Alaya atribuye cuatro delitos a los exdirectivos de Mercasevilla
Que la Justicia es lenta es una frase bastante manida. Pero a veces hay casos en los que merece la pena recordarlo. Este martes han acudido al juzgado los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, y la exdirectora económica-financiera Pilar Giraldo, imputados formalmente en la causa desde el 13 de mayo de 2010. Han pasado más de tres años y medio hasta que han conocido los hechos concretos por los que se les imputa y los consecuentes delitos (malversación de caudales, apropiación indebida, fraude y exacciones ilegales, y delito societario). El abogado de Mellet, imputado en varias ramas de este caso por su gestión en el mercado de abastos, ha defendido que su cliente se haya acogido a su derecho a no prestar declaración precisamente porque “hasta hoy no conocía qué hechos se le imputaban”.
La citación de estas personas se había aplazado en varias ocasiones. Ninguno de ellos ha querido declarar ante la jueza Alaya, que investiga las supuestas y diversas irregularidades relacionadas con la empresa municipalizada de la que el Ayuntamiento de Sevilla es accionista mayoritario, con un 51 % de su capital social. Un conglomerado de sumarios diversificados en distintas piezas en el que ya se han dictado sentencias, hasta en segunda instancia ya, como la que condenó por cohecho a los citados Mellet y Ponce, y al exdelegado de Empleo de la Junta Antonio Rivas. El PP ejerce de acusación particular en este caso.
Mellet, Ponce y Giraldo, según Alaya, habrían realizado “actuaciones tendentes a alterar el resultado económico” de Mercasevilla, “reduciendo las pérdidas de la sociedad” y “mejorando en apariencia la situación financiera y patrimonial” de la misma, dando lugar a “graves anomalías contables en las cuentas anuales”. Según los hechos imputados, Mercasevilla habría contabilizado como ingresos partidas que no tendrían tal consideración y no ha contabilizado como gasto otras que tendrían esta naturaleza, alterándose el resultado económico-contable y ofreciéndose una imagen patrimonial de la sociedad que no se correspondía con la realidad, lo cual afectaría a la percepción que de la situación económica de la sociedad podrían haber tenido tanto socios como terceros interesados (trabajadores, clientes, entidades financieras, proveedores,...).
Concretamente, según la jueza, en el resultado contable de Mercasevilla en el ejercicio 2008, de unos beneficios contables declarados de 258.024 euros se pasaría, después de las correcciones, a unas pérdidas de 7.885.285,42 euros. Y en cuanto al patrimonio neto, a 1 de enero de 2009, de 12.328.764 euros se pasaría a 3.022.091,56 euros. Toda esta “amalgama de hechos”, que el escrito de imputación del juzgado explica con gran detalle, “conllevaría una gestión desleal de la sociedad Mercasevilla consecuencia de las decisiones adoptadas por los órganos de dirección” en los que estarían los imputados, “lo que habría generado un falseamiento de sus resultados contables e importantes perjuicios económicamente evaluables”.
Lo único que ha manifestado Mellet al respecto es que se acogía a su derecho constitucional a no declarar por estricta recomendación de su letrado y al considerar que se le están vulnerando sus derechos fundamentales, aparte de ser inciertos los hechos que se le imputan. La Fiscalía no ha pedido medida cautelar alguna en su contra. Su abogado, José Manuel Carrión, ha defendido que “no existe ningún hecho delictivo en nada de lo que se imputa”, por lo que se trata “de un avance más en contra de la persona, fama y dignidad” de Fernando Mellet, añadiendo que si los actuales responsables del mercado, con mayoría del PP, no hubieran denunciado los hechos, Mercasevilla hubiera tenido “beneficios reales”, aseverando que “quien ha posibilitado la quiebra no ha sido Mellet, sino la paralización de actuaciones que consideramos legales” como la materialización de la venta de los terrenos a Sando o el ERE.
Alaya había acordado en su día que se realizara por parte de la Agencia Tributaria un informe económico hecho por peritos para ver “la presunta existencia de cualesquiera otros actos de falsedad de cuentas anuales o de documentos que deban reflejar la situación económica de la sociedad, de actos de distracción de fondos, o disposición fraudulenta de bienes”. Advertida del retraso por la Fiscalía el pasado diciembre, la jueza indicó posteriormente que, estando aún pendiente de presentarse dicho informe, los peritos designados debían motivar que justifiquen su no presentación.
El caso Mercasevilla arrancó cuando dos empresarios del grupo hostelero La Raza denunciaron que dos exgerentes de la sociedad, los citados y ya condenados por ello Fernando Mellet y Daniel Ponce, les pidieron una comisión de 450.000 euros como condición para adjudicar una Escuela de Hostelería, subvencionada por la Junta con 900.000 euros, que se iba a abrir en Mercasevilla durante unas conversaciones que fueron grabadas por los empresarios denunciantes de dicho soborno.
