote el plazo y Andalucía se embarca, ya sí, en un adelanto electoral.

Al contrario, ha adelantado algunos procesos con el objetivo, según los sindicatos, de evitar la aplicación de la norma estatal, más favorable para los interinos. “Da la sensación de que están buscando todos los medios para deshacerse de nosotros. Estamos sufriendo por nuestro puesto y nuestra vida”, dice Fernández.

Cesada sin indemnización tras 31 años de trabajo

La mayoría son mujeres, muchas de ellas con veinte o hasta treinta años de experiencia en su puesto. Es el caso de Valle Pérez, que va a cumplir 60 años, 33 de los cuales los ha trabajado para la Junta de Andalucía. Los últimos 14, especializada en subvenciones en la Consejería de Turismo. “Yo he tenido muchos compañeros a los que formo yo. Van cambiando, porque tienen concursos, pero yo no tengo ese derecho y me quedo en mi sitio”. En este tiempo ha aprobado ocho oposiciones. Siempre sin plaza.

Para algunas de ellas, el paro ya no es un temor. Yolanda Biedma fue cesada el 28 de marzo, después de 31 años y siete meses de trabajo ininterrumpido para la Junta. “He sido bibliotecaria por vocación”, explica. “La Cultura es siempre lo último en la administración, y fuera de la administración no hay trabajo para los bibliotecarios”, dice ahora.

Biedma está frustrada. Desde 1990, cuando se convocaron las primeras seis plazas por oposiciones de su especialidad, se han convocado 50 plazas en total. La última fue la oferta de estabilización de 2018, que terminó de cubrirse el pasado noviembre: la Junta de Andalucía ofreció en una oposición abierta cuatro plazas, incluyendo la que ella venía ocupando y la de otra compañera con 16 años de interinidad.

Solo dos personas aprobaron el examen. “Pero en lugar de ofrecer las otras dos plazas, que no estaban ocupadas, la administración ofreció las dos plazas de quienes llevamos más tiempo para echarnos”. Y así, ambas se han visto en la calle con 55 y 60 años, respectivamente.

Una oferta de estabilización justo antes de la norma estatal

Biedma se lamenta porque la solución estaba a la vuelta de la esquina: la ley (estatal) para la reducción de la temporalidad en el empleo público (ley 20/21) fija los criterios para la estabilización que deben seguir todas las administraciones. En vigor desde el 30 de diciembre, obliga a ofrecer en concurso de méritos las plazas ocupadas ininterrumpidamente por interinos desde antes de 2016. En caso contrario, hay que indemnizar al interino en relación con los años trabajados. Pero la Junta de Andalucía ofertó su plaza el 30 de noviembre. Con esta oferta, la Junta estabilizó 388 plazas (257 de interinos y 131 de personal laboral). En esa fecha, la ley ya estaba en el Senado.

Los sindicatos y la oposición denuncian que el Gobierno andaluz la lanzó a sabiendas de que la aprobación de la nueva norma estatal estaba próxima. El 24 de diciembre, la Junta publicó una nueva oferta de estabilización que volvió a quedar fuera de ese mecanismo. Seis días después, el BOE publicó la ley estatal.

“La administración nos ha cortado la posibilidad de acceso a un concurso de méritos”, lamenta Biedma, que cree que no ha habido voluntad de cumplir la norma y observa “mala fe”. “Han querido quitar de en medio a todo el personal que trabajamos en la administración desde hace muchísimos años - concluye- y ahora no tenemos derecho ni indemnización de los 20 días que dice la ley”.

Esto pone patas arriba su vida. Quiere vender su casa y, quizás tendrá que marcharse de Granada.

Sindicatos: “Han anticipado los procesos para no aplicar la ley”

Para los sindicatos y la oposición, la Junta de Andalucía ha estabilizado “plazas, y no personas”. “Han anticipado los procesos para no aplicar la ley y ahorrarse las indemnizaciones para quienes no lograran la plaza”, denuncia José Manuel Dorado, de CSIF.

Rocío Luna, de ISA, define el proceso como “auténtico fracaso”. Mientras que los concursos de méritos priorizan la experiencia, los exámenes de las ofertas de estabilización de Andalucía no han dado ninguna ventaja para los interinos. “El nivel de algunos exámenes ha sido casi imposible, más aún para personas que trabajan ocho horas diarias y tienen cargas familiares”, lamenta. En algunos exámenes se presentarán 57.000 opositores. Fue una escabechina para los interinos: solo aprobó el 4%. “No se han tenido contemplaciones con quienes llevan en fraude de ley más de 30 años”, dice Luna. ISA ha denunciado el proceso ante la Comisión Europea y ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

“No hay voluntad política de arreglar esto. No piensan en las personas”, comenta Chari Martorán, de UGT, que advierte a la administración: “Una persona que lleva 34 años en fraude de ley gana en los tribunales”.

La Junta de Andalucía pide paciencia hasta que se convoque la última oferta de estabilización, que tiene fecha límite, el 1 de junio. La Consejería de Presidencia estudia qué plazas no afectas a anteriores procesos cumplen los requisitos de estabilización antes de presentar una nueva y última oferta de estabilización, esta vez bajo los requisitos de la ley. Bendodo explicó ante el Parlamento que también trabajan en la creación de una bolsa, pero no se sabe qué criterios primarán. Los sindicatos esperan una propuesta esta semana, pero temen que ya apenas queden plazas por estabilizar. Según sus cálculos, no confirmados por la administración, hay 1.410 interinos y unos 800 laborales en este limbo.

Polémica parlamentaria

“En vez de ponerse a trabajar para garantizar los mecanismos y procesos que permitieran que esos empleados públicos estabilicen su situación, se pone a trabajar en la dirección contraria”, denunció Mario Jiménez (PSOE) la semana pasada en el Parlamento Andaluz. “La Junta de Andalucía está buscando reducir la temporalidad despidiendo sistemáticamente a mansalva a trabajadores públicos interinos y laborales”.

Las interinas y los sindicatos atribuyen al actual gobierno falta de voluntad política para resolver el asunto, sin exculpar al anterior. Durante los mandatos socialistas se creó un fenomenal embudo de interinos que ahora toca deshacer. Pero ahora existía una norma que podía amparar unos procesos extraordinarios de regularización. El equilibrio, con todo, es complicado, pues deben respetarse los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública.

En las últimas semanas, Elías Bendodo, consejero, ha acudido dos veces al Parlamento para responder por este asunto. Sus comparecencias han soliviantado a las afectadas, al sugerir que los interinos son enchufados. “Este Gobierno ha garantizado que para entrar a trabajar en la Junta de Andalucía el único requisito es tener DNI, D - N - I, y podrá entrar en igualdad, mérito y capacidad cualquier ciudadano. No hace falta el carné del Partido Socialista ya”, soltó en el Pleno del Parlamento Andaluz.

La acusación duele a las interinas. “Es mentira. Entré por Andalucía Joven. Me presenté a las pruebas, me hicieron un contrato laboral de seis meses, luego hice oposiciones y entré como interina. Me he presentado a todas las convocatorias, que no han sido muchas porque pasaron 13 años sin sacarlas. Aprobaba, pero era imposible entrar porque sacaban muy pocas plazas”, cuenta Mari Ángeles Fernández. “Yo trabajo para el ciudadano, no para un partido. No estoy afiliada a ningún partido, y si lo estuviera tampoco importaría”, protesta Valle Pérez.

“Te dedicas toda la vida a trabajar en una profesión que amas, ves que no consigues la estabilidad que deberías, y cuando hay una posibilidad, ves que la administración de la que dependes no quiere”, concluye Yolanda Biedma.