Alaya: “La culpa de la prescripción de los delitos no la tenemos los jueces”
Casi tanta expectación levantó este miércoles en Sevilla la citación judicial de los expresidentes Chaves y Griñán como la ponencia de la jueza Mercedes Alaya en la Facultad de Derecho. Sin mencionar en ningún momento el caso de los ERE, puso numerosos ejemplos basados en la instrucción de esa y otras macrocausas de las que, hasta junio, se encargaba. La “espada de Damocles” de los plazos en las investigaciones a la que se refirió en varios pases de su intervención sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tuvo su hilo con la actualidad cuando aludió a las prescripciones y a las dilaciones indebidas en los procesos judiciales, eludiendo responsabilidades por parte de los jueces.
Después de que la semana pasada la Audiencia anulara por primera vez la imputación de dos empresarios de los ERE por prescripción de delitos, tras ser imputados por Alaya hace apenas un año por ayudas recibidas hace más de una década, la jueza ha dicho que “la prescripción de los delitos no tiene que ver con los plazos de instrucción sino con el momento en que se inicia la investigación y se dirige el procedimiento contra el culpable”. En los últimos días se ha especulado, principalmente desde el ámbito político, con cuál ha podido ser la causa de que 'caduque' la comisión de delitos en este procedimiento.
Alaya echa balones fuera al respecto. “El problema es que se averigüen indicios de la existencia de ese delito demasiado tarde y ese delito se remonte a años ha. Vamos con una prisa y una celeridad que a lo mejor los medios personales y materiales que tenemos no permiten una investigación lo suficientemente eficaz. Pero no por problema nuestro sino por circunstancias ajenas a nosotros no se han dado esos elementos necesarios para dar con la vía de investigación adecuada. A lo mejor un delito se estaba cometiendo en el año 2001 pero se empieza a investigar en 2011, tenemos un serio problema”, ha dicho exponiendo fechas coincidentes con las del caso ERE, desde que se estableció el convenio marco que según ella originó el fraude (2001) y desde que ella abrió las diligencias (2011).
“Cuando el proceso se alarga y es a causa de la dificultad procesal o de la complejidad de la causa, eso no es ningún retraso. La culpa no la tenemos los jueces sino que está en las tramas delictuales que hacen que el trabajo sea muy complejo”, aludiendo incluso a “injerencias” del poder legislativo en el poder judicial señalando que “esta reforma es mucho peor de lo que teníamos”, ha aseverado. “A la misma vez resolviendo recurso, a la misma vez investigando”, ha dicho en defensa de la labor de los jueces. “Tenemos que trabajar con un cierto sosiego”, ha señalado sobre labor judicial pero cuyo alegato hizo “extensivo” a la Policía y la Guardia Civil, “los verdaderos investigadores de casos y tan constreñidos por los plazos como nosotros”.
“La culpa de esas tramas delictuales no la tenemos ni la Policía ni la Guardia Civil ni los jueces sino porque se han consentido durante mucho tiempo para que la corrupción política exista y además con el conocimiento casi notorio por parte de mucha gente”, ha dicho ante los aplausos de los alumnos de Derecho.
“Ya sea de una forma, ya sea de otra, las macrocausas evidentemente seguirán existiendo porque la realidad nos lo impone, no porque los jueces queramos instruir macrocausas”, citando “unas por financiaciones ilegales de partidos, otras por financiación ilegal del electorado de otros partidos”, y que calificó como “extremadamente complicados” y que “generan un esfuerzo personal y material que sobrepasa nuestras posibilidades”. Así, ha hecho alusión a los “millones, millones y millones de euros que se han defraudado a los ciudadanos”.
Alaya, cuya presencia en la sesión académica concentró un casi pleno en el salón de actos, también se refirió a la conexidad de los procesos, la incontinencia de las causas y a los plazos limitados para la instrucción. “Cuando lo dice el fiscal, parece que va a misa”, ha denunciado, resaltando en ese punto “la importancia de las acusaciones particulares”. En ese sentido ha criticado que la reforma permita interrumpir plazos para investigar si se declara secreta la causa. “Si los medios de comunicación dejan de hacer ruido sobre una causa porque está secreta y se deja de influir sobre la opinión pública de los electores, entonces yo le interrumpo los plazos”, ha lamentado.
