Alaya rechaza dividir el caso de los ERE y elevar la parte de los aforados al Supremo
La jueza Mercedes Alaya ha rechazado dividir la causa de los ERE en piezas separadas. Se lo había pedido la semana pasada la Fiscalía Anticorrupción, que insitía este mismo lunes. Alaya no suelta el caso. No “por ahora”. Entiende que tienen que llegar aún informes importantes, que toda la causa está de alguna manera interrelacionada y que hay riesgo de “fallos contradictorios” en un futuro si cada de las piezas toman rumbos diferentes. Respecto a la presencia de personas aforadas y de la obligatoriedad de elevar el caso o una parte a un tribunal superior, cuestión a la que alude principalmente la Fiscalía en sus escritos, Alaya apenas se pronuncia.
Es más, anuncia que podrían verse más aforados afectados y que “aún no se ha analizado la presunta colaboración de la Consejería de Innovación”. En el atestado de la Guardia Civil sobre la Sierra Norte, de 2.500 folios y que será notificado este martes a las partes, también se mencionan los nombres de aforados como los ya 'preimputados' exconsejeros José Antonio Viera y Francisco Vallejo, y el parlamentario andaluz José Caballos, según apuntan fuentes del caso. Es decir, que el caso sigue engordando y la jueza lo sigue queriendo todo para ella.
Alaya, en un auto notificado este lunes, acuerda que “no ha lugar, por ahora, a la división de la causa en diferentes piezas separadas”. Anticorrupción pide enjuiciar el caso en tres piezas: la parte del “procedimiento específico” sobre el que sustentaría el fraude en los ERE, una segunda sobre la “indiciaria arbitrariedad” de las pólizas y la presencia de intrusos en las mismas, y una tercera acerca de las “presuntas influencias” de sindicatos, mediadoras y despachos de abogados“. A todas ellas se refiere Alaya en este auto, preguntándose ”¿cómo se va a enjuciar la consecuencia sin haberlo hecho de su causa?“, aludiendo a la ”conexidad necesaria“ entre todas ellas.
La jueza insiste en que dicho concepto abogaría por la “indivisibilidad”, “no ya por razones de continuidad delictiva y penalidad” como dice el fiscal “sino para evitar algo que no tendría solución y que impediría el enjuiciamiento coherente, o más bien, haría imposible el enjuiciamiento por separado de las diferentes conductas: la ruptura de la continencia de la causa”. Alaya se refiere a tener en un futuro sentencias contradictorias y un enlace objetivo de los hechos, teniendo “especial significación” la relación entre la pieza relativa a cada uno de los expedientes de ayuda sociolaboral y el denominado “procedimiento específico”, en el que estarían directamente afectados varios altos cargos para sustentar la presunta defraudación, como ha venido argumentando la jueza.
Fallos contradictorios, “un peligro obvio, serio e indiscutible”
“El riesgo de fallos contradictorios constituye más que una mera probabilidad, es un peligro obvio, serio e indiscutible que no debe correrse”, sentencia. “Sólo faltaría la fase intermedia, siendo previsible su enjuiciamiento, en corto período de tiempo, lo que desde luego no ocurriría con la pieza del procedimiento específico ante el Tribunal Supremo”, añade en su argumentación.
Alaya insiste en que “resulta evidente que las ayudas existieron en esa forma porque se creó a partir de modificaciones presupyestarias primero, y del presupuesto elaborado cada año después, el marco procedimental idóneo a través de las transferencias de financiación a IDEA remitidas a la Consejería de Empleo, de forma que la fiscalización e inclusive la tramitación se desarrollaba en dicho centro gestor al margen del procedimiento legal de subvenciones en un presunto torcimiento concertado del Derecho”, resume la jueza.
Critica Alaya a Anticorrupción en sus tiempos y en su formas. Dice que la Fiscalía, en su petición, debería haber esgrimido “auténticas razones procesales” que hicieran posible el desmembramiento de la causa y se pregunta por qué realiza dicha solucitud en este momento, “conociendo que se espera la presentación de atestados e informes que afectan a las tres piezas” que tienen “extraordiaria interrelación”. Este mismo lunes, la Fiscalía ha insistido en que el caso se ha de dividir después de conocer el atestado de la Guardia Civil relativo a la Sierra Norte, en el que estaría implicado el exconsejero José Antonio Viera, también aforado, y otras personas, incluso también aforadas, apuntan fuentes del caso.
Al contenido de este informe concreto no se refiere Alaya, cuyo auto está fechado el pasado jueves 3 de abril. Sí alude a las ayudas a la Sierra Norte para ejemplificar dicha interrelación, señalando que fueron “específicamente dirigidas a favorecer un territorio, y más que un territorio, a un grupo de personas en claro detrimento de los demás, ayudas que fueron intensas hasta el año 2004 pero que perduraron por idéntica razón desigualitaria durante toda la década”.
Entre los cuatro informes y atestados por incluirse aún en la investigación a los que se refiere Alaya, destaca uno sobre IFA/IDEA donde, según anuncia, “de nuevo podría afectarse a personas que gozan de fuero especial integradas en la pieza del procedimiento específico, pues aún no se ha analizado la presunta colaboración de la Consejería de Innovación”. Los otros son el referido de la Sierra Norte (ya en el juzgado), otro sobre las sobrecomisiones de la Dirección General de Seguros y el más recientemente solicitado sobre la comisión de Economía y Hacienda del Parlamento, también sobre el 'procedimiento específico'.
